La Asociación Nacional de Padres de Familia expresó su temor de que la información personal sobre los usuarios de telefonía celular pueda ser utilizada para fines delictivos o se le dé un mal uso.
El 11 de abril entraron en vigor las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones, que obligan a las empresas de telefonía celular a elaborar un padrón nacional de teléfonos celulares, con información personalizada del usuario: nombre, domicilio y huella dactilar; sin embargo, ante la falta de claridad en cómo operará el mecanismo, existen dudas sobre en quién recaerá la responsabilidad del registro.
“Los riesgos que conlleva un registro nacional de celulares van a ser que, al entrar a una base de datos, vamos a estar expuestos a que algún hacker ingrese a esa información. El problema va a ser que nos den la garantía y la certeza de que quienes van a manejar este registro actúen con responsabilidad, eficacia y honestidad”, expresó Francisco Lara, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia.
El dirigente dijo que el registro nacional de teléfonos celulares es un tema que aún debe ponerse a debate, sobre todo en el caso de quienes se encargarán de su funcionamiento, aun más cuando la población no sabe exactamente cómo va a funcionar.
“Es un dilema para los padres de familia; muchos no lo entienden. Ni idea se tiene de esto que ya está aprobado, no hay información”, agregó.
Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en contraste, opinó que el registro es una buena medida por su objetivo de coartar e impedir las extorsiones telefónicas. Dijo que esta es una medida que se ha tomado tardíamente en México, pues en otros países ya se lleva a cabo.
Sin embargo, reconoció: “Claro que habrá que tener cuidado necesario para que no caiga (la base de datos) en manos que puedan hacer mal uso de esa información y habría que haber un compromiso de las compañías telefónicas de no vender esos datos”.
En ese sentido, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, Meyer Klip, recordó que el registro de celulares va a estar ahí para cuando la autoridad requiera verificar un número de teléfono, desde el que se haya cometido un delito.
En el DF hay cerca de 400 mil estudiantes de secundaria y 80% de ellos usa teléfono celular; asimismo, existen 900 mil estudiantes de primaria y 10% también cuentan con teléfono móvil. El argumento de padres es darles a sus hijos un aparato de comunicación de apoyo a su seguridad, para tenerlos ubicados, “para tenerlos seguros”.
El 11 de abril entraron en vigor las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones, que obligan a las empresas de telefonía celular a elaborar un padrón nacional de teléfonos celulares, con información personalizada del usuario: nombre, domicilio y huella dactilar; sin embargo, ante la falta de claridad en cómo operará el mecanismo, existen dudas sobre en quién recaerá la responsabilidad del registro.
“Los riesgos que conlleva un registro nacional de celulares van a ser que, al entrar a una base de datos, vamos a estar expuestos a que algún hacker ingrese a esa información. El problema va a ser que nos den la garantía y la certeza de que quienes van a manejar este registro actúen con responsabilidad, eficacia y honestidad”, expresó Francisco Lara, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia.
El dirigente dijo que el registro nacional de teléfonos celulares es un tema que aún debe ponerse a debate, sobre todo en el caso de quienes se encargarán de su funcionamiento, aun más cuando la población no sabe exactamente cómo va a funcionar.
“Es un dilema para los padres de familia; muchos no lo entienden. Ni idea se tiene de esto que ya está aprobado, no hay información”, agregó.
Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en contraste, opinó que el registro es una buena medida por su objetivo de coartar e impedir las extorsiones telefónicas. Dijo que esta es una medida que se ha tomado tardíamente en México, pues en otros países ya se lleva a cabo.
Sin embargo, reconoció: “Claro que habrá que tener cuidado necesario para que no caiga (la base de datos) en manos que puedan hacer mal uso de esa información y habría que haber un compromiso de las compañías telefónicas de no vender esos datos”.
En ese sentido, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, Meyer Klip, recordó que el registro de celulares va a estar ahí para cuando la autoridad requiera verificar un número de teléfono, desde el que se haya cometido un delito.
En el DF hay cerca de 400 mil estudiantes de secundaria y 80% de ellos usa teléfono celular; asimismo, existen 900 mil estudiantes de primaria y 10% también cuentan con teléfono móvil. El argumento de padres es darles a sus hijos un aparato de comunicación de apoyo a su seguridad, para tenerlos ubicados, “para tenerlos seguros”.
Fernando Martínez, El Universal, 20 de abril.
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