Los siete consejeros coincidieron en que este acuerdo –el primero de su tipo en el país– es un avance en favor de la democracia, pero aún no hay herramientas jurídicas para impedir la guerra sucia en Internet.
El acuerdo señala que los partidos y todo ente que dependa de las administraciones públicas federal, estatal y municipal tendrán que entregar al IEQ, en un plazo no mayor de cinco días, una lista que contenga la dirección de la página electrónica y los correos que utilizarán para la difusión de su propaganda.
Las delegaciones de la administración pública federal, los poderes públicos del estado, organismos autónomos, dependencias estatales y municipales deberán hacer lo propio.
La coordinación de Información y Medios del IEQ supervisará el contenido de la páginas para evitar mensajes de diatriba, infamia, injuria o denigración contra ciudadanos, instituciones públicas partidos y sus candidatos.
Las sanciones irán desde un apercibimiento o multa de 100 veces el salario mínimo hasta arresto por 36 horas.
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