La Procuraduría General de la República (PGR) investiga desde hace 10 meses a tres comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), entre ellos a su presidente, Héctor Osuna, quienes fueron acusados por la empresa Multivisión (MVS) de incurrir en probable ejercicio abusivo de funciones, que se castiga hasta con 12 años de prisión.
Según la denuncia penal interpuesta el 19 de enero pasado en la delegación de la PGR en Nuevo León por Raquel Palomino Pedroza, apoderada legal de la compañía fundada por el recientemente fallecido Joaquín Vargas, la resolución de la Cofetel con fecha 10 de diciembre de 2008, sugiere a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no refrendar las frecuencias de MVS en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, carece de sustento legal, pues se basa en “afirmaciones falsas” hechas por los miembros del órgano colegiado.
La Jornada tiene copia de la denuncia presentada por MVS que motivó el inicio de una indagatoria en el Ministerio Público Federal y, según las fuentes de la PGR consultadas ayer, el presidente de la Cofetel será citado en breve para que rinda su versión de estos hechos denunciados.
En su exposición de motivos, la parte querellante asegura que los comisionados de la Cofetel que avalaron el resolutivo sujeto a controversia “fueron omisos y no tomaron en consideración las solicitudes de prórroga presentadas por Teleglobo SA (que el 8 de marzo de 2006 cedió los derechos de las concesiones a favor de MVS), con lo que violó la Ley Federal de Telecomunicaciones, entre otros preceptos”.
La Cofetel empleó argumentos que le hizo llegar Cablevisión para no sólo negar a MVS Comunicaciones la solicitud de prórroga de sus frecuencias de banda 2.5 a 2.7 gigahercios (GHz), sino además para incluirlas en un próximo programa de licitaciones de espectro. El 10 de diciembre de 2008 la Cofetel basó su fallo en que MVS no había presentado en tiempo y forma la solicitud para su refrendo.
Según el artículo 19 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, uno de los requisitos para otorgar la prórroga de concesiones en materia de telecomunicaciones es que la empresa titular de una concesión solicite su refrendo antes de que se inicie la última parte del plazo de la concesión.
MVS incluyó en su denuncia penal copia de dos solicitudes de prórroga de las concesiones que posee desde el 21 de enero de 1994 para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para usos determinados, así como título de concesión para instalar, operar y explotar redes públicas de telecomunicación fija para prestar el servicio público de televisión restringida en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y sus zonas aledañas, con vigencia de 15 años.
La primera solicitud de prórroga la presentó Teleglobo a la SCT el 14 de julio de 2000. La segunda la entregó MVS –tras cederle Teleglobo los derechos de sus concesiones– el 10 de diciembre de 2007. Las dos se hicieron antes del 21 de enero de 2007, día en que empezó la última parte del plazo del uso de ambas concesiones.
“En la resolución con fecha 10 de diciembre de 2008, los servidores públicos de Cofetel fueron omisos y no tomaron en consideración las solicitudes de prórroga presentadas por Teleglobo SA desde el 14 de julio de 2000. No las mencionaron ni las relacionaron en el cuerpo de la resolución emitida, omisión que derivó en la manifestación de hechos y circunstancias falsas respecto del tiempo de presentación de las solicitudes de prórroga de las concesiones”, expuso la abogada Palomino en la querella.
Agregó que “es probable que la conducta desplegada por los comisionados Osuna Jaime, en calidad de presidente del pleno de la Cofetel; José Ernesto Gil Elorduy y José Luis Peralta Higuera sea constitutiva de algún delito cometido por servidores públicos según lo previsto en el Código Penal Federal”.
El caso de las solicitudes de prórroga de MVS se complicó a finales de octubre pasado, tras asegurar Héctor Osuna que se licitarían las concesiones de MVS.
Osuna intentó enmendar la declaración y dijo que a veces se publicaban interpretaciones de los reporteros. En ese intento por aclarar, dijo que la decisión de la Cofetel el 10 de diciembre de 2008, cuando los comisionados cambiaron su opinión sobre la conveniencia de que se refrenden las licitaciones de MVS había sido una decisión unánime del pleno, lo cual desmintió el comisionado Rafael del Villar.
