MADRID.- Seis disidentes cubanos que viajaron a España tras ser excarcelados en las últimas semanas recurrirán al Defensor del Pueblo, el ombudsman local, para que el Gobierno del país europeo los reconozca como asilados políticos.
El grupo de ex presos entregará esta semana un escrito a María Luisa Cava de Llano -encargada en funciones del ente oficial que vela por los derechos humanos- en el que también pedirá su intervención para no ser obligados a salir de Madrid y trasladarse a otros puntos del territorio, según informó la agencia de noticias Europa Press.
De acuerdo con el abogado de los disidentes, Fernando Vizcaíno, 19 de los 20 excarcelados llegados a España entre el 13 y el 23 de julio -tras un inédito diálogo entre el Gobierno cubano y la Iglesia católica isleña- han optado por solicitar el asilo político.
Sin embargo, el Ejecutivo español les ha recomendado, en cambio, que se acojan a la protección internacional asistida.
Esta figura jurídica les otorgaría un permiso de residencia y trabajo en España, además de la posibilidad de poder volver a Cuba previa autorización de las autoridades isleñas y participar en actividades políticas, lo que no lograrían con el asilo o refugio político.
Aunque la concesión del asilo es decidida por una comisión tripartita formada por representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Interior y Justicia, el escrito estará dirigido a la Cancillería, encabezada por Miguel Ángel Moratinos, por ser él quien intervino directamente para llevar a España a los 20 ex presos políticos, explicó Vizcaíno.
En cuanto al traslado de los disidentes a centros de acogida en otras localidades españolas, el abogado aseguró que representantes de la Cancillería los han presionado para dejar los hoteles en los que se encuentran hospedados desde su llegada a Madrid con el objetivo de que futuros liberados puedan ser recibidos ahí mismo.
De los 20 opositores cubanos acogidos en España, 9 han optado por marcharse de Madrid.
En los próximos días, se espera la llegada al país europeo de otros 5 opositores cubanos del grupo de 52 presos políticos que el Gobierno de Raúl Castro se ha comprometido a excarcelar antes de noviembre.
El grupo de ex presos entregará esta semana un escrito a María Luisa Cava de Llano -encargada en funciones del ente oficial que vela por los derechos humanos- en el que también pedirá su intervención para no ser obligados a salir de Madrid y trasladarse a otros puntos del territorio, según informó la agencia de noticias Europa Press.
De acuerdo con el abogado de los disidentes, Fernando Vizcaíno, 19 de los 20 excarcelados llegados a España entre el 13 y el 23 de julio -tras un inédito diálogo entre el Gobierno cubano y la Iglesia católica isleña- han optado por solicitar el asilo político.
Sin embargo, el Ejecutivo español les ha recomendado, en cambio, que se acojan a la protección internacional asistida.
Esta figura jurídica les otorgaría un permiso de residencia y trabajo en España, además de la posibilidad de poder volver a Cuba previa autorización de las autoridades isleñas y participar en actividades políticas, lo que no lograrían con el asilo o refugio político.
Aunque la concesión del asilo es decidida por una comisión tripartita formada por representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Interior y Justicia, el escrito estará dirigido a la Cancillería, encabezada por Miguel Ángel Moratinos, por ser él quien intervino directamente para llevar a España a los 20 ex presos políticos, explicó Vizcaíno.
En cuanto al traslado de los disidentes a centros de acogida en otras localidades españolas, el abogado aseguró que representantes de la Cancillería los han presionado para dejar los hoteles en los que se encuentran hospedados desde su llegada a Madrid con el objetivo de que futuros liberados puedan ser recibidos ahí mismo.
De los 20 opositores cubanos acogidos en España, 9 han optado por marcharse de Madrid.
En los próximos días, se espera la llegada al país europeo de otros 5 opositores cubanos del grupo de 52 presos políticos que el Gobierno de Raúl Castro se ha comprometido a excarcelar antes de noviembre.
Reforma, 4 de agosto.
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