Monte Alejandro Rubido, secretario adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, admitió la proliferación de casos en los que narcos contactan a candidatos a puestos de elección popular o a presidentes municipales para proponerles estrategias de seguridad.
"Sé de muchos testimonios al respecto", dijo, pero aseguró que ninguno de los afectados se atreve a realizar denuncias ante la PGR: "No hay denuncias formales, sería importante que se hicieran para trabajar en la materia".
Por su parte, Jorge Tello Peón, secretario ejecutivo del Sistema, señaló: "Se ha llegado al absurdo, pero no se debe negociar con el crimen".
Ambos funcionarios fueron consultados sobre la nota publicada el martes por Crónica en el sentido de que los propios integrantes de la delincuencia organizada ofrecen a candidatos fórmulas anticrimen. En ella se relató el caso de Mauricio Fernández, aspirante panista a la alcaldía de San Pedro Garza García, Nuevo León, quien fue abordado por operadores de los Beltrán Leyva.
Tras participar en la instauración de la Conferencia Nacional de Seguridad Municipal, Rubido García habló sobre este modo de operación del narcotráfico: "Es un riesgo para el funcionamiento de las instituciones, pero ni remotamente estamos cerca de vivir procesos de suplantación como ha sucedido en otros países; los delincuentes están retando, pero no suplantando".
Para evitar lo que llamó "tentativas de penetración a la autoridad", afirmó que el gobierno federal impulsa una estrategia en cuatro ámbitos: el operativo, "incluye la batalla día a día, la confrontación con grupos delincuenciales, aseguramientos y decomisos"; el institucional y legal, "contempla la modificación de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia y de las leyes que las reglamentan";
el social, "que incorpora a la sociedad a la lucha contra la delincuencia", y el policial, que "comprende un proceso de limpieza permanente de las corporaciones policíacas, incluidas las de los municipios más distantes de nuestro país. La nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece sanciones para aquella autoridad que contrate policías no certificados o que se niegue a compartir información; pueden ir hasta 12 años a la cárcel".
Rubido dijo que la Conferencia de Seguridad Municipal servirá para expresar los riesgos a los que están expuestos los ediles del país y para "compartir experiencias" como la del panista Mauricio Fernández.
Sobre el mismo tópico, Tello Peón manifestó: "Puede existir la tentación de negociar con los narcotraficantes, pero la negociación en temas de seguridad es rendición, así que lo que tienen que hacer las autoridades o candidatos es enfrentar el tema de manera directa".
--Pero, ¿ve normal que en este país un capo se acerque a un político para proponerle estrategias contra la inseguridad?
--Es una barbaridad, se ha llegado al absurdo… Sin embargo, si se es autoridad, en este tema no existe negociación, porque equivale a rendición. Es normal que cada quien defienda sus intereses, que pueden ser intereses perversos, pero éstos tienen nombre y adjetivo: es delincuencia organizada.
"Sé de muchos testimonios al respecto", dijo, pero aseguró que ninguno de los afectados se atreve a realizar denuncias ante la PGR: "No hay denuncias formales, sería importante que se hicieran para trabajar en la materia".
Por su parte, Jorge Tello Peón, secretario ejecutivo del Sistema, señaló: "Se ha llegado al absurdo, pero no se debe negociar con el crimen".
Ambos funcionarios fueron consultados sobre la nota publicada el martes por Crónica en el sentido de que los propios integrantes de la delincuencia organizada ofrecen a candidatos fórmulas anticrimen. En ella se relató el caso de Mauricio Fernández, aspirante panista a la alcaldía de San Pedro Garza García, Nuevo León, quien fue abordado por operadores de los Beltrán Leyva.
Tras participar en la instauración de la Conferencia Nacional de Seguridad Municipal, Rubido García habló sobre este modo de operación del narcotráfico: "Es un riesgo para el funcionamiento de las instituciones, pero ni remotamente estamos cerca de vivir procesos de suplantación como ha sucedido en otros países; los delincuentes están retando, pero no suplantando".
Para evitar lo que llamó "tentativas de penetración a la autoridad", afirmó que el gobierno federal impulsa una estrategia en cuatro ámbitos: el operativo, "incluye la batalla día a día, la confrontación con grupos delincuenciales, aseguramientos y decomisos"; el institucional y legal, "contempla la modificación de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia y de las leyes que las reglamentan";
el social, "que incorpora a la sociedad a la lucha contra la delincuencia", y el policial, que "comprende un proceso de limpieza permanente de las corporaciones policíacas, incluidas las de los municipios más distantes de nuestro país. La nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece sanciones para aquella autoridad que contrate policías no certificados o que se niegue a compartir información; pueden ir hasta 12 años a la cárcel".
Rubido dijo que la Conferencia de Seguridad Municipal servirá para expresar los riesgos a los que están expuestos los ediles del país y para "compartir experiencias" como la del panista Mauricio Fernández.
Sobre el mismo tópico, Tello Peón manifestó: "Puede existir la tentación de negociar con los narcotraficantes, pero la negociación en temas de seguridad es rendición, así que lo que tienen que hacer las autoridades o candidatos es enfrentar el tema de manera directa".
--Pero, ¿ve normal que en este país un capo se acerque a un político para proponerle estrategias contra la inseguridad?
--Es una barbaridad, se ha llegado al absurdo… Sin embargo, si se es autoridad, en este tema no existe negociación, porque equivale a rendición. Es normal que cada quien defienda sus intereses, que pueden ser intereses perversos, pero éstos tienen nombre y adjetivo: es delincuencia organizada.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 15 de abril.
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