De nueva cuenta, la propaganda negativa del PAN para descalificar al PRI fue motivo de debate y de sanción en el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE). En esta ocasión por desplegados publicados en las revistas Nexos y Letras Libres, si bien, de nueva cuenta, Acción Nacional se libró de que dichas inserciones fueran consideradas actos anticipados de campaña, como exigía el PRI.
La madrugada de este martes, el Consejo General estaba resolviendo una nueva multa de 465 mil 800 pesos contra el PAN, en medio de descalificaciones del representante del blanquiazul, Roberto Gil, contra lo que consideró una ambigua postura del tricolor, que por un lado, dijo, pide al IFE que se aplique la censura al PAN y por otro lado, difunde propaganda que bajo esos criterios tendría que solicitarse ser retirada.
La discusión volvió a mostrar las sustanciales diferencias entre los consejeros electorales sobre libertad de expresión, pues las posturas oscilaron entre quienes consideraron que la propaganda panista era denigratoria y calumiaba al PRI, en tanto otros defendieron las críticas de contraste y la libertad de expresión.
En este contexto, Gil anunció ayer al mediodía que impugnará esta nueva resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque la penalización limita la libertad de expresión y la posibilidad de que exista un debate libre y desinhibido, que incluye el pasado del PRI.
Entrevistado en la sede del partido, adonde acudieron ayer mujeres panistas de Michoacán exigiendo el cumplimiento de la cuota de género en aquella entidad, Gil dijo que el IFE no debe ser espacio de censura sino de fomento al debate. “La autoridad tiene como función primordial promover esos debates por incómodos que puedan ser para ciertos adversarios, por incómodos que puedan ser para ciertos partidos políticos”.
Durante el debate de la madrugada, el consejero Benito Nacif dijo que el IFE no puede actuar como juzgado de lo civil para proteger el derecho a la honra de una de las partes involucradas. Este no es un conflicto entre particulares, pues lo que el IFE está arbitrando son temas de interés público y, por tanto, hay razones para ser tolerantes en materia de libertad de expresión, por lo que sugirió que el IFE sólo debería actuar en casos extremos donde se incite a la violencia.
La respuesta del representante del PRI ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada, fue casi inmediata: “Desde su punto de vista hay que reservar la actuación para cuando se promueva la violencia o el odio. Llamar a una organización política mafia no es generar violencia ni odio. Imputarle delitos no es generar violencia ni odio, a lo mejor alguien se siente incómodo. Sus argumentos, francamente, se caen solos”.
Gil respondería que trató de evidenciar la incongruencia priísta al citar propaganda de algunos sectores de ese partido donde se denigra al líder del PAN, Germán Martínez. Lo que queda claro es que el PRI pretende resoluciones sancionatorias para otros partidos, cuando por otro lado recurre a la propaganda que impugna.
En el proyecto de resolución aprobado, el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, consideró que la propaganda panista transgredía el principio constitucional respecto a la libertad de expresión. Esta autoridad –dijo en la sesión– no pretende ni inhibir la libertad de expresión ni censurar, pero en el caso de la propaganda del PAN se pasa de la crítica severa para caer en el ámbito de la calumnia y la denigración.
La madrugada de este martes, el Consejo General estaba resolviendo una nueva multa de 465 mil 800 pesos contra el PAN, en medio de descalificaciones del representante del blanquiazul, Roberto Gil, contra lo que consideró una ambigua postura del tricolor, que por un lado, dijo, pide al IFE que se aplique la censura al PAN y por otro lado, difunde propaganda que bajo esos criterios tendría que solicitarse ser retirada.
La discusión volvió a mostrar las sustanciales diferencias entre los consejeros electorales sobre libertad de expresión, pues las posturas oscilaron entre quienes consideraron que la propaganda panista era denigratoria y calumiaba al PRI, en tanto otros defendieron las críticas de contraste y la libertad de expresión.
En este contexto, Gil anunció ayer al mediodía que impugnará esta nueva resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque la penalización limita la libertad de expresión y la posibilidad de que exista un debate libre y desinhibido, que incluye el pasado del PRI.
Entrevistado en la sede del partido, adonde acudieron ayer mujeres panistas de Michoacán exigiendo el cumplimiento de la cuota de género en aquella entidad, Gil dijo que el IFE no debe ser espacio de censura sino de fomento al debate. “La autoridad tiene como función primordial promover esos debates por incómodos que puedan ser para ciertos adversarios, por incómodos que puedan ser para ciertos partidos políticos”.
Durante el debate de la madrugada, el consejero Benito Nacif dijo que el IFE no puede actuar como juzgado de lo civil para proteger el derecho a la honra de una de las partes involucradas. Este no es un conflicto entre particulares, pues lo que el IFE está arbitrando son temas de interés público y, por tanto, hay razones para ser tolerantes en materia de libertad de expresión, por lo que sugirió que el IFE sólo debería actuar en casos extremos donde se incite a la violencia.
La respuesta del representante del PRI ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada, fue casi inmediata: “Desde su punto de vista hay que reservar la actuación para cuando se promueva la violencia o el odio. Llamar a una organización política mafia no es generar violencia ni odio. Imputarle delitos no es generar violencia ni odio, a lo mejor alguien se siente incómodo. Sus argumentos, francamente, se caen solos”.
Gil respondería que trató de evidenciar la incongruencia priísta al citar propaganda de algunos sectores de ese partido donde se denigra al líder del PAN, Germán Martínez. Lo que queda claro es que el PRI pretende resoluciones sancionatorias para otros partidos, cuando por otro lado recurre a la propaganda que impugna.
En el proyecto de resolución aprobado, el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, consideró que la propaganda panista transgredía el principio constitucional respecto a la libertad de expresión. Esta autoridad –dijo en la sesión– no pretende ni inhibir la libertad de expresión ni censurar, pero en el caso de la propaganda del PAN se pasa de la crítica severa para caer en el ámbito de la calumnia y la denigración.
Alonso Urrutia y Georgina Saldierna, La Jornada, 22 de abril.
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