A pesar de que México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, no existe una política de Estado que garantice su protección o permita reducir los riesgos en el ejercicio de la profesión.
En los medios de comunicación —en general— no hay protocolos de seguridad que se apliquen para la cobertura de temas de alto impacto, como el narcotráfico y la delincuencia organizada; las medidas son aisladas e insuficientes para impedir que siga en aumento la cifra de víctimas y para garantizar la libertad de expresión. Este es el diagnóstico que hacen varios de los principales organismos de derechos humanos y de protección a periodistas.
“Asesinados o desaparecidos”, en esta lista están 38 comunicadores en lo que va del sexenio —diez de ellos en los meses que han transcurridos en 2010—, de acuerdo con estadísticas de Reporteros Sin Fronteras, que contabiliza 69 homicidios de periodistas de 2002 a la fecha y 11 cuyo paradero se desconoce desde 2003. Casi todos están impunes.
Un panorama al que se suma el secuestro de cuatro reporteros y camarógrafos en Durango —el 26 de julio pasado—, por órdenes de Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa. Las víctimas fueron elegidas por su oficio, para canjear su libertad por la difusión en medios de comunicación de los mensajes e información de la organización, en una estrategia de propaganda criminal.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), organización con sede en Nueva York que se dedica a la defensa de la libertad de expresión en el mundo, advierte que México “es uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico”.
Carlos Lauría, el coordinador senior del programa de las Américas del CPJ, asegura que “el gobierno de México no ha cumplido con su papel y sus obligaciones tanto nacionales como internacionales. El gobierno debe garantizar la protección del derecho humano básico a la libertad de expresión… [pero] ha fracasado al investigar y procesar los crímenes contra periodistas, incluyendo los más de 30 casos de periodistas asesinados y desaparecidos desde que asumió el presidente Felipe Calderón”, según investigación del CPJ.
Responsabilidad compartida
El presidente para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, sostiene que “no hay una política en México para enfrentar de manera eficiente el riesgo en el que están los periodistas, ni sancionar e identificar a los responsables de las amenazas, persecución y asesinatos de los que son víctimas a lo largo y ancho del país”.
Dice que el único esfuerzo institucional tangible fue la creación, en febrero de 2006, de la Fiscalía para Delitos contra Periodistas en la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, criticó que esta área investigadora no cuenta con los recursos ni las facultades para operar con eficacia, “pues de lo contrario su existencia ya habría tenido algún impacto para revertir esta tragedia que se vive en México con sus comunicadores”.
México carece de una estrategia institucional. Ni siquiera los medios de comunicación tienen protocolos de seguridad para impedir los riesgos a los que están expuestos sus reporteros, señala Vivanco. ”Los medios mexicanos hacen lo que pueden, pero tengo la impresión de que han reaccionado bajo la premisa de ‘sálvese quien pueda’, no han logrado adoptar medidas coordinadas, son acciones aisladas y no se trata de un protocolo que revierta los riesgos de investigar y publicar sobre la delincuencia organizada”.
Al respecto, Carlos Lauría dice que “la falta de respuesta de gobierno crea condiciones en la que prevalece la impunidad. Pero los medios tienen que operar en este clima de temor e intimidación y ellos mismos tienen la responsabilidad de hacer todo lo que esté a su alcance para minimizar el riesgo para reporteros trabajando en situaciones de violencia”. Los periodistas mexicanos están pagando “un precio altísimo por su trabajo”, dice.
Darío Ramírez, director de Artículo 19 para México y Centroamérica, considera que uno de los aspectos que ha complicado la adopción de los protocolos de seguridad desde los medios de comunicación es el hecho de que ello implica tiempo y el destinar recursos económicos. Sin embargo, considera que esto no es un argumento válido porque al final resulta en mayor beneficio para las empresas y los periodistas; estos últimos también deben asumir totalmente su responsabilidad.
“Sin esta responsabilidad compartida de los periodistas no es posible aminorar los riesgos”, dice Ramírez, cuya organización trabaja alrededor del mundo en la promoción y defensa de la libertad de expresión y derechos humanos.
De acuerdo con el último informe elaborado por Artículo 19 sobre la situación de riesgo de los periodistas en México, luego de consultar con 17 de los diarios más importantes sobre los protocolos de seguridad adoptados ante las coberturas informativas en zonas de alto riesgo, 70% respondió que no contaba con éstos; el resto dijo que sus sistemas de protección eran laxos y otro tanto que ello era responsabilidad de los periodistas y no de los medios de comunicación.
