Desde el día de ayer, y durante diez años, contratistas y militares de Estados Unidos podrán utilizar 10 bases colombianas dentro de lo que ambos gobiernos definen como un acuerdo de colaboración bilateral para la lucha antidrogas y contra el terrorismo. La firma del convenio, que entró en vigencia este viernes, se hizo de forma discreta en la sede de la Cancillería colombiana. La ceremonia contrastó con el ruido que la negociación generó en la Unasur (Unión de países suramericanos) pues países como Venezuela, Ecuador y Bolivia consideraron que se trataba de una amenaza para la estabilidad suramericana por la presencia de tropas de los Estados Unidos en la región.
Por eso, poco después de suscribirse el documento, el canciller colombiano Jaime Bermúdez, aseguró que la firma se hizo de forma discreta porque la intención del Ejecutivo no es hacer “un desafío o un show” y recordó que la idea es que al fortalecer la lucha contra dos delitos trasnacionales mejoren las condiciones de seguridad en el país y las zonas limítrofes. La Unasur planteó ayer que una vez se firmara el acuerdo debería ser conocido por el Consejo de Defensa de la Unasur.
Aunque no se dieron detalles de los alcances del mismo, desde agosto el gobierno informó que el convenio permitía el uso de las bases de Apiay, en el departamento del Meta; Malambo, Atlántico; y Palanquero, en Cundinamarca, que pertenecen a la Fuerza Aérea . Los estadunidenses también podrán hacer presencia en las de Bahía Málaga, en el Valle; y Cartagena, Bolívar, operadas por la Armada Nacional; y el Centro de Entrenamiento del Ejército en Nilo, Cundinamarca y Larandia, en Caquetá. Según Bermúdez, los topes de la presencia de uniformados y contratistas en Colombia permanecen.
Es decir, que según lo había informado el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, no serían más de 800 uniformados y contratistas, los cuales no siempre estarán en el país. El tema de la inmunidad para los militares de EU permanece y según Bermúdez y Valencia se fundamenta en la Convención de Viena.
Por eso, poco después de suscribirse el documento, el canciller colombiano Jaime Bermúdez, aseguró que la firma se hizo de forma discreta porque la intención del Ejecutivo no es hacer “un desafío o un show” y recordó que la idea es que al fortalecer la lucha contra dos delitos trasnacionales mejoren las condiciones de seguridad en el país y las zonas limítrofes. La Unasur planteó ayer que una vez se firmara el acuerdo debería ser conocido por el Consejo de Defensa de la Unasur.
Aunque no se dieron detalles de los alcances del mismo, desde agosto el gobierno informó que el convenio permitía el uso de las bases de Apiay, en el departamento del Meta; Malambo, Atlántico; y Palanquero, en Cundinamarca, que pertenecen a la Fuerza Aérea . Los estadunidenses también podrán hacer presencia en las de Bahía Málaga, en el Valle; y Cartagena, Bolívar, operadas por la Armada Nacional; y el Centro de Entrenamiento del Ejército en Nilo, Cundinamarca y Larandia, en Caquetá. Según Bermúdez, los topes de la presencia de uniformados y contratistas en Colombia permanecen.
Es decir, que según lo había informado el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, no serían más de 800 uniformados y contratistas, los cuales no siempre estarán en el país. El tema de la inmunidad para los militares de EU permanece y según Bermúdez y Valencia se fundamenta en la Convención de Viena.
Clara Isabel Vélez Rincón en Medellín, Milenio, 31 de octubre.
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