Documenta CNDH crímenes de Estado

Pasar un retén, correr asustado o hacer un movimiento en falso frente a militares, marinos o policías federales, puede ser motivo para que las fuerzas de seguridad consideren a una persona como criminal y disparen a matar.

Estos son algunos de los patrones detectados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en homicidios de civiles y presuntos criminales cometidos por agentes federales, llamados también ejecuciones extrajudiciales.

De diciembre de 2006 a la fecha, la CNDH ha emitido 31 recomendaciones por ejecuciones extrajudiciales dirigidas a la Sedena, Marina y Secretaría de Seguridad Pública federal, principalmente, relacionadas con hechos que dejaron un saldo total de 47 civiles muertos. Dos de las recomendaciones se registraron en 2007, cinco en 2008, dos en 2009, ocho en 2010, y 14 en lo que va del año.

Según el derecho internacional humanitario, una ejecución extrajudicial se define como el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen.

En una revisión a las recomendaciones, se encontró que en 15 casos las víctimas resultaron heridas por las fuerzas de seguridad y murieron sin atención médica y en 12 murieron en el instante, casi todas por no hacer alto en retenes o encontrarse en un supuesto fuego cruzado.

En otros cinco casos, las víctimas recibieron el tiro de gracia o les dispararon a menos de un metro de distancia. A tres, les dispararon por la espalda, otros cuatro fueron detenidos y después aparecieron muertos. A cuatro más los mataron a golpes porque "se les pasó la mano", mientras que otras cuatro personas murieron en un enfrentamiento con una granada arrojada por militares.

Como el caso de Patricia Terroba, quien murió por la agresión de marinos que dispararon 53 veces a su automóvil en medio de un operativo contra Arturo Beltrán, y que impidieron a su familia buscar auxilio médico, en Cuernavaca. O el de Gregorio Bojórquez, quien tomaba un descanso en un cerro de Mocorito, Sinaloa, cuando asustado por la presencia de marinos corrió y fue baleado por la espalda, abandonado en el campo hasta morir desangrado.

En la mayoría de los casos, el organismo documentó la criminalización de las víctimas, el cambio de la versión de los hechos y la alteración de la escena del crimen, como en el homicidio de Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del Tec de Monterrey, quienes murieron durante una balacera en marzo de 2010.

 
 
Impunidad y criminalización
 
La Procuraduría General de la República ha reconocido en lo que va del sexenio 337 civiles inocentes muertos en el fuego cruzado, confundidos con maleantes o asesinados por no acatar retén u orden de "alto".

La CNDH ha documentado entre 2010 y 2011 la muerte de 150 "víctimas inocentes fallecidas en acciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno", que derivaron en recomendación o están en proceso de investigación, según un reporte entregado a petición de REFORMA.

La cifra oficial de ejecuciones es mínima en relación a las 34 mil 612 personas muertas de diciembre de 2006 a enero de 2011, lo cual refleja dos realidades, la impunidad sistemática y la criminalización a priori de las víctimas, sostiene Steven Dudley, co director de la organización InSight Crimen Organizado en las Américas.

Para Dudley, la falta de investigación impide a la sociedad conocer la verdad sobre los homicidios y sus responsables, pero con esa ausencia el Gobierno confirma el desinterés por evaluar los efectos de su estrategia contra el crimen organizado.

Recientemente, la organización Human Rights Watch señaló en su informe "Ni seguridad, ni derechos" que la PGR había iniciado 997 investigaciones por esas muertes y sólo en 22 casos había sentencia condenatoria. Además, cuestionó el discurso del Gobierno federal sobre que la mayoría de las personas que pierden la vida en hechos de violencia vinculados al narcoo son miembros de bandas delictivas.

Con estos elementos, Froylán Enciso, doctorante en historia por la Universidad Estatal de Nueva York y co autor de la serie de ensayos "Los grandes problemas de México", de El Colegio de México, plantea la hipótesis de la creación del concepto del "enemigo" por parte del Estado Mexicano.

"El Estado crea un enemigo para legitimarse y hacernos creer que está haciendo algo, entonces el enemigo se vuelve abstracto y puede ser cualquiera, un estudiante, una ama de casa, un trabajador. Lo que se está creando al considerar delincuente a alguien por su aspecto y no por un proceso jurídico, es el discurso de los buenos contra los malos, entonces, bajo esa lógica, el enemigo puede ser cualquiera", alerta.

