Presidencia irá contra denunciantes de FCH

El Gobierno federal rechazó ayer las imputaciones “falsas y calumniosas” de quienes el viernes pasado presentaron ante la Corte Penal Internacional una denuncia por crímenes de guerra en contra del presidente Felipe Calderón y otros funcionarios, y anunció que explora “todas las alternativas para proceder legalmente en contra de los denunciantes”.

La Presidencia de la República señaló en un comunicado que “México enfrenta una inédita escalada de agresión realizada por delincuentes tanto del orden común como del crimen organizado”.

Y añade que “ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación” y la petición expresa de sus autoridades estatales, el gobierno federal “ordenó se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley”.

Añadió que “en estas acciones, las fuerzas federales cumplen con sus deberes constitucionales y legales”, y “se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos”.

El comunicado añade que “en los casos en los que desafortunadamente se ha tenido conocimiento de actos violatorios a los derechos humanos, el gobierno mexicano no sólo los ha condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los responsables ante los tribunales competentes”.

Sostuvo además que “ante la magnitud de la problemática generada por la acción criminal y en consideración al número de personas que han sido detenidas actuando al margen de la ley, estos casos (violatorios de los derechos humanos) han sido verdaderamente excepcionales”.

Y agrega que en el desempeño de las fuerzas federales, “la observancia de la ley ha sido claramente la regla y no la excepción”. Las violaciones a las garantías individuales “no son, de ningún modo, sistemáticas, ni mucho menos resultado de una política institucional”.

La Presidencia manifestó que “es absurdo siquiera tratar de equiparar lo que un gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales, con delitos de lesa humanidad que son cometidos por Estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas”.

El boletín oficial asienta por último que “las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México”.


La Crónica, 28 de noviembre.