Documentan abuso oficial a migrantes

TAPACHULA, Chis.— Habían pasado unos minutos después de las cuatro de la tarde cuando el aguacero sorprendió a las dos mujeres y al hombre sobre un camino de terracería que tomaron para evadir el punto de revisión migratoria de Huixtla, en el sur de Chiapas. Caminaron hasta la carretera para subirse a una combi y avanzar hacia Arriaga, cerca del Itsmo, donde treparían al tren que los llevaría a la frontera de Tamaulipas. Todo iba bien, dice Rosy, hasta que la combi fue interceptada por agentes de la policía estatal.

“Nos dijeron que nos bajáramos. Querían dinero, querían 200 dólares. El muchacho fue el que bajó y les dio 150 pesos por cada uno de los tres. Se los tuvimos qué dar porque si no, iban a hablarle a Migración”.

La salvadoreña de 40 años iba acompañada por una amiga llamada Zulma y su pareja, Jorge. El robo sucedió en un punto llamado La Arrocera, conocido por la gran cantidad de asaltos, secuestros, violaciones y asesinatos que cometía un grupo de criminales liderados por un sujeto apodado El Pantera, hasta hace año y medio que fueron capturados. En la actualidad, los atracos suelen consumarlos las autoridades, dice el sacerdote Heyden Vázquez Medina, encargado del Hogar de la Misericordia, el albergue destino de miles de migrantes en el municipio de Arriaga.

Pero en el contexto de las vejaciones que sufren los migrantes a manos de las autoridades, los asaltos cometidos por agentes estatales o municipales son poca cosa. La crudeza del ataque oficial proviene de los elementos de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración (INM), a quienes el sacerdote acusa de estar coludidos con grupos de la delincuencia organizada.

“Yo tengo averiguaciones previas, testimonios de migrantes en donde nos refieren que a las casas de aseguramiento llegan los elementos de Migración a platicar con los delincuentes, e incluso los trasladan de un lugar a otro en camionetas de INM. Es algo que ha pasado siempre, es algo que sabemos: que Migración está coludida con la delincuencia organizada”, dice.

El sacerdote habla sobre ello dos días después del asalto de los tres salvadoreños, sentado en la sala de espera de la Agencia Consular de El Salvador que opera en Arriaga. El día previo salieron de su albergue unos 600 centroamericanos para montarse al tren, conocido como La Bestia. Muchos se marcharon sin denunciar los abusos cometidos en su contra, a pesar de que Vázquez prometió ayudarlos si lo hacían.

Las mismas promesas

El asalto contra los tres salvadoreños ocurrió casi al mismo tiempo en que funcionarios federales, encabezados por Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, y autoridades del gobierno estatal, brindaban declaraciones a la prensa bajo carpas azotadas por la lluvia, en los patios traseros de la Casa Roja del INM en Talismán, uno de los puntos fronterizos más activos con Guatemala.

Blake dijo que estaba allí para anunciar un programa de modernización de infraestructura y una política migratoria integral que permitiría contar con una frontera segura y respetar la dignidad y los derechos de los migrantes. “De ninguna manera se va a tolerar ningún acto de corrupción en la institución encargada precisamente del orden, de la seguridad que tiene que ver con los fenómenos migratorios”, respondió cuando un reportero hizo referencia al supuesto involucramiento de agentes migratorios en una “red de traficantes humanos”.

Blake aseguró en la conferencia que las denuncias serias contra agentes de Migración serán atendidas. Las palabras del secretario no entusiasman, sin embargo, al padre Vázquez. Es algo que ha escuchado muchas veces, incluso de voz del presidente Felipe Calderón. “Sabemos que es mentira”, dice.

“Escuchar los discursos de las autoridades lo único que provocan es indignación. (…) La verdad yo no confío en las autoridades, incluidas las federales. ¿Por qué? Pues porque están coludidos con Migración: entre ellos se pasan la información y se ayudan y ¿qué es lo que haces?, pues ahí quedas observando la denuncia. Es una gran red”.

El pasado 17 de mayo, el comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, aseguró que hay problemas mínimos en el instituto que encabeza. Son “contadas excepciones vinculadas” a actos de corrupción, sostuvo en entrevista con EL UNIVERSAL, en la que añadió que “no tenía queja” de los siete delegados que habían sido removidos de sus puestos el 12 de mayo.

En el albergue del padre Vázquez, José Santos, un guatemalteco de 28 años, decidió quedarse unos días más a petición de Vázquez. Santos volvía por tercera ocasión este año para tratar de llegar a la frontera con Estados Unidos. En febrero, en Tenosique, Tabasco, donde el gobierno federal construye una nueva estación migratoria como parte del “programa integral”, Santos y otros centroamericanos fueron entregados por agentes de Migración a un grupo de sujetos armados. Estuvo secuestrado cinco días, hasta que su cuñado depositó desde Houston 5 mil 500 dólares.

Santos decidió quedarse para emprender una demanda judicial. En vez de subirse a La Bestia, acudió con el sacerdote y funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a interponer la denuncia ante el Ministerio Público Federal. “No sé si esto vaya a servir para algo, si me vaya a compensar. La verdad no tengo fe”, confiesa 24 horas después de haberlo hecho, sentado bajo un altar de la guadalupana.

Abusos que se repiten

Tenosique se encuentra en los linderos de Chiapas y Guatemala. Es uno de los corredores de migrantes más activos. Santos y el resto de los centroamericanos con los que viajaba fueron abordados allí por los agentes de Migración y uno de los sujetos del grupo armado. Los convencieron de irse con ellos, bajo la promesa de que los defenderían en caso de que otros delincuentes quisieran dañarlos. Una vez que aceptaron, los agentes les dijeron que no podían tomar el tren porque adelante estaban los militares. Los subieron en camionetas y se dirigieron hacia un rancho, lejos de la ruta habitual.

