Este viernes iniciaron las campañas electorales para renovar la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, y los tres principales partidos (PAN, PRI y PRD) van a la caza del botín político que representa el voto de las mujeres.
Para tratar de conquistar el sufragio de 51.84 por ciento del listado nominal de electores —el cual corresponde a las mexicanas—, tales instituciones políticas plantean diversas propuestas referentes a los derechos sexuales, reproductivos, laborales y sociales de la población femenina.
En uno de los temas que más polariza a la sociedad mexicana —el de la interrupción legal del embarazo (ILE)—, y en un contexto nacional en el que 17 estados de la República (más de la mitad del país) penalizan en sus constituciones locales el derecho al aborto, PAN y PRD nuevamente se confrontan en la defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, mientras que el PRI mantiene una indefinición al respecto.
La línea Provida como política pública
En un análisis de las plataformas electorales que los tres principales partidos registraron ante el Instituto Federal Electoral (IFE), se observa que el Partido Acción Nacional plantea instaurar como política pública la creación de clínicas que disuadan a las mujeres de recurrir al aborto.
En su plataforma, el blanquiazul busca “promover” instituciones públicas y apoyar a las privadas que atiendan psicológica, social y económicamente a las mujeres embarazadas que deseen abortar, con el fin de que “tengan otras opciones”.
El PAN agrega que “fortalecerá” los sistemas de adopción, para que los bebés y las y los niños puedan encontrar más fácilmente un hogar.
Este objetivo electoral del panismo, cuya candidata presidencial es Josefina Vázquez Mota, coincide con las actividades que desde hace por lo menos 10 años lleva a cabo el antiabortista Comité Nacional Provida a través de los llamados Centros de Ayuda para la Mujer (CAM).
En esas clínicas se brinda justamente la “ayuda” que el PAN pretende instituir como política pública. Cabe recordar que en el sexenio pasado se desató un escándalo luego de que en 2003 la Cámara de Diputados aprobó la asignación de 30 millones de pesos para los CAM.
Grupos de mujeres denunciaron el patrocinio gubernamental a instituciones que —acusaron entonces— atentan contra los derechos reproductivos de las mexicanas.
PRD: ampliar la ILE a todo el país
En contraste, el PRD se compromete en su plataforma electoral a impulsar una política que garantice el derecho constitucional de las mujeres y sus parejas a “decidir libremente el número y espaciamiento de los hijos”.
También plantea difundir la legislación vigente para promover el ejercicio de sus derechos, para denunciar y acceder a servicios de alta calidad para la ILE.
El PRD propone una revisión a la legislación sobre interrupción del embarazo, para proteger a las mujeres de los abortos inseguros y evitar miles de muertes cada año.
De nuevo el PAN confronta al PRD en este tema y en su plataforma electoral “Un México con futuro 2012-2018” propone una reforma constitucional, para proteger “la vida humana desde la concepción y hasta la muerte natural”.
Asimismo plantea que en la Ley de Reproducción Asistida se establezca “la prohibición expresa” de la criogenia (congelación de células), así como de la congelación o manipulación de embriones con fines de investigación.
El PRI, en el limbo
A pesar de que Enrique Peña Nieto, candidato del PRI a la Presidencia, ha insistido en que cifra su “anhelo de triunfo” en el voto de las mexicanas, las mujeres fueron excluidas de los cinco grandes compromisos que estableció para cambiar al país.
Ellas, consideradas por el mexiquense como “el voto duro” del tricolor, tampoco figuran entre los seis principales ejes de la Plataforma Electoral Federal y Programa de Gobierno 2012-2018 del PRI, entre los que destacan los temas de seguridad y crecimiento económico.
De las 104 hojas del documento, el PRI dedica solo una página a las mujeres en la que hace un listado de buenas intenciones para resolver problemáticas como la muerte materna y el embarazo en adolescentes.
Las mexicanas ni siquiera son citadas en temas como seguridad y justicia, rubro en el que ellas son las principales víctimas debido a la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón, y la ola de feminicidio que tan sólo durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México dejó 922 mujeres asesinadas.
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