El ejemplo del extranjero
Pero también expresa que dentro de la protección a los periodistas y al ejercicio de su profesión hay un elemento fundamental y que es la responsabilidad del Estado en este ámbito.
“Lo que quiero decir es que se pueden tener los protocolos y manuales de seguridad, pero al final todo ello debe ir acompañado de una política pública en materia de protección para los comunicadores”.
Por ejemplo, cita, en Colombia el Ministerio del Interior cuenta con un presupuesto suficiente y amplio para adoptar medidas urgentes ante casos de amenazas o ataques a periodistas, lo cual es la evidencia de que el Estado en ese país cuenta con una política este rubro.
Este programa atiende los casos de los comunicadores en riesgo el Estado se hace responsable de la integridad del periodista, incluso para sacarlo del país y colocarlo en una zona de seguridad que no puede garantizarle en su propio territorio.
“En México está aún muy lejano contar con un elemento de protección de este tipo, máxime si consideramos que la actuación de la fiscalía federal encargada del esclarecimiento y persecución de los responsables de ataques, atentados o desapariciones de periodistas, es casi nula o decepcionante”. Notas sin firma del reportero que cubrió la información, no dar a conocer el nombre del fotógrafo que tomó la imagen, o dejar de publicar un hecho que podría generar represalias, son las medidas aisladas que han adoptado algunos medios de comunicación para proteger la integridad de sus comunicadores, pero que han sido insuficientes, dice Balbina Flores, la corresponsal que desde 2001 ha informado desde México a Reporteros Sin Fronteras la realidad que enfrentan los periodistas.
El trabajo y las investigaciones de Flores por distintas regiones del país, como en la frontera —donde el peligro es permanente—, la llevan a decir:
“No hay un mecanismo, ni protocolo que desde las redacciones ayuden al reportero a garantizar su seguridad cuando salen a las calles a trabajar para cubrir y dar a conocer la información, sin importar el estado del país en que se encuentre.
“En cada plaza en la que opera o no el narcotráfico hay una pregunta constante de los periodistas: ¿Qué hacemos para protegernos?” La respuesta, dijo, es establecer un protocolo básico de seguridad, en el que el periodista sepa que él y su familia cuenten con respaldo de su empresa y del gobierno.
¿Hacia dónde ir?
Cuando se pregunta a los expertos qué se debe hacer en México para la proteger la labor periodística hay varias propuestas.
Miguel Vivanco, de HRW, dice que es necesario crear un programa eficaz de protección para los periodistas en riesgo. Aunque advierte que una política de esta naturaleza implica costos, una gran inversión de recursos y la aplicación protocolos de seguridad hasta hoy inexistentes.
Colombia es el ejemplo más cercano al caso mexicano, en cuanto a los riesgos que enfrentan los periodistas en un territorio disputado por los narcotraficantes con su violencia inherente, y que ha logrado en la última década a través de una política de protección reducir los riesgos y amenazas contra los reporteros, que en los años 90 fueron el “blanco” de las organizaciones criminales, señaló el activista de HRW.
Detalló que en ese país existe un mecanismo de “alertas tempranas” que permite que en el momento en que las autoridades reciben una denuncia o tienen información de posibles riesgos contra la seguridad de un periodista.
La respuesta del gobierno se traduce —de acuerdo con las circunstancias— en medidas como la asignación de escoltas, vehículos blindados, aplicación de un programa de testigos protegidos y en casos extremos sacar del país al periodista y a su familia.
El elemento central
Para Darío Ramírez, de Artículo 19, el paradigma que se tiene que cambiar actualmente en el ejercicio del periodismo en México es el de la seguridad y el elemento central en el cual se basa este cambio es “la prevención”.
El objetivo de este cambio, apunta, es la de disminuir o reducir el nivel de riesgo de los periodistas que cubren la información en situaciones de alto riesgo, como el narcotráfico y el crimen organizado. La prevención, dice, es la ventana de oportunidad para evitar agresiones o atentados contra periodistas.
“Sin la prevención la protección no sirve de nada, pues al final estaríamos en el absurdo de buscar el uso de carros blindados, chalecos antibalas, cascos, escoltas o algunos otros elementos para realizar las labores periodísticas”.
