El presidente Calderón no nos recibió

El Estado mexicano ha incumplido su obligación de proteger la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas, cuya mayor amenaza a su vida e integridad física es el crimen organizado, que ha dejado a comunidades enteras “en el silencio”. Es claro que en el país se vive una grave crisis del esquema de seguridad en general y una de sus expresiones es que en la última década 64 comunicadores han sido asesinados y 11 están desaparecidos.

Son las conclusiones de los relatores especiales de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, y para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, quienes en entrevista con EL UNIVERSAL coincidieron en que frente a este escenario, el presidente Felipe Calderón perdió la oportunidad de enviar un mensaje de solidaridad a la prensa, ya que el Ejecutivo no se reunió con ellos durante su visita de 15 días a México para conocer la situación que impera en el país en la materia.

En su informe preliminar, los expertos dejaron en claro que “los crímenes más brutales contra periodistas son por el crimen organizado”, por lo que urge que de forma inmediata se tomen acciones como la creación de un mecanismo de protección institucional y abatir la creciente impunidad, cuando no existe una sola instancia que lleve un registro de los casos y hay una fiscalía especial que no ha resuelto una sola agresión, pero cambiar este panorama requiere de voluntad política.

El relator La Rue resalta la gravedad de las agresiones contra comunicadores a manos del crimen organizado y la impunidad que silencia comunidades, como Ciudad Juárez, Chihuahua, o Ayutla, Guerrero.

¿El Estado ha incumplido sus obligaciones a nivel internacional para impedir este escenario en México?

Quizá no podría decir que el Estado podía prevenir este escenario, pero hemos venido a decir que el Estado, hasta ahora, no ha cumplido con su obligación de proteger la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas, así como el derecho de la población a ser informada.

Venimos porque sabíamos que había crisis y nos encontramos, ya estando en México, con los testimonios de que la crisis se ha profundizado, que hay más temor de lo que creíamos, más violencia y la impunidad también se ha profundizado.

¿Hay posibilidades de hacer cambios a corto plazo?

El momento es crítico y la crisis se está profundizando, pero también hay un momento de reflexión, parte de ella es que las autoridades de todos niveles reconozcan que existe una crisis, no sólo de seguridad en la prensa, sino a través de eso, es una crisis del modelo general de seguridad y de democracia, que implica una reacción de todo el Estado y de todas las autoridades federales y estatales.

Para el relator especial de Naciones Unidas ha existido negligencia en las investigaciones en las agresiones contra comunicadores, por lo que se debe dotar de más recursos a la fiscalía especial de la PGR.

También se debe crear un mecanismo de protección permanente, con presupuesto y con la posibilidad de convocar a autoridades a que rindan un informe, “esto es, manifestar la voluntad política y un mecanismo de esta naturaleza no es fácil, pero es posible si la voluntad está manifiesta”.

¿Pero resulta que en esta visita no hubo una reunión con el Ejecutivo?

Preferiría no darle una explicación, se habría que preguntar a la Presidencia, pero sí creo que es una oportunidad perdida. Creo que era la gran oportunidad para el Presidente de lanzar un mensaje a la prensa y decir: me estoy reuniendo con estos relatores que están viendo el tema de protección a periodistas, porque quiero manifestar mi posición y solidarizarme con la prensa. A nosotros no nos afecta en lo más mínimo en la visita, pero creo que es una ocasión perdida, las razones no sé.

La relatora de la CIDH, Catalina Botero expuso, por su parte, que “es responsabilidad del Estado mexicano proteger a los periodistas y judicializar y sancionar a los que los agreden, pues están en una condición de especial vulnerabilidad. Me parece que hasta ahora es poco lo que se ha hecho?

¿Es factible crear el mecanismo de protección que recomiendan a corto plazo, cuando el principal agresor es el crimen organizado?

Se requiere voluntad política, es el principal factor y tienen que implementarse los mecanismos técnicos-administrativos y recursos financieros para que esto funcione. La violencia contra los periodistas no es un hecho fatal contra el que no se pueda hacer nada, ya se ha inventado cómo se protege, previene y cómo se juzga a quien comete esos crímenes, y lo que se requiere es esa voluntad política.

¿Fue una oportunidad perdida no entrevistarse con el Ejecutivo federal?

—Considero que hubiera sido importante reunirnos con el Presidente, creemos que él es el que tiene que impulsar directamente estos mecanismos y que si asume el liderazgo, es probable que podamos proteger mucho más rápido las vidas de los periodistas y los derechos que estamos obligados a proteger.

¿La crisis es más grave de lo que pensaban?

Confirmamos que hay una crisis muy seria. Y existe el riesgo de que se extiendan las comunidades en silencio a otras partes del país (…) si no se toman medidas rápido, no hay nada que ataje al crimen organizado y su capacidad de corrupción es inmensa y si no hay una prensa militante que le ayude a las autoridades que tienen la voluntad real de fortalecer el Estado de derecho, sin la prensa, esa lucha no podrá dar resultados.

Para Botero, el escenario es claro: “La situación es grave, la gente tiene miedo y los periodistas están silenciados en los estados, no se debe especular, espero que en México la prensa no sea rehén del crimen organizado”.

Silvia Otero, EL Universal, 25 de agosto.