Denuncian al país por violaciones a indígenas

SAN JOSÉ.— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció a México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, por una serie de asesinatos, presuntas torturas, amenazas de muerte, espionaje telefónico, desaparición forzada y hostigamientos de autoridades estatales y militares de ese país contra 107 indígenas mexicanos en Guerrero.

El anuncio oficial fue hecho ayer por la Corte, al confirmar que la denuncia fue planteada y documentada el pasado 7 de abril por la Comisión, que aseguró que parte del acoso es ejecutado por “miembros de las autoridades civiles y castrenses” en Guerrero.

Ante la urgencia de la demanda, la Corte decidió “requerir” al Estado mexicano que “adopte, de forma inmediata, las medidas complementarias que sean necesarias para proteger la vida e integridad” de las 107 personas, “tomando en consideración la gravedad de la situación y las circunstancias particulares de riesgo”, precisó la información oficial.

De los 107, 41 pertenecen a la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIT), 29 a la Organización de la Montaña Tlanichollan, 25 a las familias de dos hombres que fueron asesinados en el estado de Guerrero, y 12 a otras dos familias.

La Presidenta de la Corte, la jueza chilena Cecilia Medina Quiroga, aseguró en una primera resolución sobre el caso emitida ayer que “observa que en los primeros meses del año 2009 se habrían producido diversos hechos de amenazas, seguimientos, escuchas telefónicas, entre otras acciones” en contra de las víctimas.


“Asimismo, esta Presidenta advierte la gravedad de lo comunicado por la Comisión sobre la alegada desaparición forzada y posterior aparición de los cuerpos sin vida de los señores Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de una organización del estado de Guerrero dedicada a la defensa de los derechos indígenas”, puntualizó.

La Comisión, que también otorgó medidas cautelares a los indígenas, solicitó a la Corte que exija al Estado mexicano que “proteja la vida” de los 107 mexicanos y relató, como casos específicos, que una de las familias “habría sido objeto de amenazas, vigilancia y hostigamientos a raíz de su labor de defensa de los derechos indígenas” en Guerrero.

Los indígenas, añadió, “habrían recibido amenazas de manera continua por parte de informantes del Estado, con el objeto de afectar su búsqueda de justicia ante la Comisión”. La Corte se refirió a “la ejecución extrajudicial” en 2008 de un hombre identificado como Lorenzo Fernández Ortega “como consecuencia de su activismo y participación” en OPIT.

“Las oficinas de OPIT continúan siendo observadas por extraños. Los retenes militares son comunes en las comunidades donde residen los miembros de la OPIT, ocasiones que estas personas son hostigadas. Además, algunos miembros de dicha organización, quienes habrían estado privados de su libertad, indicaron temer por sus vidas. De acuerdo con lo informado por la Comisión “en el pueblo donde habitan, El Camalote, se rumora que hay gente que […] ‘está esperando para matarlos’”, precisó.

La Comisión describió un caso de un hombre—Fortunato Prisciliano—al que “los militares habían causado diversos daños y le habían robado parte de su cosecha”.

El asunto será debatido por la Corte en su período extraordinario de sesiones, del 27 al 30 de abril en Chile.
José Meléndez corresponsal, El Universal, 21 de abril.

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