Alienta impunidad a radicalización

La falta de respuesta del Estado a los reclamos de justicia y las agresiones en contra de quienes demandan el cumplimiento de derechos podrían derivar en una radicalización de la protesta, advierte Javier Sicilia.

Para el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) los asesinatos de los activistas Nepomuceno Moreno y Trinidad de la Cruz, y los de dos jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa exhiben la vulnerabilidad que enfrentan en México los sectores inconformes.

La respuesta violenta a las demandas de justicia, y la impunidad que la acompaña, advierte, alientan la desesperación.

"El desencanto es generalizado y del descontento y la desesperación surge cualquier tipo de cosas, más en un país donde reina un profundo nihilismo. Yo no hablaría de anarquía, porque tiene una dignidad, sino de un profundo nihilismo donde no hay un Estado", señala en entrevista.

El sexenio entra a su último tramo entre reclamos no atendidos de víctimas de la violencia y agresiones a activistas, ¿qué opciones?

Estamos en posibilidad de construir una agenda de unidad nacional si esta partidocracia tiene voluntad de servir a la nación. Si no, veremos recrudecerse aún más la violencia y estamos cerca de un estallido de otra naturaleza.

Cuando en la Caravana al Sur hablé de que éste era el último movimiento pacífico no lo decía porque vamos a radicalizarnos nosotros. Si este movimiento que sentó al Presidente, que ha sentado a los legisladores, que visibilizó a víctimas y que trabajó con procuradurías no ha obtenido justicia a través del diálogo, el mensaje que están lanzando a los grupos radicales es que no hay otro camino sino la violencia.

 
 
¿Quiénes son responsables?

La ausencia de Estado es lo que provocó el asesinato de Nepomuceno Moreno, de Pedro Leyva y Trinidad de la Cruz, y las agresiones a otros defensores, como Norma Andrade, o la desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista.

Si se recrudece el reclamo social, veremos entonces respuestas represivas como ocurrió en Guerrero
Los gobiernos vuelven a poner el énfasis de que la violencia es la única forma para combatir el reclamo social. Sólo tienen imaginación para la violencia. Estas muertes de los muchachos es la prueba más clara. No dejan de ver a la seguridad como la seguridad de las instituciones, que son una abstracción, y no la seguridad ciudadana.

Los muchachos asesinados son la prueba de que a los políticos, los ciudadanos, los tienen sin cuidado. Ellos no ponen atención en lo que planteamos acerca de una ley de seguridad humana, ciudadana, de construir vida civil. Siguen en la lógica de que se deben cuidar las instituciones con el aumento de violencia.

El camino que nos están abriendo es un camino que va al desfiladero, al abismo de los 63 mil muertos, que no paran, que se recrudecen. Las elecciones están aumentando la criminalidad y la violencia. Esto debería prender focos rojos y unir a los partidos políticos en función de la nación, de la gente.

 
 
Las agresiones al movimiento ¿son ataques selectivos?

Nos enseñan el tremendo vacío de poder, de Estado. Por la presión que ha hecho el movimiento de visibilizar y empujar hacia la justicia, los elementos criminales que hay adentro y afuera del Estado se ensañan y vulneran más la vida de los ciudadanos, sobre todo de los luchadores sociales.

 
 
¿Ven algún mensaje en las agresiones?

No, no un mensaje directo. En Ostula pudieron haber matado a todos, pero no se tocó a más. Nos prenden focos rojos. Tenemos que buscar medidas de protección más serias, protegernos a nosotros mismos, presionar más para que sus medidas cautelares sean reales.

 
 
¿Ha habido imprudencia?

Sí. La hubo en Coatzacoalcos (donde habría una emboscada a la Caravana al Sur). En el caso de Ostula no se mapeó bien la zona. No se sabía bien en qué condiciones estaba el conflicto y se entró con mucha irresponsabilidad. Fue una parte de irresponsabilidad nuestra. Son cosas que tenemos que empezar a pensar con mayor serenidad y seriedad.

Por otro lado, sigue la omisión de la autoridad. El gobernador (de Michoacán) dijo que la caravana no había pedido seguridad. Ostula la había pedido. Para el gobierno los indios no cuentan, teníamos que pedirla desde el movimiento. La gente de Ostula y de Cherán había pedido seguridad. Que (el gobernador Leonel Godoy) no diga que no se ha pedido. Las comunidades se han cansado de hacerlo.

 
 
¿Cómo procederá el movimiento ante las agresiones?

Estamos en un proceso de autocrítica, de valoración hacia dónde vamos y cómo lo haremos. Las víctimas están muy enojadas, muy desconfiadas del Estado y lo que quieren es la justicia y buscan hasta formas más radicales de presencia. Si el Estado no responde obligan a la gente a la radicalización y a ponerse en mayor peligro. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las víctimas, que no están amedrentadas, están encabronadas, están furiosas, dolidas frente a la inoperancia del Estado para dar justicia y seguridad.


Daniela Rea, Reforma, 15 de diciembre.