Del mismo modo, aseguró que “hay testimonios que dan cuenta de la complicidad de autoridades locales con el crimen organizado; la complicidad del silencio, de no asumir a nivel estatal la responsabilidad de impartir justicia, de reconocer que estos crímenes y amenazas (en contra de periodistas) suceden en los territorios gobernados por ellos”, sostuvo.
Dijo que las formas del crimen organizado son muy directas: “silencio o balas, silencio o muerte”.
Señaló que la complicidad de las autoridades locales se muestra en el hecho de que ante cada acción violenta del crimen volteen a mirar al gobierno federal para afirmar que no les corresponde la tarea y por tanto poco o nada pueden y quieren hacer.
“Esta complicidad –subrayó-, que renuncia a asumir responsabilidad y rendir cuentas, es hoy en muchos territorios la mejor apuesta con que cuentan los criminales”.
Vázquez Mota recientemente afirmó que “en México existe libertad de expresión; que hoy, a diferencia de hace apenas algunos años, los medios de comunicación pueden expresarse de manera amplia, sin mayores restricciones que sus códigos de ética o bien aquellas fronteras que cada cual decide adoptar”.
Sin embargo, admitió que hoy ya no piensa igual: “Quiero rectificar mi afirmación. Y lo hago porque estamos frente a una amenaza profundamente grave y poderosa. Porque hoy corren peligro y han sido víctimas mujeres y hombres que han decidido defender el derecho de los ciudadanos a ser informados.
“Aquellos que se atreven a investigar, que logran vencer la autocensura provocada -a diferencia del pasado-, no por el deseo de complacer sino por la certeza del alto riesgo de ser asesinados, torturados o desaparecidos.
“Hoy quiero rectificar porque si la censura oficial fue siempre autoritaria y antidemocrática, la dictadura que hoy pretende el crimen organizado sobre la libertad de expresión por medio de las balas, es absolutamente condenable y constituye una de las principales amenazas a la gobernabilidad, al Estado de derecho y a nuestras libertades”.
Explicó que su afirmación responde “al contraste con un sistema político que por años intimidó a la prensa y a la población y, mediante el uso de dictar línea lograba su propósito y mantenía a la población desinformada”.
Recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que de 2000 a la fecha han sido asesinados 64 trabajadores de la prensa y 11 siguen desaparecidos.
En ese periodo se han radicado en la Comisión 594 expedientes de queja por agravios a periodistas. Organizaciones de la Sociedad Civil, por su parte, señalan que en 2009 se tienen más de 240 agresiones a la libertad de expresión en el marco del ejercicio periodístico.
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