La situación de agravios contra periodistas en México se asemeja a la que experimentaba Colombia a finales de los 80 y durante los años 90, consideró el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) del país sudamericano, Andrés Morales.
"El periodismo fue víctima de agresiones y de ataques por parte de muchos actores, especialmente ligados a la mafia, al narcotráfico. La de México es una experiencia muy similar a la nuestra", comentó en entrevista.
"La sociedad mexicana tiene que entender que cuando asesinan a un periodista, no sólo violan el derecho a la vida del periodista, sino el derecho a los ciudadanos a estar informados", remarcó.
Entre 1984 y 2000, la FLIP documentó 85 casos de periodistas asesinados en Colombia por razones de oficio.
Morales destacó que el alto número de asesinatos de comunicadores en su país dio pie a que en 2000 surgiera el Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales.
A través del programa, organizaciones civiles como la FLIP se encargan de presentar, investigar y dar seguimiento a casos de amenazas a periodistas, para que el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER) determine las medidas de protección en cada caso.
En el CRER participan funcionarios del Ministerio del Interior y delegados de la Vicepresidencia de la República; la Policía Nacional; el Departamento Administrativo de Seguridad; la Defensoría del Pueblo; la Procuraduría General de la Nación; el Programa Presidencial de Acción Social, la Fiscalía General de la Nación y representantes de asociaciones de periodistas.
El activista aseguró que si bien no se puede establecer una correlación entre la implementación del programa de protección y el número de periodistas asesinados, sí ha disminuido la cifra, pues en 2009 únicamente se registró un caso, cuando en 2000 fueron 10.
El programa, destacó, abre un espacio para exigirle directamente al Estado reacción inmediata ante algún tipo de amenaza o agresión contra los periodistas. Sin embargo, alertó, hay algunas desventajas.
El programa existe para "apagar incendios", explicó, pero no combate los problemas estructurales que generan las agresiones contra los comunicadores.
El programa, agregó, no está diseñado para combatir la impunidad y al manejar información muy sensible, ésta puede ser utilizada por las autoridades, sobre todo por las fuerzas de seguridad.
"Hay riesgo de que las autoridades se vuelvan quienes ataquen a la prensa", advirtió.
El especialista consideró necesario que México cree un programa de protección de periodistas y que investigue los casos de agresiones contra comunicadores, pues hasta que no se sancione a los responsables directos, subrayó, el problema continuará.
Silvia Garduño, Reforma, 8 de agosto.
"El periodismo fue víctima de agresiones y de ataques por parte de muchos actores, especialmente ligados a la mafia, al narcotráfico. La de México es una experiencia muy similar a la nuestra", comentó en entrevista.
"La sociedad mexicana tiene que entender que cuando asesinan a un periodista, no sólo violan el derecho a la vida del periodista, sino el derecho a los ciudadanos a estar informados", remarcó.
Entre 1984 y 2000, la FLIP documentó 85 casos de periodistas asesinados en Colombia por razones de oficio.
Morales destacó que el alto número de asesinatos de comunicadores en su país dio pie a que en 2000 surgiera el Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales.
A través del programa, organizaciones civiles como la FLIP se encargan de presentar, investigar y dar seguimiento a casos de amenazas a periodistas, para que el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER) determine las medidas de protección en cada caso.
En el CRER participan funcionarios del Ministerio del Interior y delegados de la Vicepresidencia de la República; la Policía Nacional; el Departamento Administrativo de Seguridad; la Defensoría del Pueblo; la Procuraduría General de la Nación; el Programa Presidencial de Acción Social, la Fiscalía General de la Nación y representantes de asociaciones de periodistas.
El activista aseguró que si bien no se puede establecer una correlación entre la implementación del programa de protección y el número de periodistas asesinados, sí ha disminuido la cifra, pues en 2009 únicamente se registró un caso, cuando en 2000 fueron 10.
El programa, destacó, abre un espacio para exigirle directamente al Estado reacción inmediata ante algún tipo de amenaza o agresión contra los periodistas. Sin embargo, alertó, hay algunas desventajas.
El programa existe para "apagar incendios", explicó, pero no combate los problemas estructurales que generan las agresiones contra los comunicadores.
El programa, agregó, no está diseñado para combatir la impunidad y al manejar información muy sensible, ésta puede ser utilizada por las autoridades, sobre todo por las fuerzas de seguridad.
"Hay riesgo de que las autoridades se vuelvan quienes ataquen a la prensa", advirtió.
El especialista consideró necesario que México cree un programa de protección de periodistas y que investigue los casos de agresiones contra comunicadores, pues hasta que no se sancione a los responsables directos, subrayó, el problema continuará.
Silvia Garduño, Reforma, 8 de agosto.
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