La Vida de Valentina Rosendo se divide en dos: antes y después de la violación que sufrió a manos de militares.
"El 16 de febrero fui violada por los militares. Nunca he tenido problemas con nadie, mucho menos con el Gobierno y ahora ya no vivo en mi pueblo, con mi familia con la que crecí felizmente. Llevo 7 años en busca de justicia", dice Valentina.
El abuso de los militares la obligó a trasladarse a Ayutla, para conseguir trabajo como empleada doméstica. "Aprendí a hablar en español para poder encontrar justicia", admite.
En 7 años, Valentina ha acudido -acompañada del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan- a todas las instancias en busca de castigo para los responsables. Su caso fue turnado a la justicia militar, pero no reportan avances.
"El Gobierno de México, no hace caso, dicen que nosotros mentimos", afirma la mujer.
Este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió llevar su caso a la Corte.
Vidulfo Rosales, abogado de Valentina, afirma que si el caso llegó a la Corte Interamericana significa que la jurisdicción militar no es apropiada para atender casos de violaciones a los derechos humanos que cometen militares.
"Esto demuestra, a diferencia de lo que ha dicho el Presidente Felipe Calderón sobre la inexistencia de casos, que sí hay abusos militares.
"Los militares se han estado excediendo en sus funciones. Esta militarización y esta guerra contra el narcotráfico tiene sus efectos en contra de la población más vulnerable, principalmente contra las mujeres indígenas", opinó Rosales.
Valentina ayuda a mujeres indígenas que sufren violaciones a derechos humanos.
"Yo les digo que valemos mucho y nadie tiene el derecho de lastimarnos, que se armen de valor y acaben con todo eso, que en sus manos está la solución de denunciarlos", cuenta.
La defensa de Valentina confía en que la Corte exija al Estado mexicano tanto la ubicación, la sanción de los responsables y el acotamiento del fuero militar.
"El 16 de febrero fui violada por los militares. Nunca he tenido problemas con nadie, mucho menos con el Gobierno y ahora ya no vivo en mi pueblo, con mi familia con la que crecí felizmente. Llevo 7 años en busca de justicia", dice Valentina.
El abuso de los militares la obligó a trasladarse a Ayutla, para conseguir trabajo como empleada doméstica. "Aprendí a hablar en español para poder encontrar justicia", admite.
En 7 años, Valentina ha acudido -acompañada del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan- a todas las instancias en busca de castigo para los responsables. Su caso fue turnado a la justicia militar, pero no reportan avances.
"El Gobierno de México, no hace caso, dicen que nosotros mentimos", afirma la mujer.
Este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió llevar su caso a la Corte.
Vidulfo Rosales, abogado de Valentina, afirma que si el caso llegó a la Corte Interamericana significa que la jurisdicción militar no es apropiada para atender casos de violaciones a los derechos humanos que cometen militares.
"Esto demuestra, a diferencia de lo que ha dicho el Presidente Felipe Calderón sobre la inexistencia de casos, que sí hay abusos militares.
"Los militares se han estado excediendo en sus funciones. Esta militarización y esta guerra contra el narcotráfico tiene sus efectos en contra de la población más vulnerable, principalmente contra las mujeres indígenas", opinó Rosales.
Valentina ayuda a mujeres indígenas que sufren violaciones a derechos humanos.
"Yo les digo que valemos mucho y nadie tiene el derecho de lastimarnos, que se armen de valor y acaben con todo eso, que en sus manos está la solución de denunciarlos", cuenta.
La defensa de Valentina confía en que la Corte exija al Estado mexicano tanto la ubicación, la sanción de los responsables y el acotamiento del fuero militar.
Silvia Garduño, Reforma, 10 de diciembre.
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