Reclama Paredes a FCH uso político de lucha anticrimen

La dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, demandó ante el presidente Felipe Calderón que sean probadas las acusaciones en contra de políticos, a fin de que las autoridades actúen en consecuencia.

“En el PRI sí tenemos una exigencia: cuando haya acusaciones, tiene que haber pruebas. Y si hay acusaciones, es indispensable que la autoridad actué si hay pruebas, y si no, que se deje de hacer política haciendo señalamientos que lo único que hacen es desprestigiar a la función de representación popular y de representación partidaria”, afirmó.

Tras declarar que el debate sobre la seguridad no puede ser maniqueo, Paredes Rangel afirmó que sería muy útil que no hubiera incriminación permanente de falta de colaboración de poderes en lucha contra el narco.

Al participar en las jornadas de “Diálogos por la Seguridad, Evaluación y Fortalecimiento hacia una Política de Estado”, que congregó a dirigentes de partidos políticos, con excepción del PT, la dirigente priista dijo que es difícil llamar a la construcción de acuerdos y consensos cuando se ha trabajado en ambientes de polarización.

En su discurso, Paredes reprochó que en el análisis histórico sobre el crimen organizado se pretenda distorsionar con la hipótesis de que en el pasado había complicidades de los gobernantes de determinada formación política, y con eso, señaló, ya no se está haciendo análisis, se está haciendo política electoral.

Más aún, aseguró que nadie puede responder por la honorabilidad de todos y cada uno de sus militantes, y tampoco se debe generalizar, porque eso deteriora todo el quehacer y la actividad política.

En las instalaciones del casino militar en Campo Marte, Paredes manifestó su escepticismo en torno a este tipo de foros, pues la política de seguridad es algo más que retórica.

Indicó que se debe empezar por la rendición de cuentas del destino de todas las iniciativas legales, ahora convertidas en leyes que tiene a su disposición el Ejecutivo, y de los recursos públicos que han sido otorgados con gran sacrificio al pueblo de México para combatir este flagelo.

“Hacia el interior de nuestra organización política, tenemos, como es comprensible, suspicacia sobre la validez de este ejercicio. Nos preocuparía mucho que estemos ante un escenario construido por una buena disposición para escuchar voces diversas, pero cuya utilidad sea relativa o no desemboque en la toma de decisiones que corresponden a los poderes públicos y a la sociedad civil, desde luego”, expuso.

Cuestionó la conveniencia de “airear públicamente la discusión sobre la estrategia de seguridad pues hasta las organizaciones criminales se dan cuenta de que en este tema tenemos distintos puntos de vista”.

“No es cierto que haya unanimidad en el país sobre este tema”, subrayó.

Durante sus intervenciones, Paredes recriminó también el uso del Cisen con fines políticos.

“Volvemos a insistir que es muy grave que exista filtración de grabaciones de los órganos de inteligencia para el uso político-electoral. Son cosas demasiado serias, la seguridad nacional, la seguridad estratégica, la seguridad interior y la seguridad pública son asuntos muy serios que no pueden estar en la duda constante por su utilización en otros frentes o en otras áreas. Es indispensable que haya satisfacción a cabalidad sobre que no hay utilización de estos recursos con estos propósitos y que se aplique la ley a quienes hayan utilizado grabaciones para funciones que no existen”.

Paredes Rangel se disculpó por traer a colación el tema del asesinato de Rodolfo Torre, aunque dijo que los tamaulipecos no le perdonarían el no hacerlo y ante Calderón pidió resultados en dicho caso.

“Nos importa que se profundice y haya resultados en la investigación del crimen que padeció Rodolfo Torre”.

Al respecto, el procurador Arturo Chávez expuso que desde el 28 de junio, día del asesinato, ha habido coordinación con la procuraduría estatal, luego se atrajo el caso y las investigaciones “se han ido profundizando de manera incesante; de hecho, a petición de la familia y del mismo gobierno del estado con la inclusión, como coadyuvante, de un abogado que ellos propusieron”.
Cecilia Téllez Cortés, La Crónica, 11 de agosto.

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