Los 30 acuerdos migratorios México-Estados Unidos, que entran en vigor este mes, incluyen por primera vez reglas que se deberán observar en todo el territorio estadounidense para deportar a los indocumentados mexicanos, lo que impactará un promedio de 750 mil casos anuales; establecen trato especial para menores de edad no acompañados y medidas como no ingresar a centros de detención a mujeres embarazadas o que tengan con ellas hijos menores.
Daniel Hernández Joseph, titular de la Dirección General de Protección de Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), detalló así a EL UNIVERSAL el alcance de los “Arreglos locales de repatriación” firmados durante la primera semana de abril, que obligan a las autoridades migratorias de Estados Unidos, por ejemplo, a entregar a los menores de edad al Consulado o al Instituto Nacional de Migración (INM), para garantizar sus derechos y asistencia.
Esta negociación se alcanzó a pocos días de la visita a México del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, donde además de la seguridad y combate al narcotráfico, otro de los temas centrales que se abordarán será el migratorio.
En entrevista, el funcionario explicó que se dividió la geografía de Estados Unidos tomando en cuenta las circunscripciones de los 51 consulados, y se establecieron 30 regiones geográficas, “y cada una de ellas hizo su propio arreglo o acuerdo sobre cómo van a ocurrir las repatriaciones de mexicanos que son detenidos en ese territorio, bajo una visión más humanitaria”.
Cada arreglo establece reglas sobre la atención que se dará a las migrantes embarazadas, a los menores, enfermos o heridos, y para los casos en la frontera se determina por cuál puente internacional se puede deportar a cuál población y en qué horario, aunque “cada uno de estos aspectos que se definen en los arreglos son distintos de uno a otro”.
Sin embargo, Hernández Joseph expuso que “hay un arreglo macro, que rige a los 30 acuerdos”, que establece, por ejemplo, que si una persona es detenida en Kansas, pero va a ser deportada por la frontera de Nogales, “rige qué pasa con la atención que se le da a ese migrante mientras está en Kansas, pero una vez que está siendo transportada a la frontera aplica para esa persona el arreglo establecido en Nogales, porque está siendo cambiada de geografía en el proceso de su deportación”.
El funcionario federal indicó que “esto lo hicimos para asegurar que haya reglas sobre el trato que se va a dar al migrante en todo el proceso, desde su detención hasta el momento que regresa a territorio nacional”.
Trato especial
Esta política impactaría a un promedio de 750 mil casos en promedio anual —ante el millón y medio de repatriaciones de mexicanos registradas entre 2007 y 2008—, reveló Hernández Joseph.
Sólo en 2008 se registró un promedio de 17 mil deportaciones de menores de edad no acompañados, desde EU hacia México, por lo que ante esta realidad, los 30 acuerdos establecen reglas sobre su repatriación.
Los convenios indican que todos los menores de 18 años no acompañados, dependiendo del horario, tienen que ser entregados directamente al Consulado de México o al INM, “para que ellos a su vez los puedan hacer llegar al DIF, a los albergues del sistema para la localización de sus padres, y reciba la atención social que requiere un menor”, a diferencia de los adultos —hombres o mujeres sanos, sin lesiones—, que pueden ser deportados a cualquier hora por un puente internacional. “En el caso del menor se lo están entregando a la autoridad mexicana”.
En el caso de las embarazadas o mujeres con niños menores, si los detienen en una redada no serán llevados a los centros de detención. Se establece que se les pondrá un brazalete “en lo que pasa el proceso migratorio ante el juez y hasta que son deportadas para que no estén tras las rejas en esa condición de vulnerabilidad”, precisó el funcionario de la Cancillería.
Aunque en algunas regiones de Estados Unidos ya se estaba dando esta práctica, “aquí la diferencia es que lo hagan de buena fe o en ocasiones, y otra cosa es que esté en un arreglo bilateral que nos permite acercanos y decir, bueno esta señora tiene dos hijos chiquitos no sería posible que le pongan el brazalete; inclusive en algunos casos donde no existe un riesgo de fuga entonces ni brazalete”.
Sin embargo, en el convenio macro y los 30 acuerdos no existe una cláusula que sancione a las autoridades migratorias estadounidenses que incumplan estas disposiciones, ya que no es una ley, pero sí estipulan la posibilidad de presentar quejas ante los organismos firmantes y un proceso de evaluación de al menos dos veces por año para revisar su cumplimiento.
