El procurador general de Justicia Militar, Jesús Gabriel López, defendió ayer la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, y aseguró que la lucha es desigual por la violencia y la capacidad de fuego de las organizaciones delictivas.
López Benítez participó en el congreso internacional “Uso de la fuerza pública en un Estado democrático de derecho”, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), donde pidió dar al Ejército herramientas legales y materiales para hacer una lucha “menos desigual”.
En breve entrevista al término del congreso, dijo: “Somos la única institución que puede contribuir con el país en la resolución de este problema [delincuencia organizada]”.
En su exposición rechazó las críticas de quienes demandan que el Ejército regrese a sus cuarteles por las violaciones a los derechos humanos, pues dijo que el personal militar recibe capacitación permanente en el tema y sabe que la fuerza es el último recurso que debe usar para proteger su vida y la de los demás.
Comentó que “es incorrecto aseverar que la preparación y el adiestramiento militar sólo estén encaminados a eliminar al enemigo o a causar daño”.
Lo anterior, afirmó, implicaría “asumir el carácter de simples espectadores, limitándonos a observar con impotencia cómo la delincuencia desgarra a nuestra sociedad y al país”.
Piden normar uso de fuerza
Al insistir en la desigualdad de la lucha contra el crimen organizado, López Benítez dijo que no es posible utilizar armas no letales para enfrentar a estos grupos, porque ellos poseen armamento de alto poder de fuego y atacan a las fuerzas del orden en grupos numerosos, utilizando la acechanza y hasta las emboscadas.
Prueba de ello son los 33 ataques contra personal militar por parte de los grupos delictivos, que han utilizado lanzagranadas y lanzacohetes, entre otro armamento sofisticado, provocando la muerte de 12 militares y 55 heridos.
El funcionario reconoció que la lucha es desigual, pues además de su capacidad de fuego, los delincuentes usan equipos, distintivos y vehículos similares a los de las fuerzas del orden para cometer secuestros, instalar falsos retenes y realizar ejecuciones.
También reconoció que ni la Constitución ni las leyes secundarias contienen disposiciones para regular el uso de la fuerza, y que el DF es la única entidad del país con una ley especializada sobre el tema.
El procurador urgió al Poder Legislativo a acelerar los procesos para contar con una normatividad que permita garantizar los derechos humanos ante el uso de la fuerza, “que es legítimo si hay congruencia y proporcionalidad”, dijo.
López Benítez participó en el congreso internacional “Uso de la fuerza pública en un Estado democrático de derecho”, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), donde pidió dar al Ejército herramientas legales y materiales para hacer una lucha “menos desigual”.
En breve entrevista al término del congreso, dijo: “Somos la única institución que puede contribuir con el país en la resolución de este problema [delincuencia organizada]”.
En su exposición rechazó las críticas de quienes demandan que el Ejército regrese a sus cuarteles por las violaciones a los derechos humanos, pues dijo que el personal militar recibe capacitación permanente en el tema y sabe que la fuerza es el último recurso que debe usar para proteger su vida y la de los demás.
Comentó que “es incorrecto aseverar que la preparación y el adiestramiento militar sólo estén encaminados a eliminar al enemigo o a causar daño”.
Lo anterior, afirmó, implicaría “asumir el carácter de simples espectadores, limitándonos a observar con impotencia cómo la delincuencia desgarra a nuestra sociedad y al país”.
Piden normar uso de fuerza
Al insistir en la desigualdad de la lucha contra el crimen organizado, López Benítez dijo que no es posible utilizar armas no letales para enfrentar a estos grupos, porque ellos poseen armamento de alto poder de fuego y atacan a las fuerzas del orden en grupos numerosos, utilizando la acechanza y hasta las emboscadas.
Prueba de ello son los 33 ataques contra personal militar por parte de los grupos delictivos, que han utilizado lanzagranadas y lanzacohetes, entre otro armamento sofisticado, provocando la muerte de 12 militares y 55 heridos.
El funcionario reconoció que la lucha es desigual, pues además de su capacidad de fuego, los delincuentes usan equipos, distintivos y vehículos similares a los de las fuerzas del orden para cometer secuestros, instalar falsos retenes y realizar ejecuciones.
También reconoció que ni la Constitución ni las leyes secundarias contienen disposiciones para regular el uso de la fuerza, y que el DF es la única entidad del país con una ley especializada sobre el tema.
El procurador urgió al Poder Legislativo a acelerar los procesos para contar con una normatividad que permita garantizar los derechos humanos ante el uso de la fuerza, “que es legítimo si hay congruencia y proporcionalidad”, dijo.
María de la Luz González, EL Universal, 20 de agosto.
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