Reforma migratoria integral cubrirá sus propios costos

La instrumentación de una reforma migratoria integral que legalice a unos 12 millones de indocumentados cubrirá sus propios costos con impuestos y tarifas a los beneficiados, señaló ayer el Centro de Política de Inmigración (IPC).

“La legalización de trabajadores indocumentados mejoraría los salarios y condiciones laborales de todos los trabajadores e incrementaría los ingresos tributarios de los gobiernos federal, estatal y local” afectados por la crisis, señaló un informe del IPC.

Además, indicó que una reforma migratoria integral “se pagaría por sí misma mediante mayores ingresos tributarios (...), en contraste con fallidas y costosas políticas enfocadas sólo a la aplicación de la ley que se han impulsado hasta ahora.

“Los trabajadores recién legalizados podrían avanzar hacia empleos mejor pagados, contribuir con más impuestos y gastar más en bienes y servicios”, lo cual incrementaría los ya existentes beneficios económicos de la inmigración, destacó.

Citó como ejemplo que en 2006, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) y el Comité Conjunto de Impuestos (JCT) calcularon en 66 mil millones de dólares los ingresos de una reforma procedentes de impuestos y tarifas entre 2007 y 2016.

Mientras tanto, los gastos del gobierno en 2006 hubieran llegado a los 54 mil millones de dólares en ese mismo periodo mediante reembolsos tributarios, programas de asistencia médica, pensiones y estampillas de alimentos para los inmigrantes elegibles y sus familias.

En 2007, un proyecto similar hubiera generado 48 mil millones de dólares en ingresos entre 2008 y 2017, en tanto que el gobierno hubiera incurrido en 23 mil millones de dólares en gastos.

Ese ingreso extra de una reforma superaría los 43 mil millones de dólares en nuevos “gastos discrecionales” en la aplicación de la ley de inmigración entre 2008 y 2017, de acuerdo con el informe.

Señaló, por otro lado, que los costos del programa de verificación electrónica de empleo disminuiría los ingresos federales en 17.3 mil millones de dólares entre 2009 y 2018, en parte porque más trabajadores pasarían a una “economía subterránea” fuera del sistema fiscal.

Angela Kelley, directora del IPC, dijo que un proyecto requeriría que los indocumentados se inscriban en el programa, aprendan inglés, estén libres de delitos graves, muestren un historial laboral reciente y se sometan a revisiones de antecedentes penales.

Kelley indicó en una teleconferencia que en la amnistía de inmigrantes indocumentados de 1986 no se previno futuros flujos de inmigrantes y se mantuvieron cifras bajas en lo referente al ingreso al país de cierto tipo de trabajadores.

Dan Siciliano, de la Escuela de Leyes de la Universidad de Stanford, manifestó que una reforma sacaría de la incertidumbre a millones de indocumentados, que les permitiría invertir en sus comunidades y enfocarse más en la educación de sus hijos.

David Dyssegaard Kallick, del Instituto Policial Fiscal, dijo que “no ocurrirá“ una deportación masiva como buscan muchos grupos opositores a los inmigrantes indocumentados y que “lo real es que un cambio a las leyes de inmigración beneficiará a la economía”.

- Claves

Antecedentes

• La Casa Blanca ha confirmado que el presidente Barack Obama prevé impulsar este año una reforma migratoria integral.

• Mientras tanto, el Congreso estadunidense podría debatir un proyecto de ley bipartidista a partir de septiembre próximo.
Notimex en Washington, Milenio, 14 de abril.

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