El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, termina este día dos mandatos consecutivos con 75% de popularidad y un espaldarazo internacional clave, al ser designado por la ONU para integrar el panel investigador del ataque israelí a una flotilla humanitaria hacia Gaza.
Además de la guerra sin cuartel a las guerrillas izquierdistas de las FARC y el ELN, el lema que demostró a diario durante ocho años fue “trabajar, trabajar y trabajar”. Los colombianos vieron por primera vez a un presidente que recorría el país. Su cultivada imagen de hombre “sincero” y “directo” convenció a muchos de que se trataba del mejor gobernante de la historia colombiana.
Logró su segundo mandato valiéndose de métodos, considerados ilegales, ejecutados por terceros, camino que intentó repetir para un tercer mandato pero la Corte Constitucional lo atajó. Su gran argumento fue siempre su popularidad, cuyo nivel más bajo rondó 64%.
Uribe sale en medio de escándalos y sus más feroces críticos hacen paralelos con Alberto Fujimori, quien tras gobernar Perú (1990-2000) terminó condenado por corrupción y violaciones humanitarias.
Su gobierno recurrió a fondos reservados de seguridad para espiar a jueces, defensores de derechos humanos, opositores y periodistas, según confesó un ex alto funcionario de la agencia de inteligencia DAS.
Su presión por resultados militares y su política de recompensas llevaron a los “falsos positivos”, como son llamados los asesinatos de civiles por el ejército, reportarlos como guerrilleros muertos en combate.
Paradójicamente, Uribe terminó fortaleciendo los argumentos que dieron origen a las guerrillas que enfrentó militarmente, pues entregó a las más ricas familias los jugosos subsidios Agro Ingreso Seguro, diseñados para auxiliar a los sectores afectados por el TLC con EU, que finalmente no prosperó.
En lo internacional destacan las relaciones rotas con Ecuador, tras bombardear un campamento temporal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en ese país para evitar la negociación internacional en un caso de toma de rehenes con uno de sus jefes. También tuvo tensión con Venezuela, tras acusar al gobierno de Hugo Chávez de albergar guerrillas.
Con financiamiento extranjero (el Plan Colombia) amplió la presencia militar, mejorando la percepción de seguridad. Reorganizó las Fuerzas Militares, que conquistaron y mantienen el control de los centros económicos clave y las principales carreteras. Según el Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI), Uribe redujo 40% la fuerza guerrillera, aunque resta aún por recuperar la mitad del territorio de 1.1 millones de km cuadrados. Los combates se trasladaron al territorio restante, que antes no mostraba mayor intensidad bélica, y afectan a 40% de la población. “En general, las FARC mantienen su capacidad militar y la fuerza pública consolidó su control sobre el centro del país”, según CNAI.
Mientras la fuerza pública se concentró en combatir a las FARC, florecieron otros grupos ultraderechistas irregulares.
La CNAI advirtió a fines de 2009 que el longevo conflicto armado está empantanado. El tratado que abre las bases colombianas a EU muestra la intención de solucionar la guerra interna militarmente. “Las elites locales económicas y políticas siguen usando grupos ilegales para mantener o expandir sus capitales”, afirma Ariel Ávila, de CNAI. En tanto, la gran preocupación es la inseguridad urbana, tal vez relacionada con la desmovilización de miles de paramilitares.
“El asistencialismo fue característico del gobierno de Uribe”, dijo a la agencia IPS Enrique Daza, director del Centro de Estudios de Trabajo. “El presupuesto público lo repartió de pueblo en pueblo como si hiciera favores, a través de los Consejos Comunales televisados de los sábados”, explicó. “Similar comportamiento se observó con el programa Familias en Acción”, dijo, que da cada mes unos 40 dólares a casi 2 mil ancianos y jefas de familia. Pero, el desempleo en julio fue de 12.1% de la población laboral, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el más alto en América Latina.
En salud, “la atención es una catástrofe, agrega Daza. El gobierno acepta que 10.5 millones de los 45 millones de colombianos carecen de seguro de salud, pero los operadores privados obtienen 30% de ganancias. Cifras oficiales admiten además que 20.5 millones de colombianos son pobres y 7.9 millones indigentes.
En cuanto a la desmovilización de las milicias paramilitares, la elite colombiana encargó a Uribe, en 2002, ponerle límites a esas fuerzas salidas de madre, tras el fracaso del diálogo con la guerrilla.
La negociación para desmovilizar al brazo armado del paramilitarismo fue secreta y produjo una ley diseñada por el gobierno: los irregulares confesarían los delitos que quisieran y cumplirían un máximo de ocho años de cárcel, en fincas acondicionadas. Pero la Corte Constitucional impuso la “verdad completa” y cárcel común. La medida generó en un lustro una avalancha de confesiones que el sistema no está en capacidad de procesar, según Michael Reed, del Centro Internacional para la Justicia Transicional. “98% de los desmovilizados han quedado en la impunidad”, opina a su vez Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas.
Con todo, se han recuperado 3 mil 299 cuerpos enterrados en fosas comunes, y conocido la ubicación de otros 2.mil. Los autores intelectuales siguen ocultos, pero la Corte Suprema avanzó en demostrar que el paramilitarismo es una estructura organizada de poder cuyas acciones constituyen crímenes contra la humanidad, por su carácter sistemático y generalizado.
Hoy no hay una sola sentencia ejecutoriada. Pero el gobierno exhibe una importante reducción de homicidios.
