Grupos vinculados al crimen organizado mantienen el control de la mayor parte de rutas usadas por indocumentados en su tránsito por México.
“Hay creciente participación del crimen organizado en la migración, con énfasis grave en el ataque a indocumentados y a quienes intentan defenderlos, sin que hasta ahora las autoridades hayan emprendido estrategia alguna para combatir el fenómeno”, advirtió Fabienne Venet, integrante del consejo directivo del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim).
“En términos de control migratorio, podríamos pensar que el crimen organizado está siendo más exitoso que las policías gubernamentales […]. No vemos resultados en términos de la acción del Estado o del gobierno para prevenir, de manera efectiva, las agresiones a migrantes”, advirtió.
Aunque dicha denuncia no es nueva, la agresión extrema contra migrantes –añadió– es poco investigada y sin estrategia integral para combatirla, aunque gran parte del tráfico ilícito de personas controlado por la delincuencia organizada.
“El negocio del secuestro de migrantes se está extendiendo con enorme brutalidad y generando ganancias a una escala desconocida”, dijo.
Venet, también ex coordinadora de Sin Fronteras, una de las principales asociaciones civiles de apoyo directo a indocumentados, señaló que esa situación de riesgo absoluto para los migrantes (y sus defensores) no tiene precedente.
“La Iglesia y las organizaciones civiles atienden las consecuencias [de las agresiones a migrantes]; tratan de construir algunos espacios de seguridad para ellos, pero [el avance de los grupos ligados a la delincuencia organizada] continúa en un contexto de una enorme corrupción”, expresó.
No hay cifras oficiales que detallen la magnitud del fenómeno expuesto por el Inedim, aunque funcionarios de los tres niveles de gobierno han reconocido la existencia del mismo.
El Instituto Nacional de Migración (INM) precisa algunos números de protección a migrantes a cargo de los Grupos Beta, aunque no abunda en el origen de la agresión o la situación crítica por la que atraviesan los indocumentados.
Según la estadística del INM, de enero a octubre de este año (últimos datos disponibles) fueron rescatados 3 mil 212 migrantes; 657 lesionados y 140 localizados (tras alguna denuncia de extravío).
Reporta que los Grupos Beta brindaron “asistencia jurídica” a 215 indocumentados, de los cuales sólo 24 presentaron denuncia, 95 queja y 96 no denunció su situación ante la autoridad judicial.
Los números gruesos de apoyo oficial a este sector se refieren a aspectos sociales (178 mil 435 beneficiados, según las cifras del INM), orientación a 193 mil 417 y 104 mil 292 repatriados (de Estados Unidos) fueron atendidos.
Venet confirmó que no existen estadísticas sustentadas sobre el número de migrantes secuestrados, precisamente porque se trata de una población en movimiento, vulnerable, de tránsito irregular en el país y, por tanto, tiene muchas dificultades para presentar denuncias en un país donde es común la impunidad y la corrupción.
“Cuando un migrante decide poner una denuncia no forzosamente se la van a recibir, entonces es muy difícil contar con estadísticas certeras.”
Sin embargo, destacó, hay un esfuerzo muy importante de atención a víctimas y documentación de los casos en albergues operados por la Iglesia.
“No hay estadística oficial, pero sí la constancia de muchos casos de migrantes brutalmente agredidos por la delincuencia organizada. Creo que podemos hablar de miles. Estamos ante una práctica cotidiana”, explicó Venet en entrevista.
Pese a este contexto, del aumento de las medidas de seguridad para evitar el paso de personas a México y la crisis económica en Estados Unidos, “los migrantes continúan jugándosela”.
Todos enfrentan ahora un cúmulo de obstáculos, son víctimas de agresiones a su vida.
“Hay creciente participación del crimen organizado en la migración, con énfasis grave en el ataque a indocumentados y a quienes intentan defenderlos, sin que hasta ahora las autoridades hayan emprendido estrategia alguna para combatir el fenómeno”, advirtió Fabienne Venet, integrante del consejo directivo del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim).
“En términos de control migratorio, podríamos pensar que el crimen organizado está siendo más exitoso que las policías gubernamentales […]. No vemos resultados en términos de la acción del Estado o del gobierno para prevenir, de manera efectiva, las agresiones a migrantes”, advirtió.
Aunque dicha denuncia no es nueva, la agresión extrema contra migrantes –añadió– es poco investigada y sin estrategia integral para combatirla, aunque gran parte del tráfico ilícito de personas controlado por la delincuencia organizada.
“El negocio del secuestro de migrantes se está extendiendo con enorme brutalidad y generando ganancias a una escala desconocida”, dijo.
Venet, también ex coordinadora de Sin Fronteras, una de las principales asociaciones civiles de apoyo directo a indocumentados, señaló que esa situación de riesgo absoluto para los migrantes (y sus defensores) no tiene precedente.
“La Iglesia y las organizaciones civiles atienden las consecuencias [de las agresiones a migrantes]; tratan de construir algunos espacios de seguridad para ellos, pero [el avance de los grupos ligados a la delincuencia organizada] continúa en un contexto de una enorme corrupción”, expresó.
No hay cifras oficiales que detallen la magnitud del fenómeno expuesto por el Inedim, aunque funcionarios de los tres niveles de gobierno han reconocido la existencia del mismo.
El Instituto Nacional de Migración (INM) precisa algunos números de protección a migrantes a cargo de los Grupos Beta, aunque no abunda en el origen de la agresión o la situación crítica por la que atraviesan los indocumentados.
Según la estadística del INM, de enero a octubre de este año (últimos datos disponibles) fueron rescatados 3 mil 212 migrantes; 657 lesionados y 140 localizados (tras alguna denuncia de extravío).
Reporta que los Grupos Beta brindaron “asistencia jurídica” a 215 indocumentados, de los cuales sólo 24 presentaron denuncia, 95 queja y 96 no denunció su situación ante la autoridad judicial.
Los números gruesos de apoyo oficial a este sector se refieren a aspectos sociales (178 mil 435 beneficiados, según las cifras del INM), orientación a 193 mil 417 y 104 mil 292 repatriados (de Estados Unidos) fueron atendidos.
Venet confirmó que no existen estadísticas sustentadas sobre el número de migrantes secuestrados, precisamente porque se trata de una población en movimiento, vulnerable, de tránsito irregular en el país y, por tanto, tiene muchas dificultades para presentar denuncias en un país donde es común la impunidad y la corrupción.
“Cuando un migrante decide poner una denuncia no forzosamente se la van a recibir, entonces es muy difícil contar con estadísticas certeras.”
Sin embargo, destacó, hay un esfuerzo muy importante de atención a víctimas y documentación de los casos en albergues operados por la Iglesia.
“No hay estadística oficial, pero sí la constancia de muchos casos de migrantes brutalmente agredidos por la delincuencia organizada. Creo que podemos hablar de miles. Estamos ante una práctica cotidiana”, explicó Venet en entrevista.
Pese a este contexto, del aumento de las medidas de seguridad para evitar el paso de personas a México y la crisis económica en Estados Unidos, “los migrantes continúan jugándosela”.
Todos enfrentan ahora un cúmulo de obstáculos, son víctimas de agresiones a su vida.
Fabiola Martínez, La Jornada, 27 de diciembre.
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