El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, garantizó que el Poder Judicial del país no violentará y respetará los derechos de la ciudadanía en la lucha que está en marcha contra la delincuencia organizada a fin de preservar la seguridad de los mexicanos.
Ortíz Mayagoitia aseguró que se busca consolidar la confianza ciudadana en sus jueces y por ello se creará un Observatorio Nacional de la Justicia, que se apoyará con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) que integra a toda la comunidad jurídica del país.
El ministro presidente indicó que con esta nueva estrategia se busca consolidar la confianza de la sociedad en sus jueces.
Ortiz Mayagoitia expuso que la sociedad debe tener la certeza de que el combate al crimen organizado no debe ser sinónimo de violación a los derechos fundamentales.
Este sistema se reforzará además con medidas puntuales delineadas en la reforma constitucional en materia penal que entró en vigor desde junio de 2008, y que establece un periodo de ocho años para implementar el sistema de juicios orales, entre otras cosas.(Alejandro Páez).
El titular del máximo colegiado de impartición de justicia en el país añadió que para garantizar un país de leyes se requiere una “responsabilidad compartida entre todos los eslabones que intervienen en el proceso penal.
“Ello, en el entendido de que para garantizar seguridad pública es necesario contar con un sistema penal eficiente en cuya implementación debemos colaborar y cooperar estrechamente por mandato constitucional, preservando nuestra independencia y autonomía”, estableció.
Ortíz Mayagoitia aseguró que se busca consolidar la confianza ciudadana en sus jueces y por ello se creará un Observatorio Nacional de la Justicia, que se apoyará con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) que integra a toda la comunidad jurídica del país.
El ministro presidente indicó que con esta nueva estrategia se busca consolidar la confianza de la sociedad en sus jueces.
Ortiz Mayagoitia expuso que la sociedad debe tener la certeza de que el combate al crimen organizado no debe ser sinónimo de violación a los derechos fundamentales.
Este sistema se reforzará además con medidas puntuales delineadas en la reforma constitucional en materia penal que entró en vigor desde junio de 2008, y que establece un periodo de ocho años para implementar el sistema de juicios orales, entre otras cosas.(Alejandro Páez).
El titular del máximo colegiado de impartición de justicia en el país añadió que para garantizar un país de leyes se requiere una “responsabilidad compartida entre todos los eslabones que intervienen en el proceso penal.
“Ello, en el entendido de que para garantizar seguridad pública es necesario contar con un sistema penal eficiente en cuya implementación debemos colaborar y cooperar estrechamente por mandato constitucional, preservando nuestra independencia y autonomía”, estableció.
La Crónica, 18 de agosto.
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