El gobierno de México debe adelantar para el próximo año la visita al país de Philip Alston, relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), postergarla hasta 2011 sólo evidencia el temor de las autoridades porque se documenten los abusos e impunidad de militares y policías.
Esta es la opinión de Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, un organismo no gubernamental mexicano que tiene un estatus consultivo ante en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y donde, de hecho, expuso casos de violaciones a garantías en México.
En entrevista con EL UNIVERSAL, lamentó que el gobierno federal y en concreto la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no considerara prioritario el trabajo de un experto como Alston, quien solicitó visitar el país para verificar las condiciones de la violencia que existe y sobre todo la ola de ejecuciones en diversas zonas del territorio.
Arriaga señaló que retrasar la visita del relator hasta 2011 implica que las autoridades puede estar motivada por el temor del gobierno federal a que un experto como Alston, al reunirse con organizaciones no gubernamentales y víctimas, pueda documentar los homicidios perpetrados por militares o policías.
“El mandato del relator es muy amplio y abarca la posibilidad de estudiar casos en los que esté implicada alguna autoridad, por lo que podría recopilar información no sólo de las muertes vinculadas con el crimen organizado”, también recabaría datos sobre el asesinato de civiles que no tenían relación con grupos delictivos y que son resultado de abusos de autoridad de militares y policías que han quedado impunes”.
Esta es la opinión de Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, un organismo no gubernamental mexicano que tiene un estatus consultivo ante en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y donde, de hecho, expuso casos de violaciones a garantías en México.
En entrevista con EL UNIVERSAL, lamentó que el gobierno federal y en concreto la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no considerara prioritario el trabajo de un experto como Alston, quien solicitó visitar el país para verificar las condiciones de la violencia que existe y sobre todo la ola de ejecuciones en diversas zonas del territorio.
Arriaga señaló que retrasar la visita del relator hasta 2011 implica que las autoridades puede estar motivada por el temor del gobierno federal a que un experto como Alston, al reunirse con organizaciones no gubernamentales y víctimas, pueda documentar los homicidios perpetrados por militares o policías.
“El mandato del relator es muy amplio y abarca la posibilidad de estudiar casos en los que esté implicada alguna autoridad, por lo que podría recopilar información no sólo de las muertes vinculadas con el crimen organizado”, también recabaría datos sobre el asesinato de civiles que no tenían relación con grupos delictivos y que son resultado de abusos de autoridad de militares y policías que han quedado impunes”.
Silvia Otero, EL Universal, 30 de octubre.
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