CARACAS (Agencias).— Dirigentes de partidos de la oposición al presidente venezolano, Hugo Chávez, rechazaron ayer lo que calificaron de “arremetida judicial” contra policías, militares y políticos y algunos pidieron “que el pueblo reaccione”.
Esa “arremetida” avanzó ayer, entre otros hechos, con los 30 años de cárcel a los que fueron condenados jefes policiales acusados de varias de las 19 muertes registradas en el golpe de Estado de 2002 contra Chávez, manifestaron los opositores en diferentes actos.
Asimismo, el ex ministro de Defensa general Raúl Baduel fue enviado a prisión preventiva por presunta corrupción. El defensor de general retirado indicó que el tribunal aceptó la “medida privativa de libertad” que solicitó la Fiscalía y desechó la “sustitutoria de libertad condicional” que él pedía.
Se trata de un “plan” de Chávez “para aniquilar a la disidencia” y “es el pueblo burlado el que tiene que reaccionar”, declaró a los periodistas Luis Planas, presidente del partido democristiano COPEI.
Luis Carlos Solórzano, secretario general de la misma formación política, señaló, a su vez, que “de manera abierta e ilegal” Hugo Chávez “actúa para perseguir, atropellar y pisotear a quienes disienten de su régimen”.
“Se basa en la mentira y se cree fuerte porque tiene las armas de la República para amedrentar a la oposición (...); se dijo que el comunismo no llegaría a Venezuela, sin embargo, hay que aceptar que ya lo tenemos aquí”,dijo.
Por su parte, el secretario general del partido Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, manifestó a la emisora caraqueña Unión Radio que lo sucedido entraña “una desvergüenza y una cruel indolencia”.
Recordó que los oficialistas inicialmente acusados de otras muertes durante el golpe de Estado que en 2002 logró derrocar a Chávez durante dos días fueron liberados y alertó que, “lamentablemente, estos desalmados (...) necesitan más víctimas”.
Ayer mismo, el gobierno venezolano indicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no admitió la denuncia sobre supuestas violaciones a los derechos del alcalde de Maracaibo, el opositor Manuel Rosales, como indicaron algunos medios de comunicación.
Sobre Rosales pesa una orden de detención por supuesto enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador del estado de Zulia. El alcalde se separó por 90 días de su cargo para enfrentar el juicio, según aprobó ayer el concejo municipal de la ciudad occidental venezolana.
Esa “arremetida” avanzó ayer, entre otros hechos, con los 30 años de cárcel a los que fueron condenados jefes policiales acusados de varias de las 19 muertes registradas en el golpe de Estado de 2002 contra Chávez, manifestaron los opositores en diferentes actos.
Asimismo, el ex ministro de Defensa general Raúl Baduel fue enviado a prisión preventiva por presunta corrupción. El defensor de general retirado indicó que el tribunal aceptó la “medida privativa de libertad” que solicitó la Fiscalía y desechó la “sustitutoria de libertad condicional” que él pedía.
Se trata de un “plan” de Chávez “para aniquilar a la disidencia” y “es el pueblo burlado el que tiene que reaccionar”, declaró a los periodistas Luis Planas, presidente del partido democristiano COPEI.
Luis Carlos Solórzano, secretario general de la misma formación política, señaló, a su vez, que “de manera abierta e ilegal” Hugo Chávez “actúa para perseguir, atropellar y pisotear a quienes disienten de su régimen”.
“Se basa en la mentira y se cree fuerte porque tiene las armas de la República para amedrentar a la oposición (...); se dijo que el comunismo no llegaría a Venezuela, sin embargo, hay que aceptar que ya lo tenemos aquí”,dijo.
Por su parte, el secretario general del partido Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, manifestó a la emisora caraqueña Unión Radio que lo sucedido entraña “una desvergüenza y una cruel indolencia”.
Recordó que los oficialistas inicialmente acusados de otras muertes durante el golpe de Estado que en 2002 logró derrocar a Chávez durante dos días fueron liberados y alertó que, “lamentablemente, estos desalmados (...) necesitan más víctimas”.
Ayer mismo, el gobierno venezolano indicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no admitió la denuncia sobre supuestas violaciones a los derechos del alcalde de Maracaibo, el opositor Manuel Rosales, como indicaron algunos medios de comunicación.
Sobre Rosales pesa una orden de detención por supuesto enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador del estado de Zulia. El alcalde se separó por 90 días de su cargo para enfrentar el juicio, según aprobó ayer el concejo municipal de la ciudad occidental venezolana.
El Universal, 4 de abril.
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