Añade que otro punto que aumenta los niveles de seguridad de periodistas en las coberturas informativas en zonas de alto riesgo tiene que ver con el sentido ético de la labor de los comunicadores.
“Los comunicadores que chantajean, que escriben a favor de un grupo, que manejan la fuente alejados de la honestidad se ponen al alcance de ataques o agresiones, pero cuando el periodismo es recto, oportuno, honesto, ello se vuelve el elemento central de la protección del periodista. Resulta fundamental contar con estos principios porque al final cualquiera de las medidas de protección son sólo elementos complementarios al periodismo; si se practica un periodismo sin ética de nada sirve un chaleco antibalas”.
Carlos Lauría, del CPJ, coincide con el tema de la ética, aunque realiza una advertencia: “No hay duda que un periodista que opera en una forma ética enfrente menos riesgo. Las buenas prácticas profesionales son importantes para minimizar los riesgos. Pero, a la vez, es importante separar la necesaria discusión sobre ética del debate sobre la seguridad porque crea la percepción (que existe en México) que cualquier periodista que recibe amenazas o es víctima de violencia está comprometida o corrompida.
“Eso no es cierto. Hay numerosos periodistas que actúan con total sentido de la ética profesional que han sido víctimas lamentables de ataques. Además, es importante señalar que la falta de ética —lo cual puede ser muy grave para la profesión— nunca justifica violencia”.
Darío Ramírez, de Artículo 19, plantea que la adopción de protocolos de seguridad es una responsabilidad compartida entre medios de comunicación y periodistas. Debe haber protocolos específicos de este tipo entre los editores, las mesas de redacción y los periodistas, donde el punto más importante para lograr niveles óptimos de protección es la comunicación permanente entre todas estas áreas cuando se realiza una cobertura informativa en zonas de alto riesgo.
Carlos Lauría, del Comité para la Protección de los Periodistas, dice que es necesario un pacto entre medios.
“Es esencial que haya cooperación entre los medios, los grandes y los pequeños, los nacionales, y los regionales. Pero los medios deben además estar preparados no solo para enfrentar los riesgos de los reporteros individuales sino también propiciar la creación de un frente común para mejorar el clima en el que se ejerce el periodismo. Los medios tienen que unir fuerzas para enfrentar la crisis nacional”
En los medios de comunicación —en general— no hay protocolos de seguridad que se apliquen para la cobertura de temas de alto impacto, como el narcotráfico y la delincuencia organizada; las medidas son aisladas e insuficientes para impedir que siga en aumento la cifra de víctimas y para garantizar la libertad de expresión. Este es el diagnóstico que hacen varios de los principales organismos de derechos humanos y de protección a periodistas.
“Asesinados o desaparecidos”, en esta lista están 38 comunicadores en lo que va del sexenio —diez de ellos en los meses que han transcurridos en 2010—, de acuerdo con estadísticas de Reporteros Sin Fronteras, que contabiliza 69 homicidios de periodistas de 2002 a la fecha y 11 cuyo paradero se desconoce desde 2003. Casi todos están impunes.
Un panorama al que se suma el secuestro de cuatro reporteros y camarógrafos en Durango —el 26 de julio pasado—, por órdenes de Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa. Las víctimas fueron elegidas por su oficio, para canjear su libertad por la difusión en medios de comunicación de los mensajes e información de la organización, en una estrategia de propaganda criminal.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), organización con sede en Nueva York que se dedica a la defensa de la libertad de expresión en el mundo, advierte que México “es uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico”.
Carlos Lauría, el coordinador senior del programa de las Américas del CPJ, asegura que “el gobierno de México no ha cumplido con su papel y sus obligaciones tanto nacionales como internacionales. El gobierno debe garantizar la protección del derecho humano básico a la libertad de expresión… [pero] ha fracasado al investigar y procesar los crímenes contra periodistas, incluyendo los más de 30 casos de periodistas asesinados y desaparecidos desde que asumió el presidente Felipe Calderón”, según investigación del CPJ.
Responsabilidad compartida
El presidente para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, sostiene que “no hay una política en México para enfrentar de manera eficiente el riesgo en el que están los periodistas, ni sancionar e identificar a los responsables de las amenazas, persecución y asesinatos de los que son víctimas a lo largo y ancho del país”.
