Caminar por una calle de Florida, sin documentos migratorios en regla o incluso teniéndolos, pero que al agente de policía le parezca sospechoso es motivo para ser arrestado, si finalmente entra en vigor la propuesta de ley presentada por el fiscal general del Estado, Bill McCollum.
Detrás de este nuevo desafío al gobierno central de Barack Obama, con una ley estatal aún más dura que la SB1070 de Arizona, recortada recientemente por una juez federal, que eliminó artículos que consideró discriminatorios y anticonstitucionales.
Nada de esto importa al republicano McCollum, cuya estrategia es ganar las elecciones primarias de noviembre para convertirse en candidato de su partido a gobernador. Con este objetivo, presentó en Orlando su proyecto de ley que deberá ser debatido y votado en el Congreso estatal, en Tallahassee.
En su discurso, advirtió: “Florida no será un santuario para los extranjeros ilegales”. A continuación detalló parte del proyecto de ley, que obliga a los agentes del orden público a comprobar el estatus de un sospechoso de ser inmigrante ilegal, si la persona en cuestión ha violado otra ley o incluso aunque no lo haya hecho, en una parada rutinaria, por ejemplo.
El fiscal general aclaró que el proyecto de ley contiene “provisiones específicas para evitar perfiles raciales y que la policía vaya a revisar a alguien sólo porque parece inmigrante”.
Una “sospecha razonable” puede ser la presentación de documentos, como una licencia de conducir de apariencia falsa o la carencia de papeles de identificación personal en el momento de la detención y arresto, dijo McCollum, quien orgulloso declaró que cuando sea aprobada “será codiciada por Arizona”.
La medida legislativa contempla como un crimen no llevar documentos, lo que acarrearía 20 días de cárcel y deportación.
Contra recursos federales. La Ley Florida superaría también a la Ley Arizona, en términos de aplicación, por las herramientas que tendrían los jueces y los agentes de inmigración para tratar con los inmigrantes ilegales, que podrían tomar decisiones firmes mientras se resuelven los recursos. Además, contendría salvaguardas para evitar posibles recursos del Gobierno federal.
La ley de Arizona se superaría, en términos de aplicación, por las herramientas que tendrían los jueces y los agentes de inmigración para tratar con los inmigrantes ilegales, que podrían tomar decisiones firmes mientras se resuelven los recursos. Además, contendría salvaguardas para evitar posibles recursos del gobierno federal.
La Crónica, 12 de agosto.
Detrás de este nuevo desafío al gobierno central de Barack Obama, con una ley estatal aún más dura que la SB1070 de Arizona, recortada recientemente por una juez federal, que eliminó artículos que consideró discriminatorios y anticonstitucionales.
Nada de esto importa al republicano McCollum, cuya estrategia es ganar las elecciones primarias de noviembre para convertirse en candidato de su partido a gobernador. Con este objetivo, presentó en Orlando su proyecto de ley que deberá ser debatido y votado en el Congreso estatal, en Tallahassee.
En su discurso, advirtió: “Florida no será un santuario para los extranjeros ilegales”. A continuación detalló parte del proyecto de ley, que obliga a los agentes del orden público a comprobar el estatus de un sospechoso de ser inmigrante ilegal, si la persona en cuestión ha violado otra ley o incluso aunque no lo haya hecho, en una parada rutinaria, por ejemplo.
El fiscal general aclaró que el proyecto de ley contiene “provisiones específicas para evitar perfiles raciales y que la policía vaya a revisar a alguien sólo porque parece inmigrante”.
Una “sospecha razonable” puede ser la presentación de documentos, como una licencia de conducir de apariencia falsa o la carencia de papeles de identificación personal en el momento de la detención y arresto, dijo McCollum, quien orgulloso declaró que cuando sea aprobada “será codiciada por Arizona”.
La medida legislativa contempla como un crimen no llevar documentos, lo que acarrearía 20 días de cárcel y deportación.
Contra recursos federales. La Ley Florida superaría también a la Ley Arizona, en términos de aplicación, por las herramientas que tendrían los jueces y los agentes de inmigración para tratar con los inmigrantes ilegales, que podrían tomar decisiones firmes mientras se resuelven los recursos. Además, contendría salvaguardas para evitar posibles recursos del Gobierno federal.
La ley de Arizona se superaría, en términos de aplicación, por las herramientas que tendrían los jueces y los agentes de inmigración para tratar con los inmigrantes ilegales, que podrían tomar decisiones firmes mientras se resuelven los recursos. Además, contendría salvaguardas para evitar posibles recursos del gobierno federal.
La Crónica, 12 de agosto.
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