Ven abuso de INM en deportaciones

En la deportación de cinco extranjeros detenidos en Atenco en mayo de 2006, el Instituto Nacional de Migración (INM) incurrió en una violación al derecho al debido proceso.

"Hay una práctica sistemática del INM. En el momento en el que detectan que hay extranjeros en lugares donde se estén dando eventos de carácter político, aplican el artículo 33 (constitucional)", señaló Diana Martínez, abogada de Sin Fronteras.

"De acuerdo con la Constitución, expulsar a un extranjero por tener participación política es facultad exclusiva del Ejecutivo.

"Sin embargo Migración encuadra ese tema diciendo que las personas están realizando actividades diferentes a aquellas para las cuales les fue permitida la entrada al país. Lo que debe de hacer Migración no es resolver, sino turnar el asunto al Ejecutivo. Migración nunca hace eso". indicó.

Ayer, REFORMA publicó que un juez de distrito concedió un amparo a la española Cristina Valls, quien fuera detenida en Atenco y expulsada del país. La sentencia revocó la orden de deportación.

El Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito determinó que no existen pruebas suficientes para confirmar la participación de Valls en mítines, eventos o reuniones de carácter político, pues lo único que se puede acreditar es que estuvo presente en San Salvador Atenco el 4 de mayo de 2006.

Para Sin Fronteras, los otros cuatro extranjeros detenidos durante el operativo policico en Atenco están bajo la misma situación que la española Valls.

"No hay un debido proceso porque no hay una valoración adecuada de las pruebas", indicó Martínez.

"Debemos denunciar la situación para que Migración se abstenga de seguir cometiendo irregularidades".

Pese a haber logrado revocar la orden de deportación, Sin Fronteras recurrirá a la sentencia del amparo para que el asunto se traslade a un tribunal colegiado, pues el juez determinó que el Instituto Nacional de Migración sí es competente para deportar extranjeros por razones políticas.

Por su parte, la abogada Marta Villarreal, especialista en temas de migración, consideró que el caso de Valls implica un abuso de autoridad por parte del INM.

"El Instituto Nacional de Migración no suele realizar el proceso o hace un proceso fingido. Tan fingido que en 24 horas ya están en su país", apuntó en entrevista.

"Se realizó un acto de deportación sin un debido proceso, en el que al menos se debe llamar a la persona a que exprese sus razones y muestre qué documentación tiene, para que se abra una investigación sobre la validez de la documentación", externó.

Para Villarreal, quien dirigió la Clínica de Interés Público del ITAM no existe una forma de reparación del daño.

"Si ellos en ese momento estaban filmando en San Salvador Atenco, lo que hizo la deportación fue quitarles la oportunidad de concluir la filmación o el estudio sobre luchas políticas y sociales que estaban haciendo. Tres años después las autoridades les dicen: 'nunca debí regresarte'", señaló la colaboradora de investigaciones sobre la situación de los derechos humanos de los migrantes y refugiados en México.

Las autoridades sólo pueden saltarse ese proceso, remarcó, en casos en los que el extranjero ponga en riesgo la seguridad nacional.

REFORMA pidió al Instituto Nacional de Migración una postura respecto al caso de los extranjeros deportados durante el conflicto de San Salvador Atenco ocurrido en 2006, misma que fue negada.

Silvia Garduño, Reforma, 8 de abril.