La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reprogramó para 2011 la vista del relator especial para ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos, Philip Alston, año en que aquel ya no estará en el cargo.
Los motivos que expuso la dependencia son que conviene a México primero cumplir con las visitas ya comprometidas y con la rendición de informes a los que está obligado de acurdo con los tratados de los que forma parte.
El mandato del actual relator, Philip Alston, concluye en agosto de 2010. Sin embargo, sostuvo la cancillería, las relatorías y procedimientos especiales de la ONU son entidades que funcionan permanentemente, con independencia de que sus titulares sean relectos o sustituidos cuando expira su mandato.
La medida fue criticada por organizaciones mexicanas de derechos humanos; el retraso, señalaron, “contradice abiertamente la postura oficial” de México ante organismos internacionales.
En un pronunciamiento conjunto los centros Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, la Red Todos los Derechos para Todos y Fundar Centro de Análisis e Investigación manifestaron su preocupación ante este hecho y demandaron que se permita la entrada inmediata del relator al país.
“El Estado, en congruencia con su política oficial de apertura a los mecanismos de Naciones Unidas, debe concretar lo más pronto posible la visita a México de Alston. Posponerla significaría negar la magnitud del problema (ejecuciones extrajudiciales), además de que retrasará la aplicación de medidas que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país.”
Hace días el diplomático señaló que pese a haber solicitado permiso para realizar esta visita, el gobierno federal ha obstaculizado su entrada el país. La cancillería negó el hecho.
“El gobierno de México reitera su política de plena cooperación y apertura con todos los organismos universales y regio- nales de derechos humanos”, expuso en un comunicado.
2009, año crítico
Las ONG acusaron que “tales acciones por parte del gobierno de México contradicen abiertamente su postura oficial ante Naciones Unidas, puesto que el gobierno realizó en marzo de 2001, una invitación abierta a todos los mecanismos internacionales y relatores de derechos humanos para que visiten el país, como muestra de una política de apertura y cooperación con los órganos internacionales de derechos humanos.”
Los organismos civiles refirieron que las visitas oficiales de los relatores de la ONU permiten la emisión de recomendaciones a los Estados para prevenir y remediar violaciones a los derechos humanos, identificar las medidas aplicadas por los gobiernos para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales y tomar las acciones para superar los obstáculos existentes.
Manifestaron su sorpresa por la negativa del gobierno mexicano para permitir el ingreso al país del relator sobre ejecuciones extrajudiciales cuando en México, “2009 se ha distinguido por ser un año con un clima difícil en torno a las garantías fundamentales debido a las actuales políticas de seguridad pública”.
Subrayaron que en años recientes se han presentado varios casos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales: la de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores de derechos humanos, en febrero de 2009, en Guerrero.
Otro hecho es que a partir de que la actual administración federal realiza operativos militares de seguridad pública “se han denunciado casos de ejecuciones de civiles cometidos por soldados en diversas entidades federativas, como ocurrió en Sinaloa cuando elementos castrenses ultimaron a cuatro civiles en el municipio de Badiraguato en marzo de 2008”.
Por otro lado, en el contexto de la reunión de reflexión sobre el Consejo de Derechos Humanos en el que participan 17 naciones, la SRE informó que en el primer semestre de 2010 tendrá lugar la visita oficial del relator de la ONU sobre educación.
En el segundo semestre del próximo año, también visitará México oficialmente la relatora de la ONU para la independencia de jueces y abogados. Asimismo, agregó que se extenderá una invitación oficial a la relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la libertad de expresión.
Los motivos que expuso la dependencia son que conviene a México primero cumplir con las visitas ya comprometidas y con la rendición de informes a los que está obligado de acurdo con los tratados de los que forma parte.
El mandato del actual relator, Philip Alston, concluye en agosto de 2010. Sin embargo, sostuvo la cancillería, las relatorías y procedimientos especiales de la ONU son entidades que funcionan permanentemente, con independencia de que sus titulares sean relectos o sustituidos cuando expira su mandato.
La medida fue criticada por organizaciones mexicanas de derechos humanos; el retraso, señalaron, “contradice abiertamente la postura oficial” de México ante organismos internacionales.
En un pronunciamiento conjunto los centros Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, la Red Todos los Derechos para Todos y Fundar Centro de Análisis e Investigación manifestaron su preocupación ante este hecho y demandaron que se permita la entrada inmediata del relator al país.
“El Estado, en congruencia con su política oficial de apertura a los mecanismos de Naciones Unidas, debe concretar lo más pronto posible la visita a México de Alston. Posponerla significaría negar la magnitud del problema (ejecuciones extrajudiciales), además de que retrasará la aplicación de medidas que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país.”
Hace días el diplomático señaló que pese a haber solicitado permiso para realizar esta visita, el gobierno federal ha obstaculizado su entrada el país. La cancillería negó el hecho.
“El gobierno de México reitera su política de plena cooperación y apertura con todos los organismos universales y regio- nales de derechos humanos”, expuso en un comunicado.
2009, año crítico
Las ONG acusaron que “tales acciones por parte del gobierno de México contradicen abiertamente su postura oficial ante Naciones Unidas, puesto que el gobierno realizó en marzo de 2001, una invitación abierta a todos los mecanismos internacionales y relatores de derechos humanos para que visiten el país, como muestra de una política de apertura y cooperación con los órganos internacionales de derechos humanos.”
Los organismos civiles refirieron que las visitas oficiales de los relatores de la ONU permiten la emisión de recomendaciones a los Estados para prevenir y remediar violaciones a los derechos humanos, identificar las medidas aplicadas por los gobiernos para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales y tomar las acciones para superar los obstáculos existentes.
Manifestaron su sorpresa por la negativa del gobierno mexicano para permitir el ingreso al país del relator sobre ejecuciones extrajudiciales cuando en México, “2009 se ha distinguido por ser un año con un clima difícil en torno a las garantías fundamentales debido a las actuales políticas de seguridad pública”.
Subrayaron que en años recientes se han presentado varios casos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales: la de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores de derechos humanos, en febrero de 2009, en Guerrero.
Otro hecho es que a partir de que la actual administración federal realiza operativos militares de seguridad pública “se han denunciado casos de ejecuciones de civiles cometidos por soldados en diversas entidades federativas, como ocurrió en Sinaloa cuando elementos castrenses ultimaron a cuatro civiles en el municipio de Badiraguato en marzo de 2008”.
Por otro lado, en el contexto de la reunión de reflexión sobre el Consejo de Derechos Humanos en el que participan 17 naciones, la SRE informó que en el primer semestre de 2010 tendrá lugar la visita oficial del relator de la ONU sobre educación.
En el segundo semestre del próximo año, también visitará México oficialmente la relatora de la ONU para la independencia de jueces y abogados. Asimismo, agregó que se extenderá una invitación oficial a la relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la libertad de expresión.
Mariana Norandi y Emir Olivares, La Jornada, 31 de octubre.
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