Preocupa a la ONU abuso a migrantes

La alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, afirmó que la situación de los migrantes en México es motivo de “grave preocupación” debido al gran número de secuestros y asesinatos que se han perpetrado, sobre todo por redes del crimen organizado.

Durante la apertura en Ginebra de la 17 sesión del Consejo de Derechos Humanos, Pillay hizo un balance de los desafíos que enfrenta el mundo en cuanto a la protección de los derechos humanos y destacó la vulnerabilidad que enfrentan los migrantes en diversos puntos del planeta, entre ellos México.

La funcionaria de la ONU, afirmó que estará de visita aquí a principios de julio, por lo que espera tener la oportunidad de debatir sobre la problemática de los migrantes con el gobierno federal.

Teniendo en cuenta la continua vulnerabilidad de los migrantes, la alta comisionada expresó su preocupación por la retórica de los últimos meses para presentar a los migrantes como un problema singular mejor enfrentado en algunas partes que otras.

Dijo que es hora de que todos los países que se enfrentan estos retos, incluidos los de la Unión Europea, muestren su apoyo efectivo para el pleno respeto de las obligaciones internacionales e instó a trabajar juntos para permitir el desarrollo adecuado y efectivo de los países afectados.

Juan José Gómez Camacho, representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, dijo que el gobierno federal aprecia la atención mostrada por la alta comisionada al secuestro de migrantes y afirmó que las autoridades rechazan y condenan la práctica.

“Las autoridades, tan pronto como se dieron cuenta del fenómeno, adoptaron medidas institucionales que incluyen la identificación y castigo a las organizaciones criminales, para aumentar la protección en las rutas migratorias conocidas en México”.

Gómez Camacho aseguró que también se incrementó la cooperación con los países de la región para hacer frente a este fenómeno transnacional.

De acuerdo con el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México “aprecia la próxima visita de la alta comisionada y la ve como una oportunidad para discutir no sólo este tema, sino otras cuestiones relacionadas con derechos humanos”.

Al respecto, se solicitó la opinión de las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE), pero no hubo respuesta.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo que la preocupación manifestada por la alta comisionada es sólo una confirmación de lo que organizaciones de la sociedad civil han venido denunciando hace años.

“El problema ahí está, tiene que reconocerse y lo importante es que una vez que se reconozca o que ha sido reconocido, que se implementen acciones concretas de prevención del delito y de procuración de justicia”, dijo Fernando Batista, quinto visitador de la CNDH.

Batista consideró que a la luz de todos los casos que ha documentado la CNDH y con su informe especial sobre migración dado a conocer el 22 de febrero pasado, hace falta coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno en esta materia.

“Las declaraciones de la comisionada sólo son el resultado de las denuncias que desde hace años venimos haciendo las organizaciones que trabajamos con migrantes. Desafortunadamente, la muerte masiva de migrantes en Tamaulipas sirvió para elevar la alerta a nivel internacional”, dijo la hermana Leticia Gutiérrez Valderrama directora ejecutiva de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, de la Iglesia católica, que cuenta con 54 albergues para migrantes.

Nancy Pérez, directora general de Sin Fronteras, afirmó que no sólo las bandas organizadas son los que cometen las violaciones contra los derechos humanos de los migrantes, sino también las autoridades corruptas que se encuentran en complicidad con los criminales.

Nancy y Leticia coinciden en que no basta una ley migratoria en México que presuma un marco normativo vanguardista, sino un reglamento que dé respuesta a todas las necesidades. “Lo prioritario sería que el fenómeno migratorio se viera desde una perspectiva social y no de seguridad”.

A partir de 2010 se han documentado más de una docena de casos en los que se ha visto vulnerada la integridad de los migrantes que llegan a México por la frontera sur.

El hecho más sobresaliente fue el multihomicidio de 72 migrantes —58 hombres y 14 mujeres— de Centro y Sudamérica, en San Fernando, Tamaulipas, el 24 de agosto de 2010, luego de que las víctimas se negaran a participar en actividades delictivas, presuntamente de Los Zetas.

El 10 de mayo de 2011, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) dio a conocer que atendió a 120 migrantes, nacionales y extranjeros, que fueron secuestrados en Tamaulipas cuando intentaban llegar a Estados Unidos y que acusaron a agentes migratorios de entregarlos a los criminales.

El mismo día, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM) informaron que desde el 19 de abril fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), seis agentes para ser investigados por delitos federales.

Dos días después, el INM informó que habían sido relevados los titulares de siete delegaciones regionales. (Con información de Natalia Gómez)



El Universal, 31 de mayo.