Constanza Vieira y Helda Martínez/Especial/Bogotá, Milenio, 7 de agosto.
Además de la guerra sin cuartel a las guerrillas izquierdistas de las FARC y el ELN, el lema que demostró a diario durante ocho años fue “trabajar, trabajar y trabajar”. Los colombianos vieron por primera vez a un presidente que recorría el país. Su cultivada imagen de hombre “sincero” y “directo” convenció a muchos de que se trataba del mejor gobernante de la historia colombiana.
Logró su segundo mandato valiéndose de métodos, considerados ilegales, ejecutados por terceros, camino que intentó repetir para un tercer mandato pero la Corte Constitucional lo atajó. Su gran argumento fue siempre su popularidad, cuyo nivel más bajo rondó 64%.
Uribe sale en medio de escándalos y sus más feroces críticos hacen paralelos con Alberto Fujimori, quien tras gobernar Perú (1990-2000) terminó condenado por corrupción y violaciones humanitarias.
Su gobierno recurrió a fondos reservados de seguridad para espiar a jueces, defensores de derechos humanos, opositores y periodistas, según confesó un ex alto funcionario de la agencia de inteligencia DAS.
Su presión por resultados militares y su política de recompensas llevaron a los “falsos positivos”, como son llamados los asesinatos de civiles por el ejército, reportarlos como guerrilleros muertos en combate.
Paradójicamente, Uribe terminó fortaleciendo los argumentos que dieron origen a las guerrillas que enfrentó militarmente, pues entregó a las más ricas familias los jugosos subsidios Agro Ingreso Seguro, diseñados para auxiliar a los sectores afectados por el TLC con EU, que finalmente no prosperó.
En lo internacional destacan las relaciones rotas con Ecuador, tras bombardear un campamento temporal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en ese país para evitar la negociación internacional en un caso de toma de rehenes con uno de sus jefes. También tuvo tensión con Venezuela, tras acusar al gobierno de Hugo Chávez de albergar guerrillas.
Con financiamiento extranjero (el Plan Colombia) amplió la presencia militar, mejorando la percepción de seguridad. Reorganizó las Fuerzas Militares, que conquistaron y mantienen el control de los centros económicos clave y las principales carreteras. Según el Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI), Uribe redujo 40% la fuerza guerrillera, aunque resta aún por recuperar la mitad del territorio de 1.1 millones de km cuadrados. Los combates se trasladaron al territorio restante, que antes no mostraba mayor intensidad bélica, y afectan a 40% de la población. “En general, las FARC mantienen su capacidad militar y la fuerza pública consolidó su control sobre el centro del país”, según CNAI.
Mientras la fuerza pública se concentró en combatir a las FARC, florecieron otros grupos ultraderechistas irregulares.
La CNAI advirtió a fines de 2009 que el longevo conflicto armado está empantanado. El tratado que abre las bases colombianas a EU muestra la intención de solucionar la guerra interna militarmente. “Las elites locales económicas y políticas siguen usando grupos ilegales para mantener o expandir sus capitales”, afirma Ariel Ávila, de CNAI. En tanto, la gran preocupación es la inseguridad urbana, tal vez relacionada con la desmovilización de miles de paramilitares.
“El asistencialismo fue característico del gobierno de Uribe”, dijo a la agencia IPS Enrique Daza, director del Centro de Estudios de Trabajo. “El presupuesto público lo repartió de pueblo en pueblo como si hiciera favores, a través de los Consejos Comunales televisados de los sábados”, explicó. “Similar comportamiento se observó con el programa Familias en Acción”, dijo, que da cada mes unos 40 dólares a casi 2 mil ancianos y jefas de familia. Pero, el desempleo en julio fue de 12.1% de la población laboral, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el más alto en América Latina.
En salud, “la atención es una catástrofe, agrega Daza. El gobierno acepta que 10.5 millones de los 45 millones de colombianos carecen de seguro de salud, pero los operadores privados obtienen 30% de ganancias. Cifras oficiales admiten además que 20.5 millones de colombianos son pobres y 7.9 millones indigentes.
En cuanto a la desmovilización de las milicias paramilitares, la elite colombiana encargó a Uribe, en 2002, ponerle límites a esas fuerzas salidas de madre, tras el fracaso del diálogo con la guerrilla.
La negociación para desmovilizar al brazo armado del paramilitarismo fue secreta y produjo una ley diseñada por el gobierno: los irregulares confesarían los delitos que quisieran y cumplirían un máximo de ocho años de cárcel, en fincas acondicionadas. Pero la Corte Constitucional impuso la “verdad completa” y cárcel común. La medida generó en un lustro una avalancha de confesiones que el sistema no está en capacidad de procesar, según Michael Reed, del Centro Internacional para la Justicia Transicional. “98% de los desmovilizados han quedado en la impunidad”, opina a su vez Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas.
Con todo, se han recuperado 3 mil 299 cuerpos enterrados en fosas comunes, y conocido la ubicación de otros 2.mil. Los autores intelectuales siguen ocultos, pero la Corte Suprema avanzó en demostrar que el paramilitarismo es una estructura organizada de poder cuyas acciones constituyen crímenes contra la humanidad, por su carácter sistemático y generalizado.
Hoy no hay una sola sentencia ejecutoriada. Pero el gobierno exhibe una importante reducción de homicidios.
Constanza Vieira y Helda Martínez/Especial/Bogotá, Milenio, 7 de agosto.
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