Según la denuncia penal interpuesta el 19 de enero pasado en la delegación de la PGR en Nuevo León por Raquel Palomino Pedroza, apoderada legal de la compañía fundada por el recientemente fallecido Joaquín Vargas, la resolución de la Cofetel con fecha 10 de diciembre de 2008, sugiere a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no refrendar las frecuencias de MVS en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, carece de sustento legal, pues se basa en “afirmaciones falsas” hechas por los miembros del órgano colegiado.
La Jornada tiene copia de la denuncia presentada por MVS que motivó el inicio de una indagatoria en el Ministerio Público Federal y, según las fuentes de la PGR consultadas ayer, el presidente de la Cofetel será citado en breve para que rinda su versión de estos hechos denunciados.
En su exposición de motivos, la parte querellante asegura que los comisionados de la Cofetel que avalaron el resolutivo sujeto a controversia “fueron omisos y no tomaron en consideración las solicitudes de prórroga presentadas por Teleglobo SA (que el 8 de marzo de 2006 cedió los derechos de las concesiones a favor de MVS), con lo que violó la Ley Federal de Telecomunicaciones, entre otros preceptos”.
La Cofetel empleó argumentos que le hizo llegar Cablevisión para no sólo negar a MVS Comunicaciones la solicitud de prórroga de sus frecuencias de banda 2.5 a 2.7 gigahercios (GHz), sino además para incluirlas en un próximo programa de licitaciones de espectro. El 10 de diciembre de 2008 la Cofetel basó su fallo en que MVS no había presentado en tiempo y forma la solicitud para su refrendo.
Según el artículo 19 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, uno de los requisitos para otorgar la prórroga de concesiones en materia de telecomunicaciones es que la empresa titular de una concesión solicite su refrendo antes de que se inicie la última parte del plazo de la concesión.
MVS incluyó en su denuncia penal copia de dos solicitudes de prórroga de las concesiones que posee desde el 21 de enero de 1994 para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para usos determinados, así como título de concesión para instalar, operar y explotar redes públicas de telecomunicación fija para prestar el servicio público de televisión restringida en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y sus zonas aledañas, con vigencia de 15 años.
La primera solicitud de prórroga la presentó Teleglobo a la SCT el 14 de julio de 2000. La segunda la entregó MVS –tras cederle Teleglobo los derechos de sus concesiones– el 10 de diciembre de 2007. Las dos se hicieron antes del 21 de enero de 2007, día en que empezó la última parte del plazo del uso de ambas concesiones.
“En la resolución con fecha 10 de diciembre de 2008, los servidores públicos de Cofetel fueron omisos y no tomaron en consideración las solicitudes de prórroga presentadas por Teleglobo SA desde el 14 de julio de 2000. No las mencionaron ni las relacionaron en el cuerpo de la resolución emitida, omisión que derivó en la manifestación de hechos y circunstancias falsas respecto del tiempo de presentación de las solicitudes de prórroga de las concesiones”, expuso la abogada Palomino en la querella.
Agregó que “es probable que la conducta desplegada por los comisionados Osuna Jaime, en calidad de presidente del pleno de la Cofetel; José Ernesto Gil Elorduy y José Luis Peralta Higuera sea constitutiva de algún delito cometido por servidores públicos según lo previsto en el Código Penal Federal”.
El caso de las solicitudes de prórroga de MVS se complicó a finales de octubre pasado, tras asegurar Héctor Osuna que se licitarían las concesiones de MVS.
Osuna intentó enmendar la declaración y dijo que a veces se publicaban interpretaciones de los reporteros. En ese intento por aclarar, dijo que la decisión de la Cofetel el 10 de diciembre de 2008, cuando los comisionados cambiaron su opinión sobre la conveniencia de que se refrenden las licitaciones de MVS había sido una decisión unánime del pleno, lo cual desmintió el comisionado Rafael del Villar.
Alfredo Méndez, La Jornada, 1º de diciembre.
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