El gobierno mexicano implementará un nuevo esquema de revisión aduanal para frenar el tráfico de armamento y dinero desde Estados Unidos.
La inversión para este proyecto, basado en detectores y esquemas aleatorios de inspección, será de mil 400 millones de dólares.
El anuncio fue hecho por el procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora, tras el “Primer Seminario Binacional sobre Tráfico de Armas” que se desarrolló en esta ciudad y en el que participó el gabinete de seguridad de nuestro país, así como Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, y el fiscal general de ese país, Eric Holder.
Este sistema será coordinado por la Administración General de Aduanas, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ya comenzó a aplicarse en Matamoros, Tamaulipas, y en los próximos meses estará en funcionamiento en todos los pasos fronterizos.
Consiste en un mecanismo tecnológico que garantiza la revisión aleatoria de 10% de los vehículos que ingresa a nuestro país provenientes de Estados Unidos, sin la participación discrecional de los inspectores aduanales.
Contempla además el uso de aparatos de detección de rayos x y rayos gama, la modernización de los esquemas comerciales de Aduanas México, y una red de información que permitirá definir perfiles y patrones del tráfico de dinero y armas hacia territorio mexicano.
Grupo binacional. Tras el seminario, Medina-Mora dio a conocer cinco acuerdos respecto al tráfico de armas entre las autoridades mexicanas y estadunidenses.
1. La conformación de un grupo de trabajo binacional que profundice el diagnóstico de este fenómeno delictivo y proponga instrumentos de solución, basados en el intercambio de inteligencia, en la investigación y en la definición de marcos regulatorios.
2. El perfeccionamiento del trabajo que realiza el gobierno mexicano en torno al origen de las armas que son aseguradas; información que será proporcionada a la base de datos de la Oficina de Armas, Alcohol y Tabaco de Estados Unidos, a fin de originar investigaciones.
3. La instrumentación de procesos penales coordinados para que los traficantes puedan ser procesados en cualquiera de los dos países y con base en las evidencias encontradas.
4. La generación de una base de datos compartida de huellas balísticas, con el propósito de conocer qué armas han sido utilizadas en hechos delictivos.
5. La puesta en marcha en la frontera mexicana de protocolos de colaboración interinstitucional, similares a los que han desarrollado fiscales de distrito en El Paso, San Diego, Phoenix y Houston.
La inversión para este proyecto, basado en detectores y esquemas aleatorios de inspección, será de mil 400 millones de dólares.
El anuncio fue hecho por el procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora, tras el “Primer Seminario Binacional sobre Tráfico de Armas” que se desarrolló en esta ciudad y en el que participó el gabinete de seguridad de nuestro país, así como Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, y el fiscal general de ese país, Eric Holder.
Este sistema será coordinado por la Administración General de Aduanas, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ya comenzó a aplicarse en Matamoros, Tamaulipas, y en los próximos meses estará en funcionamiento en todos los pasos fronterizos.
Consiste en un mecanismo tecnológico que garantiza la revisión aleatoria de 10% de los vehículos que ingresa a nuestro país provenientes de Estados Unidos, sin la participación discrecional de los inspectores aduanales.
Contempla además el uso de aparatos de detección de rayos x y rayos gama, la modernización de los esquemas comerciales de Aduanas México, y una red de información que permitirá definir perfiles y patrones del tráfico de dinero y armas hacia territorio mexicano.
Grupo binacional. Tras el seminario, Medina-Mora dio a conocer cinco acuerdos respecto al tráfico de armas entre las autoridades mexicanas y estadunidenses.
1. La conformación de un grupo de trabajo binacional que profundice el diagnóstico de este fenómeno delictivo y proponga instrumentos de solución, basados en el intercambio de inteligencia, en la investigación y en la definición de marcos regulatorios.
2. El perfeccionamiento del trabajo que realiza el gobierno mexicano en torno al origen de las armas que son aseguradas; información que será proporcionada a la base de datos de la Oficina de Armas, Alcohol y Tabaco de Estados Unidos, a fin de originar investigaciones.
3. La instrumentación de procesos penales coordinados para que los traficantes puedan ser procesados en cualquiera de los dos países y con base en las evidencias encontradas.
4. La generación de una base de datos compartida de huellas balísticas, con el propósito de conocer qué armas han sido utilizadas en hechos delictivos.
5. La puesta en marcha en la frontera mexicana de protocolos de colaboración interinstitucional, similares a los que han desarrollado fiscales de distrito en El Paso, San Diego, Phoenix y Houston.
Daniel Blancas Madrigal en Jiutepec, Crónica, 3 de abril.
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