El gobierno colombiano admitió ayer que son graves las denuncias de que una campaña por la reelección del presidente, Álvaro Uribe, fue costeada por una financiera ilegal, cuyo dueño es acusado en Estados Unidos de blanquear dinero del narcotráfico. “Vamos a esperar qué dicen las autoridades, realmente es un hecho grave, no puede uno esconder esa situación”, dijo el ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia.
El presidente del intervenido grupo DMG, David Murcia, aseguró a la revista Cambio que entregó unos 5 mil millones de pesos (2 millones de dólares) a la campaña por un referendo que pretende habilitar a Uribe a postularse para un tercer mandato consecutivo a partir de 2010. Murcia, preso desde noviembre, señaló que los fondos se destinaron a la recolección de firmas —requisito legal para convocar la consulta—, el transporte de las actas y publicidad, y fueron proveídos por una transportadora de valores perteneciente a DMG. “Obviamente debe haber una investigación exhaustiva y llevarla hasta las últimas consecuencias”, agregó el ministro a la televisora Caracol.
El abogado del empresario, Gustavo Salazar, anunció que su cliente entregará “videos y otras pruebas” del donativo, mientras que el promotor del referendo, el congresista Luis Guillermo Giraldo, negó las acusaciones. “No se recibió plata de DMG en el proceso de recolección de firmas. Si hubiéramos recibido ese dinero, no habríamos tenido necesidad de hacer el crédito”, afirmó Giraldo.
En tanto, el dirigente empresarial Fabio Echeverri, impulsor de la primera reelección de Uribe en 2006, dio credibilidad a los señalamientos de Murcia.
Según las autoridades, DMG funcionaba bajo el esquema de “pirámide financiera”, en el que los responsables pagan rendimientos espectaculares con el dinero de nuevos clientes que captan en cadena, hasta quebrar o huir con los fondos.
El presidente del intervenido grupo DMG, David Murcia, aseguró a la revista Cambio que entregó unos 5 mil millones de pesos (2 millones de dólares) a la campaña por un referendo que pretende habilitar a Uribe a postularse para un tercer mandato consecutivo a partir de 2010. Murcia, preso desde noviembre, señaló que los fondos se destinaron a la recolección de firmas —requisito legal para convocar la consulta—, el transporte de las actas y publicidad, y fueron proveídos por una transportadora de valores perteneciente a DMG. “Obviamente debe haber una investigación exhaustiva y llevarla hasta las últimas consecuencias”, agregó el ministro a la televisora Caracol.
El abogado del empresario, Gustavo Salazar, anunció que su cliente entregará “videos y otras pruebas” del donativo, mientras que el promotor del referendo, el congresista Luis Guillermo Giraldo, negó las acusaciones. “No se recibió plata de DMG en el proceso de recolección de firmas. Si hubiéramos recibido ese dinero, no habríamos tenido necesidad de hacer el crédito”, afirmó Giraldo.
En tanto, el dirigente empresarial Fabio Echeverri, impulsor de la primera reelección de Uribe en 2006, dio credibilidad a los señalamientos de Murcia.
Según las autoridades, DMG funcionaba bajo el esquema de “pirámide financiera”, en el que los responsables pagan rendimientos espectaculares con el dinero de nuevos clientes que captan en cadena, hasta quebrar o huir con los fondos.
AFP en Bogotá, Milenio, 4 de abril.
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