Dice que el único esfuerzo institucional tangible fue la creación, en febrero de 2006, de la Fiscalía para Delitos contra Periodistas en la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, criticó que esta área investigadora no cuenta con los recursos ni las facultades para operar con eficacia, “pues de lo contrario su existencia ya habría tenido algún impacto para revertir esta tragedia que se vive en México con sus comunicadores”.
México carece de una estrategia institucional. Ni siquiera los medios de comunicación tienen protocolos de seguridad para impedir los riesgos a los que están expuestos sus reporteros, señala Vivanco. ”Los medios mexicanos hacen lo que pueden, pero tengo la impresión de que han reaccionado bajo la premisa de ‘sálvese quien pueda’, no han logrado adoptar medidas coordinadas, son acciones aisladas y no se trata de un protocolo que revierta los riesgos de investigar y publicar sobre la delincuencia organizada”.
Al respecto, Carlos Lauría dice que “la falta de respuesta de gobierno crea condiciones en la que prevalece la impunidad. Pero los medios tienen que operar en este clima de temor e intimidación y ellos mismos tienen la responsabilidad de hacer todo lo que esté a su alcance para minimizar el riesgo para reporteros trabajando en situaciones de violencia”. Los periodistas mexicanos están pagando “un precio altísimo por su trabajo”, dice.
Darío Ramírez, director de Artículo 19 para México y Centroamérica, considera que uno de los aspectos que ha complicado la adopción de los protocolos de seguridad desde los medios de comunicación es el hecho de que ello implica tiempo y el destinar recursos económicos. Sin embargo, considera que esto no es un argumento válido porque al final resulta en mayor beneficio para las empresas y los periodistas; estos últimos también deben asumir totalmente su responsabilidad.
“Sin esta responsabilidad compartida de los periodistas no es posible aminorar los riesgos”, dice Ramírez, cuya organización trabaja alrededor del mundo en la promoción y defensa de la libertad de expresión y derechos humanos.
De acuerdo con el último informe elaborado por Artículo 19 sobre la situación de riesgo de los periodistas en México, luego de consultar con 17 de los diarios más importantes sobre los protocolos de seguridad adoptados ante las coberturas informativas en zonas de alto riesgo, 70% respondió que no contaba con éstos; el resto dijo que sus sistemas de protección eran laxos y otro tanto que ello era responsabilidad de los periodistas y no de los medios de comunicación.
El ejemplo del extranjero
Pero también expresa que dentro de la protección a los periodistas y al ejercicio de su profesión hay un elemento fundamental y que es la responsabilidad del Estado en este ámbito.
“Lo que quiero decir es que se pueden tener los protocolos y manuales de seguridad, pero al final todo ello debe ir acompañado de una política pública en materia de protección para los comunicadores”.
Por ejemplo, cita, en Colombia el Ministerio del Interior cuenta con un presupuesto suficiente y amplio para adoptar medidas urgentes ante casos de amenazas o ataques a periodistas, lo cual es la evidencia de que el Estado en ese país cuenta con una política este rubro.
Este programa atiende los casos de los comunicadores en riesgo el Estado se hace responsable de la integridad del periodista, incluso para sacarlo del país y colocarlo en una zona de seguridad que no puede garantizarle en su propio territorio.
“En México está aún muy lejano contar con un elemento de protección de este tipo, máxime si consideramos que la actuación de la fiscalía federal encargada del esclarecimiento y persecución de los responsables de ataques, atentados o desapariciones de periodistas, es casi nula o decepcionante”. Notas sin firma del reportero que cubrió la información, no dar a conocer el nombre del fotógrafo que tomó la imagen, o dejar de publicar un hecho que podría generar represalias, son las medidas aisladas que han adoptado algunos medios de comunicación para proteger la integridad de sus comunicadores, pero que han sido insuficientes, dice Balbina Flores, la corresponsal que desde 2001 ha informado desde México a Reporteros Sin Fronteras la realidad que enfrentan los periodistas.
El trabajo y las investigaciones de Flores por distintas regiones del país, como en la frontera —donde el peligro es permanente—, la llevan a decir:
“No hay un mecanismo, ni protocolo que desde las redacciones ayuden al reportero a garantizar su seguridad cuando salen a las calles a trabajar para cubrir y dar a conocer la información, sin importar el estado del país en que se encuentre.
“En cada plaza en la que opera o no el narcotráfico hay una pregunta constante de los periodistas: ¿Qué hacemos para protegernos?” La respuesta, dijo, es establecer un protocolo básico de seguridad, en el que el periodista sepa que él y su familia cuenten con respaldo de su empresa y del gobierno.
