TIJUANA, BC.— Organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, testimonios de familiares y declaraciones de detenidos refieren que el arraigo y la tortura se han convertido en las principales armas en la guerra del gobierno contra el crimen organizado.
El Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos (OCDH) ha documentado en esta ciudad fronteriza “arraigos masivos” y “una cifra histórica en los casos de tortura”.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Alberto Herrera, advierte que lo que ocurre en Tijuana es una muestra de lo que está sucediendo en otras partes del país.
“Hay prácticas realmente preocupantes porque se violan los derechos mínimos de las personas, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia”, asegura.
Los grupos que han investigado diversos casos encontraron patrones similares, en los cuales la tortura se realiza al amparo del arraigo.
Sin tener órdenes de aprehensión, los militares detienen a las personas. Luego las trasladan a los cuarteles “Morelos” y “El aguaje de la tuna”, del 28 Batallón de Infantería.
“Ahí, los detenidos son golpeados e incomunicados por varios días. Se les trata de asfixiar con bolsas de plástico y les aplican descargas eléctricas”, explica Francisco Sánchez Corona, coordinador del OCDH.
Testimonios de las víctimas refieren que durante la tortura estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, teniente coronel Julián Leyzaola Pérez; el director de Policía y Tránsito de la ciudad, capitán Gustavo Huerta; así como agentes del Ministerio Público Federal.
Leyzaola y Huerta están al frente de sus corporaciones desde diciembre de 2008.
Sánchez Corona considera que la presencia del Ejército en las calles no ha ayudado a disminuir la delincuencia, “al contrario la violencia sigue galopante y se han incrementado las violaciones a los derechos humanos”.
Además, destaca que Tijuana es una de las ciudades en donde el Ejército, en coordinación con autoridades estatales y municipales, realiza operativos mixtos, como parte de la llamada “guerra contra la delincuencia organizada” que emprende el gobierno federal.
Para Humberto Guerrero Rosales, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la tortura está teniendo dos finalidades: “Que los detenidos se autoincriminen o que señalen a otros, porque mientras se les tortura les muestran fotografías de personas que ni siquiera conocen y se les pide que los identifiquen”.
Lo que vemos, agrega, es que se detiene para después investigar, lo cual va en contra del principio de presunción de inocencia.
Esta semana Amnistía Internacional emitirá un informe en el que documenta y denuncia casos de tortura realizados por militares en varias ciudades del país.
El Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos (OCDH) ha documentado en esta ciudad fronteriza “arraigos masivos” y “una cifra histórica en los casos de tortura”.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Alberto Herrera, advierte que lo que ocurre en Tijuana es una muestra de lo que está sucediendo en otras partes del país.
“Hay prácticas realmente preocupantes porque se violan los derechos mínimos de las personas, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia”, asegura.
Los grupos que han investigado diversos casos encontraron patrones similares, en los cuales la tortura se realiza al amparo del arraigo.
Sin tener órdenes de aprehensión, los militares detienen a las personas. Luego las trasladan a los cuarteles “Morelos” y “El aguaje de la tuna”, del 28 Batallón de Infantería.
“Ahí, los detenidos son golpeados e incomunicados por varios días. Se les trata de asfixiar con bolsas de plástico y les aplican descargas eléctricas”, explica Francisco Sánchez Corona, coordinador del OCDH.
Testimonios de las víctimas refieren que durante la tortura estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, teniente coronel Julián Leyzaola Pérez; el director de Policía y Tránsito de la ciudad, capitán Gustavo Huerta; así como agentes del Ministerio Público Federal.
Leyzaola y Huerta están al frente de sus corporaciones desde diciembre de 2008.
Sánchez Corona considera que la presencia del Ejército en las calles no ha ayudado a disminuir la delincuencia, “al contrario la violencia sigue galopante y se han incrementado las violaciones a los derechos humanos”.
Además, destaca que Tijuana es una de las ciudades en donde el Ejército, en coordinación con autoridades estatales y municipales, realiza operativos mixtos, como parte de la llamada “guerra contra la delincuencia organizada” que emprende el gobierno federal.
Para Humberto Guerrero Rosales, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la tortura está teniendo dos finalidades: “Que los detenidos se autoincriminen o que señalen a otros, porque mientras se les tortura les muestran fotografías de personas que ni siquiera conocen y se les pide que los identifiquen”.
Lo que vemos, agrega, es que se detiene para después investigar, lo cual va en contra del principio de presunción de inocencia.
Esta semana Amnistía Internacional emitirá un informe en el que documenta y denuncia casos de tortura realizados por militares en varias ciudades del país.
Thelma Gómez enviada, El Universal, 7 de diciembre.
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