BUENOS AIRES.— Pese a haber generado todo tipo de quejas y suspicacias en los países de la región, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos firmaron ayer el “acuerdo de cooperación” para que militares estadounidenses puedan operar en siete bases colombianas contra el terrorismo y el narcotráfico.
El canciller colombiano Jaime Bermúdez y el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield, rubricaron el llamado” Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad”, que será hecho público la semana próxima, según adelantó el responsable de las relaciones exteriores colombianas.
Bermúdez aseguró a la prensa que el plan, que sobrevino tras el cierre definitivo de la base de Manta, en Ecuador, y que tendrá una extensión de 10 años con posibilidades de ser renovado, no busca “aumentar (la cantidad de) los efectivos estadounidenses en el país sino establecer una cooperación técnica entre ambas naciones”. Los ministros colombianos del Interior, Fabio Valencia Cossio, y de Defensa, Gabriel Silva, también suscribieron el texto, que ahora será remitido al Congreso, no para su homologación sino a nivel informativo.
Las bases afectadas son el área de Palanquero, en el centro del país, la de Ejército en Larandía (sur del país) y Tolemaida (centro); las también áreas de Malambo (norte) y Apiay (sur, Meta), y las navales de Cartagena (atlántico) y Málaga, en el Pacífico. En ellas “sólo habrá personal y asesores técnicos y no tropas de combate”, explicó Valencia Cossio como una forma de desmentir a los gobiernos que se oponen.
Los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia han expresado su firme rechazo al acuerdo, mientras que Brasil y Chile exigieron a Colombia tomar las medidas pertinentes para evitar que las bases sirvan para una escalada militar en Sudamérica. El convenio incluso obligó a una cumbre de presidentes de Unasur, convocada de urgencia en la ciudad argentina de Bariloche en agosto pasado, y a otra de cancilleres en Quito el pasado mes de septiembre, donde el presidente colombiano Álvaro Uribe y Bermúdez explicaron los pormenores y el resto de los presidentes y cancilleres sus reparos. En virtud de que todo los gobiernos de la región habían pedido conocer el texto, que para el venezolano Hugo Chávez “significa una virtual declaración de guerra”, Bermúdez adelantó ayer que “estoy firmando cartas para mis colegas los cancilleres, porque Colombia hará público el acuerdo, no tiene ningún problema de que se conozcan los detalles, cuando estos acuerdos históricamente se manejan de forma reservada”.
El canciller ratificó la voluntad del gobierno “de mantener buenas relaciones con los gobiernos de la región”. Sobre la cifra de soldados que operarán en las bases, Bermúdez dijo que no superará el de 800 efectivos y 600 civiles. En la actualidad, detalló, prestan servicios, en el marco del Plan Colombia, 210 soldados de EU y 400 contratistas civiles.
El canciller colombiano Jaime Bermúdez y el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield, rubricaron el llamado” Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad”, que será hecho público la semana próxima, según adelantó el responsable de las relaciones exteriores colombianas.
Bermúdez aseguró a la prensa que el plan, que sobrevino tras el cierre definitivo de la base de Manta, en Ecuador, y que tendrá una extensión de 10 años con posibilidades de ser renovado, no busca “aumentar (la cantidad de) los efectivos estadounidenses en el país sino establecer una cooperación técnica entre ambas naciones”. Los ministros colombianos del Interior, Fabio Valencia Cossio, y de Defensa, Gabriel Silva, también suscribieron el texto, que ahora será remitido al Congreso, no para su homologación sino a nivel informativo.
Las bases afectadas son el área de Palanquero, en el centro del país, la de Ejército en Larandía (sur del país) y Tolemaida (centro); las también áreas de Malambo (norte) y Apiay (sur, Meta), y las navales de Cartagena (atlántico) y Málaga, en el Pacífico. En ellas “sólo habrá personal y asesores técnicos y no tropas de combate”, explicó Valencia Cossio como una forma de desmentir a los gobiernos que se oponen.
Los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia han expresado su firme rechazo al acuerdo, mientras que Brasil y Chile exigieron a Colombia tomar las medidas pertinentes para evitar que las bases sirvan para una escalada militar en Sudamérica. El convenio incluso obligó a una cumbre de presidentes de Unasur, convocada de urgencia en la ciudad argentina de Bariloche en agosto pasado, y a otra de cancilleres en Quito el pasado mes de septiembre, donde el presidente colombiano Álvaro Uribe y Bermúdez explicaron los pormenores y el resto de los presidentes y cancilleres sus reparos. En virtud de que todo los gobiernos de la región habían pedido conocer el texto, que para el venezolano Hugo Chávez “significa una virtual declaración de guerra”, Bermúdez adelantó ayer que “estoy firmando cartas para mis colegas los cancilleres, porque Colombia hará público el acuerdo, no tiene ningún problema de que se conozcan los detalles, cuando estos acuerdos históricamente se manejan de forma reservada”.
El canciller ratificó la voluntad del gobierno “de mantener buenas relaciones con los gobiernos de la región”. Sobre la cifra de soldados que operarán en las bases, Bermúdez dijo que no superará el de 800 efectivos y 600 civiles. En la actualidad, detalló, prestan servicios, en el marco del Plan Colombia, 210 soldados de EU y 400 contratistas civiles.
José Vales corresponsal, EL Universal, 31 de octubre.
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