A Santos lo dejaron de madrugada en la cima de un cerro, descalzo y sin camiseta, una vez que fue depositado el dinero por su cuñado. Esperó al amanecer y caminó tres horas antes de encontrarse con una comunidad llamada Cerro Rojo, donde lo auxiliaron. “Fue terrible. No quiero ni acordarme de lo que pasó”, dice. Durante el cautiverio fue torturado y quisieron obligarlo a cavar su tumba. La suerte de los demás, la desconoce.

En abril, un mes después de ese episodio, volvió. Su cuñado quiere que le pague los 5 mil 500 dólares. Esa vez fue detenido por agentes de la Policía Federal en Puebla, por donde viajaba en autobús. En el mismo camión iban dos mujeres sin documentos. Los federales querían que Santos aceptara ser el pollero. No lo hizo y fue golpeado con las cachas de los fusiles. Lo entregaron lastimado al INM y fue deportado. Esta tercera ocasión se quedó sin dinero en el albergue de Arriaga.

El desánimo de Santos tiene explicación. Vázquez ha convencido a otros migrantes que sufrieron extorsión para que denuncien penalmente. Ha logrado que los familiares manden los recibos de los depósitos bancarios, con nombres y números de cuenta de los delincuentes. Pero ninguna denuncia ha derivado siquiera en averiguación.

Documentan casos

En abril pasado, el viceministro para Salvadoreños en el Exterior, Juan José García, presentó un informe en el que señalaba que 250 compatriotas suyos habían sido víctimas de violaciones a los derechos humanos. El documento hacía referencia a la desaparición de otros 81 salvadoreños y puntualizaba que de los 72 cadáveres descubiertos en una finca de San Fernando, Tamaulipas, 14 eran migrantes de ese país.

En el gran entramado criminal que afecta a los indocumentados que atraviesan por México, las autoridades están de alguna manera implicadas, dice Nelson Cuéllar, cónsul de El Salvador en Tapachula. Por desgracia, expresa, la falta de pruebas judiciales vuelve imposible sancionarlos.

“Cuando entrevistamos a las personas que han sufrido este tipo de vejaciones les pedimos que denuncien. Pero, lamentablemente, en nuestro país no hay la cultura de la denuncia y también ellos no quieren permanecer allí más tiempo, por miedo o porque quieren continuar con su viaje”, cuenta.

La corrupción en los cuerpos federales de seguridad es absoluta, de acuerdo con Mauricio Mendoza Castañeda, consejero de Derechos Humanos y de Migrantes del Consejo Estatal de los Derechos Humanos en Chiapas. Como ejemplo cita el “rescate” de 502 indocumentados efectuado por agentes estatales en un punto de revisión que opera en Chiapa de Corzo, la media noche del lunes 16 de mayo.

Los dos tráileres en los que viajaban los indocumentados pasaron por tres puntos de revisión federales antes de ser detectados, dice Mauricio Mendoza Castañeda. “Ellos dejan pasar camiones completos con personas y las autoridades estatales son las que se dan a la tarea de rescatar a estos pobres hermanos, que van hacinados ya hasta en números de 500”.

Las quejas por extorsión y abuso de autoridad en contra de agentes del INM aumentaron este año, señala el consejero. Según las quejas que recibe, los agentes exigen dinero a los centroamericanos para dejarlos continuar con su travesía. “Esto era un secreto a voces, se sabía desde hace años, pero hasta ahora que se crea una Comisión de Atención al Migrante es que empezamos a documentarlos”.

Junto con la CNDH han abierto 70 expedientes con denuncias de extorsión presumiblemente cometidas por los elementos del INM. “Son solamente los casos que se atreven a denunciar, porque el migrante todavía tiene miedo a hacerlo. Y lo entendemos, porque antes venían, denunciaban y a la vuelta de la esquina los estaban esperando para deportarlos o seguirlos extorsionando”, dice Mendoza.

El traslado de migrantes en esos volúmenes de 500 o más es una actividad que los agentes del INM han hecho durante años, acusa el funcionario del CEDH. Eso ocurre por la corrupción. “Encontramos un discurso del secretario Blake lleno de muy buenas intenciones”, ironiza Mendoza. “Pero que nos explique por ejemplo por qué la policía de migración es la única corporación a nivel nacional que no hace exámenes de control de confianza”.

En una entidad por donde se cuela 80% de indocumentados que llegan al país, esa falta de control referida por el consejero Mendoza es inaceptable, dice Fermina Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula.

“Detener a un agente que comete un delito no va más allá del señalamiento, así sea formal. Habría qué ver qué ha permitido que ese agente abuse del poder que se le da. Hay una serie de prácticas institucionales, que provoca ese mal uso del poder. Y habría que pensar, por lo tanto, que la institución tiene serios problemas estructurales”, explica Fermina Rodríguez.

El programa anunciado por Blake, agrega, no será en consecuencia el remedio. Por el contrario, advierte Rodríguez, provocará más desgracias:

“Lo que nos ha mostrado la historia es que eleva los costos, no solamente en lo económico sino en el sentido de muerte de los migrantes, porque esto significa la búsqueda de nuevas rutas mucho más peligrosas, así como nuevas formas para internarlos”.


Ignacio Alvarado Álvarez, EL Universal, 30 de mayo.