El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, denunció públicamente que el gobierno gasta mucho y mal, en respuesta al reclamo del presidente Felipe Calderón en el sentido de que las grandes compañías eluden el pago de impuestos.
El empresario cuestionó además cómo obtiene recursos el gobierno federal cuando debería —dijo— reducir su gasto en lugar de querer cobrar más impuestos a los ciudadanos.
“El gobierno está viendo (cómo) gastar algo así como 3 billones de pesos y si ajustan el 8% de su gasto, que son 240 mil millones de pesos, con eso alcanza para darle mil pesos a cada hombre, mujer y niño pobre de este país. A una familia de cinco personas podríamos darles 50 mil pesos al año, y no habría pobreza en el país”, agregó.
El propietario de TV Azteca, Iusacell, Banco Azteca y Elektra reprochó el argumento del gobierno respecto a subir impuestos cuando educación y salud en México están “para llorar”.
“¡Cómo estará el sistema de salud si los propios funcionarios no van al sistema de salud que ellos mismos pusieron y se compran seguros privados!”, expresó Salinas Pliego al participar en el séptimo Foro Iberoamericano AHCIET Móvil.
Al referirse a la propuesta de gravar aún más las telecomunicaciones, lo que generaría un impuesto total de 19% (3% de IEPS más 16% de IVA), Salinas dijo: “No se les podría ocurrir un impuesto más retrógrada que éste”, pues propicia tener un país sin conectividad y, con ello, ser una nación de cuarta.
Por ello calificó de suicida gravar servicios que tienen un impacto positivo en el desarrollo económico y social del país.
“Lo insaciable del aparato gubernamental para extraerle recursos a los ciudadanos ahora llega a estos extremos. Nos doran la píldora con el cuento de que quieren ayudar a los pobres, pero si realmente quisiera hacerlo, el gobierno tendría que recortar su gasto”, destacó.
Sí hay contribución al fisco
Armando Paredes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que las empresas de México están dentro del marco legal en términos del pago de impuestos.
Dijo que las empresas pagan “lo que por ley tienen que pagar”, aunque reconoció que puede haber abusos de “algún grupo”, pero no por ello —agregó— se debe generalizar que las grandes empresas en México no contribuyen con el fisco.
Sobre la propuesta de la consolidación fiscal, dijo que los afiliados al CCE se ampararán contra la eliminación retroactiva si la propuesta prospera en la Ley de Ingresos 2010.
Roberto Newell, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, dijo que la eliminación de este esquema hace más costosa la operación de los negocios y sostuvo que la eliminación retroactiva de la consolidación fiscal a cinco años es una “tarugada”, pues lo único que provocará es “espantar a los inversionistas que esperaban invertir en México”.
Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, respaldó que la consolidación fiscal es un “aliciente” para la inversión.
Miguel Marón Manzur, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que si existe elusión o evasión de impuestos del sector empresarial es necesario que la administración pública lo verifique.
El empresario cuestionó además cómo obtiene recursos el gobierno federal cuando debería —dijo— reducir su gasto en lugar de querer cobrar más impuestos a los ciudadanos.
“El gobierno está viendo (cómo) gastar algo así como 3 billones de pesos y si ajustan el 8% de su gasto, que son 240 mil millones de pesos, con eso alcanza para darle mil pesos a cada hombre, mujer y niño pobre de este país. A una familia de cinco personas podríamos darles 50 mil pesos al año, y no habría pobreza en el país”, agregó.
El propietario de TV Azteca, Iusacell, Banco Azteca y Elektra reprochó el argumento del gobierno respecto a subir impuestos cuando educación y salud en México están “para llorar”.
“¡Cómo estará el sistema de salud si los propios funcionarios no van al sistema de salud que ellos mismos pusieron y se compran seguros privados!”, expresó Salinas Pliego al participar en el séptimo Foro Iberoamericano AHCIET Móvil.
Al referirse a la propuesta de gravar aún más las telecomunicaciones, lo que generaría un impuesto total de 19% (3% de IEPS más 16% de IVA), Salinas dijo: “No se les podría ocurrir un impuesto más retrógrada que éste”, pues propicia tener un país sin conectividad y, con ello, ser una nación de cuarta.
Por ello calificó de suicida gravar servicios que tienen un impacto positivo en el desarrollo económico y social del país.
“Lo insaciable del aparato gubernamental para extraerle recursos a los ciudadanos ahora llega a estos extremos. Nos doran la píldora con el cuento de que quieren ayudar a los pobres, pero si realmente quisiera hacerlo, el gobierno tendría que recortar su gasto”, destacó.
Sí hay contribución al fisco
Armando Paredes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que las empresas de México están dentro del marco legal en términos del pago de impuestos.
Dijo que las empresas pagan “lo que por ley tienen que pagar”, aunque reconoció que puede haber abusos de “algún grupo”, pero no por ello —agregó— se debe generalizar que las grandes empresas en México no contribuyen con el fisco.
Sobre la propuesta de la consolidación fiscal, dijo que los afiliados al CCE se ampararán contra la eliminación retroactiva si la propuesta prospera en la Ley de Ingresos 2010.
Roberto Newell, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, dijo que la eliminación de este esquema hace más costosa la operación de los negocios y sostuvo que la eliminación retroactiva de la consolidación fiscal a cinco años es una “tarugada”, pues lo único que provocará es “espantar a los inversionistas que esperaban invertir en México”.
Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, respaldó que la consolidación fiscal es un “aliciente” para la inversión.
Miguel Marón Manzur, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que si existe elusión o evasión de impuestos del sector empresarial es necesario que la administración pública lo verifique.
Angelina Mejía, Manuel Lombera y Ramiro Alonso, El Universal, 30 de octubre.
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