“Las fuerzas federales no fueron creadas para respetar garantías”

Las casi 25 mil denuncias interpuestas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por violaciones a los derechos humanos de la sociedad civil a manos de fuerzas federales, “es una cifra alarmante por sí misma”, consideró Vicente Fernández Fernández, profesor investigador del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Esto es un reflejo, dijo a Crónica, de lo que enfrenta el gobierno en su combate contra la delincuencia organizada, y por ello los posibles abusos que pudieran cometer el Ejército o la Marina, al haber “lanzado” a la calle a estas instituciones que no fueron creadas para respetar los derechos humanos.

 En el caso de el Ejército y la Marina, añadió, no son instituciones que fueron hechas para labores de supervisión, “y obviamente no están preparadas para respetar los derechos humanos en sus operativos, porque simplemente ellos siguen una línea de mando y una orden que se cumple a cabalidad,  sin interesarse por los derechos humanos”, dijo.

 Al respecto, consideró que fue un error haber sacado a la calle a estos elementos sin haber realizado un análisis ni preparación previa para este tipo de acciones, “máxime si las policías están rebasadas para combatir la delincuencia”.

Sin embargo, también señaló que aclarar que ese cúmulo de denuncias incluye desde desapariciones hasta cuestiones menores, como pasar por un retén y sólo ser objeto de un maltrato en donde sólo queda esa mala experiencia en donde la persona siente que algo estuvo mal.

Habría que ver en cuántos de estos casos la CNDH investigó y en cuántos se concluyó que en efecto hubo violaciones como para emitir una recomendación “y esas cifras no las tenemos”, precisó.

 DERECHO A INDEMNIZACIÓN

 Asimismo, el experto señaló que con base en el artículo 113, segundo párrafo, de la Constitución mexicana, indica que ante toda actuación irregular por parte del Estado, incluido el Ejército, Marina, PGR, SSP, tenemos derecho a una indemnización, y también en apego al artículo 10 de la Convención  Interamericana de Derechos Humanos, a la que México se acoge también está el tema de la indemnización por error judicial ante cualquier intervención del Estado.

Lo cierto, indicó, es que éste es un tema reciente y no hay mucha difusión todavía, además de ser un procedimiento tardado, el problema es que existe miedo a interponer este tipo de recursos por temor a represalias, con lo que la sociedad civil queda indefensa ante este tipo de operativos, porque si alguien va en la carretera, y hay un retén, “ya sabemos el riesgo que se corre si no se para la gente y sufrir una serie de vejaciones, por más que el artículo 16 diga que nadie puede ser molestado en sus bienes, propiedades o derechos, sino mediante una orden escrita”, lamentó.


Cecilia Higuera, La Crónica, 29 de noviembre.