Ambos especialistas apuntan que cualquier criminal tiene derecho al debido proceso judicial -así lo señala el artículo 16 de la Constitución Mexicana y el 8 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos- y que el respeto a esta máxima es el sustento de la justicia.

"Una ejecución es la contradicción máxima en la que puede incurrir un Gobierno,porque está actuando contra su propio fin, interés, que es defender el Estado de derecho, así lo deslegitima. La responsabilidad viene desde el Presidente Calderón que ha impulsado esta forma de entender la ley", señala Enciso.

"Es muy peligroso que avance la idea de que se puede matar a alguien porque alguien ha infringido la ley. Eso quiere decir que está fallando el Estado de derecho", advierte Dudley.

 
 
 
Alteran pruebas, cambian versión...

 
Conclusiones a las que llegó la CNDH en algunas de las investigaciones sobre muertes de civiles por parte de las fuerzas de seguridad:
 
Recomendación 45/2011
Autoridades: SSP
Hechos: El 22 de septiembre de 2010, la víctima era perseguida por patrullas de la SSP y al chocar con otro coche, se resguardó en una casa hasta donde llegaron los policías federales y uno de ellos le disparó por la espalda. Se cambió versión de los hechos, se retuvo al hermano y testigo para obligarlo a confesar que la víctima les disparó primero.

 
 
 
Recomendación: 42/2011
Autoridades: Sedena
Hechos: El 3 de marzo de 2010, Juan Carlos Peña y Rocío Elías se encontraron en un fuego cruzado. Tras resguardarse, Rocío pidió ayuda para su esposo. Los militares respondieron con tiros, 14 a ella y 7 a él. Los militares "sembraron" armas.

 
 
 
Recomendación 34/2011
Autoridades: Marina, Gobierno de NL
Hechos: El 21 de marzo de 2010, Humberto y Lucio fueron detenidos por policías de Santa Catarina, presuntamente por narcomenudeo. Al ser trasladados a la PGR hubo un ataque contra el convoy policial y se pidió refuerzo a la Marina, quienes se llevaron a los detenidos y heridos. Al día siguiente, apareció el cuerpo de Humberto. No se acreditó homicidio.

 
 
 
Recomendación 83/2010
Autoridades: Marina
Hechos: Durante un operativo para capturar a Beltrán Leyva, elementos de la Marina disparan contra el automóvil que conducía Patricia Terroba.

 
 
 
Recomendación 45/2010
Autoridades: Sedena
Hechos: El 19 de marzo de 2010, los estudiantes del ITESM Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado mueren durante un enfrentamiento entre el Ejército y sicarios. Según la CNDH, fueron golpeados por militares, les sembraron armas y alteraron la escena donde cayeron.

 
 
 
Recomendación 36/2010
Autoridades: Sedena
Hechos: La familia Almanza Salazar pasa un retén militar en la carretera Nuevo Laredo-Reynosa y sin motivo los soldados disparan contra la camioneta, causando la muerte de los niños Bryan y Martin. La CNDH concluyó que se alteró la escena y se cambió la versión para simular un fuego cruzado.

 
 
 
Recomendación: 36/2008
Autoridades: Sedena
Hechos: El 26 de marzo de 2008, militares disparan sin motivo alguno contra siete tripulantes de una Hummer en Badiraguato, Sinaloa, falleciendo cuatro de ellos. Los soldados cambiaron la versión de los hechos. La CNDH comprobó que los jóvenes no traían armas.

 
 
 
Recomendación: 40/2007
Autoridades: Sedena
Hechos: Militares bajo los efectos del alcohol disparan contra una familia en Badiraguato, Sinaloa, el 1 de junio de 2007. Los soldados argumentan que dispararon porque escucharon un "fogonazo" de la camioneta.

 
 
 
Casos
 
31 recomendaciones de 2006 a la fecha
47 muertes de civiles fueron investigadas por la CNDH
150 víctimas inocentes fallecidas en acciones de seguridad entre 2010 y 2011


Daniela Rea, Reforma, 28 de noviembre.