El Instituto para la Protección de la Propiedad Privada y el Comercio Legal (IPPIC) considera que la estrategia gubernamental de combate a la piratería criminaliza a la población pobre que se dedica a su comercialización.
"Los mecanismos de combate a la piratería no reconocen que se trata de un problema social y de mercado. Si existe la piratería es porque hay trabajadores con bajo nivel adquisitivo que no pueden comprar mercancías originales y desempleados cuya única alternativa es el empleo informal. Y esta parte no se reconoce dentro de la estrategia", dijo Fidel López, director de IPPIC, una asociación civil formada por empresarios.
El 29 de junio pasado entró en vigor la reforma a los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, que persigue de oficio la venta de piratería y establece penas de 2 meses a 3 años de prisión y multas de mil a 10 mil días de salario mínimo a quien comercialice piratería.
Para Fidel López, la reforma expone a escenarios de corrupción e impunidad. "En los últimos 10 años el combate a la piratería en México ha privilegiado acciones penales y esto confirma que la estrategia seguida desde la perspectiva punitiva ha sido fallida por la ineficacia de las tareas de investigación del delito y limitación del mero aseguramiento, dejando impune las estructuras criminales", sostuvo López.
Agregó que la piratería, para su erradicación, debe ser reconocida como un fenómeno social ligado a la legalidad, precariedad económica y desempleo formal en el País.
"Hoy en día la piratería se ha convertido en una conducta indebida socialmente aceptada porque no hay base de empleo, ingresos", explicó el director de la asociación empresarial.
"Los mecanismos de combate a la piratería no reconocen que se trata de un problema social y de mercado. Si existe la piratería es porque hay trabajadores con bajo nivel adquisitivo que no pueden comprar mercancías originales y desempleados cuya única alternativa es el empleo informal. Y esta parte no se reconoce dentro de la estrategia", dijo Fidel López, director de IPPIC, una asociación civil formada por empresarios.
El 29 de junio pasado entró en vigor la reforma a los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, que persigue de oficio la venta de piratería y establece penas de 2 meses a 3 años de prisión y multas de mil a 10 mil días de salario mínimo a quien comercialice piratería.
Para Fidel López, la reforma expone a escenarios de corrupción e impunidad. "En los últimos 10 años el combate a la piratería en México ha privilegiado acciones penales y esto confirma que la estrategia seguida desde la perspectiva punitiva ha sido fallida por la ineficacia de las tareas de investigación del delito y limitación del mero aseguramiento, dejando impune las estructuras criminales", sostuvo López.
Agregó que la piratería, para su erradicación, debe ser reconocida como un fenómeno social ligado a la legalidad, precariedad económica y desempleo formal en el País.
"Hoy en día la piratería se ha convertido en una conducta indebida socialmente aceptada porque no hay base de empleo, ingresos", explicó el director de la asociación empresarial.
Daniela Rea, Reforma, 3 de agosto.
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