Al menos cinco mil migrantes han muerto durante los últimos quince años en su intento por cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, reportó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En el contexto del Día Internacional del Migrante —18 de diciembre—, el organismo refirió que “el fortalecimiento de la vigilancia fronteriza ha orillado a los indocumentados a transitar por zonas inhóspitas y de alto riesgo, lo que ha causado miles de muertes en el desierto, ríos y montañas”.
Asegura que desde 1994, se ha mantenido “el promedio de una muerte diaria en la frontera”.
En el documento “Acoso: medidas antiinmigrantes en Estados Unidos”, advierte que “en 2009 el análisis de cuerpos recuperados en la sección más mortífera de la frontera, ha comprobado que el riesgo de morir es 1.5 veces más alto que en 2004 y 17 veces más grande que en 1998”.
Alrededor de siete de los 12 millones de personas que viven sin documentos en la Unión Americana son mexicanos. Representan casi el 60% de la población indocumentada en las últimas tres décadas.
En estados como Arizona, Nuevo México y Wyoming, nueve de cada 10 migrantes son mexicanos.
Ya en territorio estadunidense, describe la CNDH, “los abusos se manifiestan de diversas formas. Redadas, homicidios, persecuciones en las zonas de trabajo y cateos son algunas de las herramientas que utiliza el gobierno de Estados Unidos para disuadir la estadía legal a cualquier costo, incluso al de la violación de los derechos de los migrantes y su desintegración familiar”.
Y añade: “Con las medidas posteriores a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, se endurecieron las políticas y leyes migratorias” en el vecino país.
Entre las leyes punitivas aprobadas desde entonces, cita el permiso para que policías locales tengan facultades de verificación y detención migratoria, tareas que son de competencia federal; el arresto a través de redadas y la deportación masiva.
Afirma que la política estadunidense en torno al tema, “alienta un clima de acoso y animadversión hacia la población migrante”.
Por ejemplo, señala que en Arizona la ley no sólo persigue como delincuentes a los traficantes de personas, sino a los propios migrantes, a los que acusa de “contrabandearse a sí mismos”, por lo que les finca cargos de conspiración.
En Alabama “se pretende exigir que para cualquier trámite realizado por personas mayores de 18 años, sea necesaria una identificación de residencia legal”. Y se impulsa una propuesta “para la confiscación de vehículos a quienes no tengan prueba de su estancia legal, la cual está orientada a que los indocumentados que sean detenidos por violaciones de tránsito tengan que entregar todas sus propiedades”.
En California, “la iniciativa SB 268 propone que a los estudiantes que no tengan un estatus legal se les excluya del beneficio de estar exentos de pagar colegiaturas en las escuelas”.
La Comisión asegura “que cualquier política que recurra al homicidio y al acoso para controlar el flujo de internación geográfica es condenable”.
Y pide al gobierno mexicano concretar un acuerdo con Estados Unidos sobre esta problemática, con base en dos vertientes fundamentales: la legalización de mexicanos que ya se encuentran en ese país; y un ambicioso programa de trabajadores temporales y no proyectos que esclavicen, de manera velada, el trabajo de los migrantes.
En el contexto del Día Internacional del Migrante —18 de diciembre—, el organismo refirió que “el fortalecimiento de la vigilancia fronteriza ha orillado a los indocumentados a transitar por zonas inhóspitas y de alto riesgo, lo que ha causado miles de muertes en el desierto, ríos y montañas”.
Asegura que desde 1994, se ha mantenido “el promedio de una muerte diaria en la frontera”.
En el documento “Acoso: medidas antiinmigrantes en Estados Unidos”, advierte que “en 2009 el análisis de cuerpos recuperados en la sección más mortífera de la frontera, ha comprobado que el riesgo de morir es 1.5 veces más alto que en 2004 y 17 veces más grande que en 1998”.
Alrededor de siete de los 12 millones de personas que viven sin documentos en la Unión Americana son mexicanos. Representan casi el 60% de la población indocumentada en las últimas tres décadas.
En estados como Arizona, Nuevo México y Wyoming, nueve de cada 10 migrantes son mexicanos.
Ya en territorio estadunidense, describe la CNDH, “los abusos se manifiestan de diversas formas. Redadas, homicidios, persecuciones en las zonas de trabajo y cateos son algunas de las herramientas que utiliza el gobierno de Estados Unidos para disuadir la estadía legal a cualquier costo, incluso al de la violación de los derechos de los migrantes y su desintegración familiar”.
Y añade: “Con las medidas posteriores a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, se endurecieron las políticas y leyes migratorias” en el vecino país.
Entre las leyes punitivas aprobadas desde entonces, cita el permiso para que policías locales tengan facultades de verificación y detención migratoria, tareas que son de competencia federal; el arresto a través de redadas y la deportación masiva.
Afirma que la política estadunidense en torno al tema, “alienta un clima de acoso y animadversión hacia la población migrante”.
Por ejemplo, señala que en Arizona la ley no sólo persigue como delincuentes a los traficantes de personas, sino a los propios migrantes, a los que acusa de “contrabandearse a sí mismos”, por lo que les finca cargos de conspiración.
En Alabama “se pretende exigir que para cualquier trámite realizado por personas mayores de 18 años, sea necesaria una identificación de residencia legal”. Y se impulsa una propuesta “para la confiscación de vehículos a quienes no tengan prueba de su estancia legal, la cual está orientada a que los indocumentados que sean detenidos por violaciones de tránsito tengan que entregar todas sus propiedades”.
En California, “la iniciativa SB 268 propone que a los estudiantes que no tengan un estatus legal se les excluya del beneficio de estar exentos de pagar colegiaturas en las escuelas”.
La Comisión asegura “que cualquier política que recurra al homicidio y al acoso para controlar el flujo de internación geográfica es condenable”.
Y pide al gobierno mexicano concretar un acuerdo con Estados Unidos sobre esta problemática, con base en dos vertientes fundamentales: la legalización de mexicanos que ya se encuentran en ese país; y un ambicioso programa de trabajadores temporales y no proyectos que esclavicen, de manera velada, el trabajo de los migrantes.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 19 de diciembre.
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