La negociación de estos acuerdos involucró al Departamento de Seguridad Nacional de EU y sus organismos como el ICE, la Patrulla Fronteriza y Aduana y Protección Fronteriza; mientras que por México participaron los cónsules mexicanos y el INM.
Daniel Hernández Joseph, titular de la Dirección General de Protección de Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), detalló así a EL UNIVERSAL el alcance de los “Arreglos locales de repatriación” firmados durante la primera semana de abril, que obligan a las autoridades migratorias de Estados Unidos, por ejemplo, a entregar a los menores de edad al Consulado o al Instituto Nacional de Migración (INM), para garantizar sus derechos y asistencia.
Esta negociación se alcanzó a pocos días de la visita a México del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, donde además de la seguridad y combate al narcotráfico, otro de los temas centrales que se abordarán será el migratorio.
En entrevista, el funcionario explicó que se dividió la geografía de Estados Unidos tomando en cuenta las circunscripciones de los 51 consulados, y se establecieron 30 regiones geográficas, “y cada una de ellas hizo su propio arreglo o acuerdo sobre cómo van a ocurrir las repatriaciones de mexicanos que son detenidos en ese territorio, bajo una visión más humanitaria”.
Cada arreglo establece reglas sobre la atención que se dará a las migrantes embarazadas, a los menores, enfermos o heridos, y para los casos en la frontera se determina por cuál puente internacional se puede deportar a cuál población y en qué horario, aunque “cada uno de estos aspectos que se definen en los arreglos son distintos de uno a otro”.
Sin embargo, Hernández Joseph expuso que “hay un arreglo macro, que rige a los 30 acuerdos”, que establece, por ejemplo, que si una persona es detenida en Kansas, pero va a ser deportada por la frontera de Nogales, “rige qué pasa con la atención que se le da a ese migrante mientras está en Kansas, pero una vez que está siendo transportada a la frontera aplica para esa persona el arreglo establecido en Nogales, porque está siendo cambiada de geografía en el proceso de su deportación”.
El funcionario federal indicó que “esto lo hicimos para asegurar que haya reglas sobre el trato que se va a dar al migrante en todo el proceso, desde su detención hasta el momento que regresa a territorio nacional”.
Trato especial
Esta política impactaría a un promedio de 750 mil casos en promedio anual —ante el millón y medio de repatriaciones de mexicanos registradas entre 2007 y 2008—, reveló Hernández Joseph.
Sólo en 2008 se registró un promedio de 17 mil deportaciones de menores de edad no acompañados, desde EU hacia México, por lo que ante esta realidad, los 30 acuerdos establecen reglas sobre su repatriación.
Los convenios indican que todos los menores de 18 años no acompañados, dependiendo del horario, tienen que ser entregados directamente al Consulado de México o al INM, “para que ellos a su vez los puedan hacer llegar al DIF, a los albergues del sistema para la localización de sus padres, y reciba la atención social que requiere un menor”, a diferencia de los adultos —hombres o mujeres sanos, sin lesiones—, que pueden ser deportados a cualquier hora por un puente internacional. “En el caso del menor se lo están entregando a la autoridad mexicana”.
En el caso de las embarazadas o mujeres con niños menores, si los detienen en una redada no serán llevados a los centros de detención. Se establece que se les pondrá un brazalete “en lo que pasa el proceso migratorio ante el juez y hasta que son deportadas para que no estén tras las rejas en esa condición de vulnerabilidad”, precisó el funcionario de la Cancillería.
Aunque en algunas regiones de Estados Unidos ya se estaba dando esta práctica, “aquí la diferencia es que lo hagan de buena fe o en ocasiones, y otra cosa es que esté en un arreglo bilateral que nos permite acercanos y decir, bueno esta señora tiene dos hijos chiquitos no sería posible que le pongan el brazalete; inclusive en algunos casos donde no existe un riesgo de fuga entonces ni brazalete”.
Sin embargo, en el convenio macro y los 30 acuerdos no existe una cláusula que sancione a las autoridades migratorias estadounidenses que incumplan estas disposiciones, ya que no es una ley, pero sí estipulan la posibilidad de presentar quejas ante los organismos firmantes y un proceso de evaluación de al menos dos veces por año para revisar su cumplimiento.
La negociación de estos acuerdos involucró al Departamento de Seguridad Nacional de EU y sus organismos como el ICE, la Patrulla Fronteriza y Aduana y Protección Fronteriza; mientras que por México participaron los cónsules mexicanos y el INM.
Silvia Otero, El Universal, 16 de abril.
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