Tuxtla Gutiérrez, Chis., 6 de diciembre. Generales del Ejército argumentaron que las violaciones a los derechos humanos perpetradas en Chiapas que se les imputan fueron resultado de “errores humanos”, no actos ordenados y sistemáticos.
Ante organizaciones no gubernamentales (ONG) locales, 15 generales sostuvieron que si los efectivos a su cargo actualmente están en las calles combatiendo a la delincuencia organizada, “es por necesidad, no por necedad”. Cuestionaron las acciones “reactivas y no preventivas” que prevalecen en este aspecto, y la carencia de acciones paralelas de instituciones civiles, como la prevención para evitar el uso de drogas.
Militares, así como ONG que documentaron y llevaron a instancias internacionales casos de violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, como el Colectivo de Mujeres de San Cristóbal; y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, se reunieron en el Coloquio Internacional para la Equidad de Género y Cultura de Paz, convocado por el Instituto Internacional para la Cultura Democrática y la Secretaría de la Defensa Nacional, efectuado el viernes pasado en esta capital.
También asistieron César Jiménez López, comandante de la Región Militar número 7, y Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
“Esta generación de mandos es distinta a la que enfrentó la guerra sucia, pero se formó con este espejo, y tiene que discutir cómo quiere ser juzgada en el futuro. Por eso, para preservar la confianza, integridad y buena opinión es que esta generación de mandos tiene que hacer este ejercicio de diálogo y retroalimentación con la sociedad civil”, explicó Álvarez Icaza.
No puede negarse que militares violan los derechos humanos, y para ello se debe conocer qué hace la sociedad civil que protege estos derechos, con miras a subsanar la situación, acotó.
Dijo que el Estado recurre como última instancia a las fuerzas armadas, “¿y después del Ejército qué nos queda? No podemos soslayar que en la crisis actual, y con los altos niveles de desigualdad, se puede generar una conflictividad social mayor. Por ello es necesaria la revisión de su papel, y discutir el marco legal que rige” a las fuerzas armadas.
En la reunión, que duro más de cuatro horas, participaron 15 generales, quienes coincidieron en que es necesaria transformar su papel dentro de la sociedad.
“La mayoría de la gente cuestiona, con justificada razón, violaciones a los derechos humanos por las instancias encargas de la aplicación de la justicia, entre ellas las fuerzas armadas”, dijo el general Roberto Flores Monroy.
“Me pregunto dónde están las instancias encargadas de proporcionar educación, salud, donde están los programas de prevención contra en uso de las drogas, de fomentar el deporte, de dar espacios a los jóvenes. No las veo. Creo que también ahí hay que enfocar nuestros esfuerzos y exigirles a esas instituciones que cumplan con sus obligaciones, porque ahora mismo estamos siendo reactivos, no preventivos”, señaló.
El general Armando Gómez Mendoza, encargado del destacamento de Ocosingo, enfatizó que en Chiapas, como en muchos lugares de México, las carencias y la falta de servicios propician focos de violencia e inseguridad.
Ante organizaciones no gubernamentales (ONG) locales, 15 generales sostuvieron que si los efectivos a su cargo actualmente están en las calles combatiendo a la delincuencia organizada, “es por necesidad, no por necedad”. Cuestionaron las acciones “reactivas y no preventivas” que prevalecen en este aspecto, y la carencia de acciones paralelas de instituciones civiles, como la prevención para evitar el uso de drogas.
Militares, así como ONG que documentaron y llevaron a instancias internacionales casos de violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, como el Colectivo de Mujeres de San Cristóbal; y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, se reunieron en el Coloquio Internacional para la Equidad de Género y Cultura de Paz, convocado por el Instituto Internacional para la Cultura Democrática y la Secretaría de la Defensa Nacional, efectuado el viernes pasado en esta capital.
También asistieron César Jiménez López, comandante de la Región Militar número 7, y Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
“Esta generación de mandos es distinta a la que enfrentó la guerra sucia, pero se formó con este espejo, y tiene que discutir cómo quiere ser juzgada en el futuro. Por eso, para preservar la confianza, integridad y buena opinión es que esta generación de mandos tiene que hacer este ejercicio de diálogo y retroalimentación con la sociedad civil”, explicó Álvarez Icaza.
No puede negarse que militares violan los derechos humanos, y para ello se debe conocer qué hace la sociedad civil que protege estos derechos, con miras a subsanar la situación, acotó.
Dijo que el Estado recurre como última instancia a las fuerzas armadas, “¿y después del Ejército qué nos queda? No podemos soslayar que en la crisis actual, y con los altos niveles de desigualdad, se puede generar una conflictividad social mayor. Por ello es necesaria la revisión de su papel, y discutir el marco legal que rige” a las fuerzas armadas.
En la reunión, que duro más de cuatro horas, participaron 15 generales, quienes coincidieron en que es necesaria transformar su papel dentro de la sociedad.
“La mayoría de la gente cuestiona, con justificada razón, violaciones a los derechos humanos por las instancias encargas de la aplicación de la justicia, entre ellas las fuerzas armadas”, dijo el general Roberto Flores Monroy.
“Me pregunto dónde están las instancias encargadas de proporcionar educación, salud, donde están los programas de prevención contra en uso de las drogas, de fomentar el deporte, de dar espacios a los jóvenes. No las veo. Creo que también ahí hay que enfocar nuestros esfuerzos y exigirles a esas instituciones que cumplan con sus obligaciones, porque ahora mismo estamos siendo reactivos, no preventivos”, señaló.
El general Armando Gómez Mendoza, encargado del destacamento de Ocosingo, enfatizó que en Chiapas, como en muchos lugares de México, las carencias y la falta de servicios propician focos de violencia e inseguridad.
Ángeles Mariscal, La jornada, 7 de diciembre.
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