El informe sobre el de cumplimiento en la transmisión de espots electorales, presentado por la secretaría ejecutiva al Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), reporta que en televisión se difundió 99 por ciento de los mensajes, con 8 por ciento fuera de la pauta ordenada, y en la radio se transmitió 98 por ciento, con 17 por ciento fuera de la pauta remitida por el instituto a los concesionarios.
Al defender la instrumentación del nuevo modelo de comunicación del IFE, el consejero presidente Leonardo Valdés sostuvo: “Es necesario destacar que un número limitado de quejas y denuncias, a propósito de casos particulares en periodos delimitados, ha opacado la realidad de una implementación generalizada de la ley”. Sin embargo, censuró que Televisión Azteca no haya bloqueado señales en Jalisco y Nuevo León para la transmisión de los promocionales locales, según detectó el IFE.
“Esta situación puede generar inconformidad entre los partidos políticos contendientes, pues se deja sin personalidad propia a los candidatos y fuerzas locales. De suyo, puede considerarse el principal foco de atención a resolver para las campañas locales”, dijo Valdés.
Según el informe, se difundieron 7 millones 795 mil 680 promocionales en todas las estaciones de radio y televisión.
El representante del PSD, Miguel González, destacó el alto nivel de cumplimiento, que se vió opacado por el “cinismo, la vergüenza a la que nos somete un partido (el PVEM), que de manera absoluta y rotunda viola la ley”. Dijo que la compra ilegal de espots le ha permitido aparecer más tiempo que durante la precampaña, afectando la equidad de la contienda, por lo que su partido presentará otra queja.
La valoración de los consejeros sobre el informe fue diversa. Marco Antonio Baños señaló que el reporte sobre los millones de espots coloca en sus dimensiones reales los errores que hubo en Nuevo León. Marco Antonio Gómez Alcántar dijo que más allá de los elevados porcentajes de transmisión, el IFE debería poner atención a los 300 incumplimientos detectados en la transmisión de mensajes, que deben ser aclarados.
Durante el debate, Roberto Gil alertó sobre la lentitud con que avanza la instalación de los 150 centros de monitoreo, pues a la fecha sólo se han instalado cuatro, que tienen cobertura de 6.6 por ciento de la audiencia fuera de las tres grandes ciudades que tienen sus propios centros. El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, dio a conocer que de los centros que faltan por entrar en operación, unos lo harán el 5 de abril, otros el 12 y el resto el día 19, y estarán operando plenamente a más tardar el 24 de abril.
La aprobación de los monitoreos de los noticiarios de radio y televisión generó agrio debate entre los consejeros para determinar la instancia que elaborará el listado a los cuales dará seguimiento la Universidad Nacional Autónoma de México.
Gómez Alcántar y Baños pugnarán porque la decisión se adopte en el Comité de Radio y Televisión; en tanto, Arturo Sánchez reivindicó que legalmente es competencia del secretario ejecutivo.
Finalmente Valdés propuso y logró la aprobación de una fórmula mediante la cual se combinará la participación de ambas instancias. El monitoreo abarcaría entre 250 y 300 noticiarios de mayor audiencia y los resultados serán difundidos por el IFE.
Por otra parte, desde enero de este año el IFE ha iniciado el procesamiento de 146 quejas o investigaciones de oficio relacionadas con el proceso electoral, de las cuales dos terceras partes han sido auspiciadas por los propios partidos políticos, según el informe de quejas presentado por la secretaría ejecutiva al Consejo General del organismo.
Al defender la instrumentación del nuevo modelo de comunicación del IFE, el consejero presidente Leonardo Valdés sostuvo: “Es necesario destacar que un número limitado de quejas y denuncias, a propósito de casos particulares en periodos delimitados, ha opacado la realidad de una implementación generalizada de la ley”. Sin embargo, censuró que Televisión Azteca no haya bloqueado señales en Jalisco y Nuevo León para la transmisión de los promocionales locales, según detectó el IFE.
“Esta situación puede generar inconformidad entre los partidos políticos contendientes, pues se deja sin personalidad propia a los candidatos y fuerzas locales. De suyo, puede considerarse el principal foco de atención a resolver para las campañas locales”, dijo Valdés.
Según el informe, se difundieron 7 millones 795 mil 680 promocionales en todas las estaciones de radio y televisión.
El representante del PSD, Miguel González, destacó el alto nivel de cumplimiento, que se vió opacado por el “cinismo, la vergüenza a la que nos somete un partido (el PVEM), que de manera absoluta y rotunda viola la ley”. Dijo que la compra ilegal de espots le ha permitido aparecer más tiempo que durante la precampaña, afectando la equidad de la contienda, por lo que su partido presentará otra queja.
La valoración de los consejeros sobre el informe fue diversa. Marco Antonio Baños señaló que el reporte sobre los millones de espots coloca en sus dimensiones reales los errores que hubo en Nuevo León. Marco Antonio Gómez Alcántar dijo que más allá de los elevados porcentajes de transmisión, el IFE debería poner atención a los 300 incumplimientos detectados en la transmisión de mensajes, que deben ser aclarados.
Durante el debate, Roberto Gil alertó sobre la lentitud con que avanza la instalación de los 150 centros de monitoreo, pues a la fecha sólo se han instalado cuatro, que tienen cobertura de 6.6 por ciento de la audiencia fuera de las tres grandes ciudades que tienen sus propios centros. El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, dio a conocer que de los centros que faltan por entrar en operación, unos lo harán el 5 de abril, otros el 12 y el resto el día 19, y estarán operando plenamente a más tardar el 24 de abril.
La aprobación de los monitoreos de los noticiarios de radio y televisión generó agrio debate entre los consejeros para determinar la instancia que elaborará el listado a los cuales dará seguimiento la Universidad Nacional Autónoma de México.
Gómez Alcántar y Baños pugnarán porque la decisión se adopte en el Comité de Radio y Televisión; en tanto, Arturo Sánchez reivindicó que legalmente es competencia del secretario ejecutivo.
Finalmente Valdés propuso y logró la aprobación de una fórmula mediante la cual se combinará la participación de ambas instancias. El monitoreo abarcaría entre 250 y 300 noticiarios de mayor audiencia y los resultados serán difundidos por el IFE.
Por otra parte, desde enero de este año el IFE ha iniciado el procesamiento de 146 quejas o investigaciones de oficio relacionadas con el proceso electoral, de las cuales dos terceras partes han sido auspiciadas por los propios partidos políticos, según el informe de quejas presentado por la secretaría ejecutiva al Consejo General del organismo.
Alonso Urrutia, La Jornada, 1º de abril.
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