Con el argumento de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pierde 19 mil 500 millones de pesos y sólo obtiene ingresos por 6 mil 500 millones cada año, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en la que propone la participación de empresas privadas en la prestación y el cobro del servicio.
En la exposición de motivos de su iniciativa, Roberto Gil Zuarth, vicecoordinador de los legisladores panistas en San Lázaro, señaló la necesidad de encontrar arreglos institucionales más eficientes, “en el marco del dominio directo reservado constitucionalmente a la nación”, en las distintas fases y elementos que componen la estructura de este servicio público.
El PAN señala la pérdida anual de 41 mil millones de pesos en Luz y Fuerza del Centro como argumento central para justificar la extinción de esa empresa, y antepone la ausencia de ganancias de la CFE para plantear la intervención de empresas privadas en el mercado de la energía eléctrica.
Este diario informó que en los dos primeros años del gobierno de Felipe Calderón se otorgaron 234 nuevos permisos a empresas particulares para generar su propia energía eléctrica.
Crece la generación privada
El informe anual 2008 de la Comisión Reguladora de Energía indica que los permisos concedidos ese año permitieron que la iniciativa privada generara en total 110 mil 72 gigavatios/hora; es decir, un incremento de 7.14 por ciento respecto de lo que produjo en 2007.
Esa cifra se acerca al volumen de energía eléctrica que la CFE generará para el servicio público durante 2010, con un total de 140 mil 515.2 gigavatios/hora.
La propuesta del PAN incluye la elección de consejeros independientes, que no defiendan intereses particulares ni de grupo, con la finalidad de transparentar y dar legitimidad al proceso de toma de decisiones de la CFE.
La propuesta incluye y pretende proteger los derechos de los consumidores, pero también abre la puerta a nuevos competidores en el mercado, al determinar funciones, en plural, para los prestadores del servicio de energía eléctrica:
“Acceder en condiciones de igualdad al servicio de suministro de energía eléctrica; acceder por medios electrónicos u obtener por escrito de las empresas prestadoras del servicio de suministro de energía eléctrica información veraz y oportuna sobre el servicio ofrecido, su precio, condiciones de contratación y sus características; acceder por medios electrónicos u obtener por escrito de las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica informes en los que se detalle la calidad del servicio recibido.
“Acceder por medios electrónicos u obtener vía telefónica y por escrito información de las empresas prestadoras del servicio de suministro de energía eléctrica en relación a la facturación, el cobro, las medidas de consumo y demás características del servicio contratado; exigir calidad, garantía y seguridad en la prestación del servicio por parte del proveedor, de conformidad con el contrato, la normatividad aplicable y la protección de la salud y medio ambiente, salvo las excepciones establecidas en el presente ordenamiento, y el derecho a la reparación e indemnización adecuada, oportuna y eficaz por los daños materiales en que incurra el proveedor por el incumplimiento de sus obligaciones.”
En la exposición de motivos de su iniciativa, Roberto Gil Zuarth, vicecoordinador de los legisladores panistas en San Lázaro, señaló la necesidad de encontrar arreglos institucionales más eficientes, “en el marco del dominio directo reservado constitucionalmente a la nación”, en las distintas fases y elementos que componen la estructura de este servicio público.
El PAN señala la pérdida anual de 41 mil millones de pesos en Luz y Fuerza del Centro como argumento central para justificar la extinción de esa empresa, y antepone la ausencia de ganancias de la CFE para plantear la intervención de empresas privadas en el mercado de la energía eléctrica.
Este diario informó que en los dos primeros años del gobierno de Felipe Calderón se otorgaron 234 nuevos permisos a empresas particulares para generar su propia energía eléctrica.
Crece la generación privada
El informe anual 2008 de la Comisión Reguladora de Energía indica que los permisos concedidos ese año permitieron que la iniciativa privada generara en total 110 mil 72 gigavatios/hora; es decir, un incremento de 7.14 por ciento respecto de lo que produjo en 2007.
Esa cifra se acerca al volumen de energía eléctrica que la CFE generará para el servicio público durante 2010, con un total de 140 mil 515.2 gigavatios/hora.
La propuesta del PAN incluye la elección de consejeros independientes, que no defiendan intereses particulares ni de grupo, con la finalidad de transparentar y dar legitimidad al proceso de toma de decisiones de la CFE.
La propuesta incluye y pretende proteger los derechos de los consumidores, pero también abre la puerta a nuevos competidores en el mercado, al determinar funciones, en plural, para los prestadores del servicio de energía eléctrica:
“Acceder en condiciones de igualdad al servicio de suministro de energía eléctrica; acceder por medios electrónicos u obtener por escrito de las empresas prestadoras del servicio de suministro de energía eléctrica información veraz y oportuna sobre el servicio ofrecido, su precio, condiciones de contratación y sus características; acceder por medios electrónicos u obtener por escrito de las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica informes en los que se detalle la calidad del servicio recibido.
“Acceder por medios electrónicos u obtener vía telefónica y por escrito información de las empresas prestadoras del servicio de suministro de energía eléctrica en relación a la facturación, el cobro, las medidas de consumo y demás características del servicio contratado; exigir calidad, garantía y seguridad en la prestación del servicio por parte del proveedor, de conformidad con el contrato, la normatividad aplicable y la protección de la salud y medio ambiente, salvo las excepciones establecidas en el presente ordenamiento, y el derecho a la reparación e indemnización adecuada, oportuna y eficaz por los daños materiales en que incurra el proveedor por el incumplimiento de sus obligaciones.”
Roberto Garduño y Enrique Méndez, La Jornada, 2 de diciembre.
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