Cuestionan proceso de 'paras'

BOGOTÁ.- La masiva desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), generó una polémica legal en el país sudamericano similar a la desatada, actualmente, por el nombramiento de los "gestores de paz".

En julio de 2003, las AUC se comprometieron con el Gobierno a desmovilizar todas sus tropas antes del 31 de diciembre de 2005; sin embargo, el desarme tomó más tiempo de lo planeado y concluyó hasta el 30 de abril de 2006.

Con el proceso en marcha, la Administración de álvaro Uribe presentó ante el Congreso un proyecto de ley que sirviera de marco jurídico para el mismo.

La llamada Ley de Justicia y Paz, aprobada por el Legislativo en junio de 2005, concede penas mínimas de prisión, de hasta 8 años, a los ex combatientes que confiesen sus crímenes, colaboren con la justicia y repararen a las víctimas.

Tras entregar sus armas, los principales cabecillas de las AUC fueron encarcelados a la espera de que jueces especiales definieran si debían o no acceder a los beneficios de ley.

Pero en mayo de 2008, por burlar a la justicia y en una medida ejemplarizante, 13 de los máximos lideres paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

De los casi 32 mil combatientes desmovilizados, sólo 3 mil 710, incluidos sus líderes, fueron postulados a la Ley de Justicia y Paz. El resto de ex combatientes en la práctica fue indultado, en medio de indefiniciones jurídicas aún por resolver.
Octavio Pineda corresponsal, Reforma, 20 de abril.

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