¿Hacia dónde ir?
Cuando se pregunta a los expertos qué se debe hacer en México para la proteger la labor periodística hay varias propuestas.
Miguel Vivanco, de HRW, dice que es necesario crear un programa eficaz de protección para los periodistas en riesgo. Aunque advierte que una política de esta naturaleza implica costos, una gran inversión de recursos y la aplicación protocolos de seguridad hasta hoy inexistentes.
Colombia es el ejemplo más cercano al caso mexicano, en cuanto a los riesgos que enfrentan los periodistas en un territorio disputado por los narcotraficantes con su violencia inherente, y que ha logrado en la última década a través de una política de protección reducir los riesgos y amenazas contra los reporteros, que en los años 90 fueron el “blanco” de las organizaciones criminales, señaló el activista de HRW.
Detalló que en ese país existe un mecanismo de “alertas tempranas” que permite que en el momento en que las autoridades reciben una denuncia o tienen información de posibles riesgos contra la seguridad de un periodista.
La respuesta del gobierno se traduce —de acuerdo con las circunstancias— en medidas como la asignación de escoltas, vehículos blindados, aplicación de un programa de testigos protegidos y en casos extremos sacar del país al periodista y a su familia.
El elemento central
Para Darío Ramírez, de Artículo 19, el paradigma que se tiene que cambiar actualmente en el ejercicio del periodismo en México es el de la seguridad y el elemento central en el cual se basa este cambio es “la prevención”.
El objetivo de este cambio, apunta, es la de disminuir o reducir el nivel de riesgo de los periodistas que cubren la información en situaciones de alto riesgo, como el narcotráfico y el crimen organizado. La prevención, dice, es la ventana de oportunidad para evitar agresiones o atentados contra periodistas.
“Sin la prevención la protección no sirve de nada, pues al final estaríamos en el absurdo de buscar el uso de carros blindados, chalecos antibalas, cascos, escoltas o algunos otros elementos para realizar las labores periodísticas”.
Añade que otro punto que aumenta los niveles de seguridad de periodistas en las coberturas informativas en zonas de alto riesgo tiene que ver con el sentido ético de la labor de los comunicadores.
“Los comunicadores que chantajean, que escriben a favor de un grupo, que manejan la fuente alejados de la honestidad se ponen al alcance de ataques o agresiones, pero cuando el periodismo es recto, oportuno, honesto, ello se vuelve el elemento central de la protección del periodista. Resulta fundamental contar con estos principios porque al final cualquiera de las medidas de protección son sólo elementos complementarios al periodismo; si se practica un periodismo sin ética de nada sirve un chaleco antibalas”.
Carlos Lauría, del CPJ, coincide con el tema de la ética, aunque realiza una advertencia: “No hay duda que un periodista que opera en una forma ética enfrente menos riesgo. Las buenas prácticas profesionales son importantes para minimizar los riesgos. Pero, a la vez, es importante separar la necesaria discusión sobre ética del debate sobre la seguridad porque crea la percepción (que existe en México) que cualquier periodista que recibe amenazas o es víctima de violencia está comprometida o corrompida.
“Eso no es cierto. Hay numerosos periodistas que actúan con total sentido de la ética profesional que han sido víctimas lamentables de ataques. Además, es importante señalar que la falta de ética —lo cual puede ser muy grave para la profesión— nunca justifica violencia”.
Darío Ramírez, de Artículo 19, plantea que la adopción de protocolos de seguridad es una responsabilidad compartida entre medios de comunicación y periodistas. Debe haber protocolos específicos de este tipo entre los editores, las mesas de redacción y los periodistas, donde el punto más importante para lograr niveles óptimos de protección es la comunicación permanente entre todas estas áreas cuando se realiza una cobertura informativa en zonas de alto riesgo.
Carlos Lauría, del Comité para la Protección de los Periodistas, dice que es necesario un pacto entre medios.
“Es esencial que haya cooperación entre los medios, los grandes y los pequeños, los nacionales, y los regionales. Pero los medios deben además estar preparados no solo para enfrentar los riesgos de los reporteros individuales sino también propiciar la creación de un frente común para mejorar el clima en el que se ejerce el periodismo. Los medios tienen que unir fuerzas para enfrentar la crisis nacional”
Silvia Otero y Francisco Gómez, El Universal, 2 de agosto.
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