En respuesta a la corresponsabilidad, según la Fiscalía General Adjunta a cargo de David Ogden, en un documento que hizo público sostiene: “El Departamento de Justicia se comprometió a aprovechar todos los recursos disponibles para el objetivo de atacar a los cárteles mexicanos y ayudar a nuestras contrapartes mexicanas en sus valientes esfuerzos’’.
Los recursos comprometidos se destinarán para la mejora de la aplicación de la ley mexicana, la capacidad judicial y trabajar de forma estrecha y coordinada de la Drug Enforcement Administration (DEA), Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Servicio de Marshal (USMS), Sala Penal y Oficina de Programas de Justicia.
Todas estas acciones correlacionadas con la Procuraduría General de la República (PGR) y Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), para trabajar en investigaciones de enjuiciamiento, extradición de líderes, incautación, decomiso de activos e implementar mecanismos para frenar el flujo de armas de norte a sur.
Actualmente la DEA cuenta con 11 oficinas en México, y se pretenden 16 nuevas posiciones en la frontera suroeste en campo de divisiones que aumentaría en 29% el número de agentes con 1,180 elementos asignados, más cuatro equipos de Aplicación Móvil (MET) para atacar el tráfico de metanfetaminas -droga de moda en EU- y frenar la violencia a lo largo de la frontera común.
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