CARACAS (Agencias).— Decenas de personas se congregaron ayer ante la sede de RCTV en Caracas para rechazar su salida, ordenada por el gobierno, de la televisión por cable.
RCTV reclama que es un medio internacional con sede en Miami y que no está obligado a pasar las cadenas, mensajes obligatorios del gobierno que deben transmitir todos los canales, como la que el presidente Hugo Chávez dio el sábado para abuchear a la oposición desde una marcha oficialista.
El gobierno venezolano logró ayer que las empresas de suscripción por cable anularan la señal de RCTV, que hace casi tres años fue sacado del aire en abierto acusado por el presidente Hugo Chávez de conspirar contra su administración.
Según Conatel, ente que regula las telecomunicaciones, RCTV y otros canales considerados nacionales que emiten por suscripción deben plegarse a la legislación venezolana —lo que lo obligaría a transmitir las frecuentes cadenas oficiales y modificar sus pautas de publicidad— o salir de antena.
A las 00.01 hora local, las principales operadoras de cable cesaron la transmisión de RCTV y otras cinco televisoras por incumplir la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. “El que se niegue a cumplir la ley eso es lo que hay que hacer, más nada (...) aquí hay unos burguesitos y burguesotes que se dan el lujo de retar el gobierno. Está bien, si no acuden (a la ley) no tendrán más nunca salida”, dijo Chávez en su programa dominical de radio y televisión Aló, Presidente.
La oposición dice que Chávez busca controlar los medios para ocultar el creciente descontento de la población, mientras el oficialismo considera que los canales privados “envenenan al pueblo” con mentiras.
Crecen condenas
La Mesa de Unidad, que reúne a los partidos de oposición, emitió una declaración en la que asegura que la medida “es una irónica evidencia de la situación de nuestro país, el que el 23 de enero se dé otro zarpazo a la libertad de expresión, como venganza a la formidable manifestación popular unitaria”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su parte, manifestó su rechazo por el cierre de seis canales de tv en Venezuela y solicitó el restablecimiento de las garantías de libertad de expresión y del debido proceso.
Parlamentarios y dirigentes de sectores políticos chilenos demandaron al gobierno de Michelle Bachelet una reacción “firme” contra la suspensión temporal de señales de televisión ordenada en Venezuela, ya que entre las afectadas se encuentra TV Chile, una señal internacional de la cadena estatal chilena TVN.
RCTV reclama que es un medio internacional con sede en Miami y que no está obligado a pasar las cadenas, mensajes obligatorios del gobierno que deben transmitir todos los canales, como la que el presidente Hugo Chávez dio el sábado para abuchear a la oposición desde una marcha oficialista.
El gobierno venezolano logró ayer que las empresas de suscripción por cable anularan la señal de RCTV, que hace casi tres años fue sacado del aire en abierto acusado por el presidente Hugo Chávez de conspirar contra su administración.
Según Conatel, ente que regula las telecomunicaciones, RCTV y otros canales considerados nacionales que emiten por suscripción deben plegarse a la legislación venezolana —lo que lo obligaría a transmitir las frecuentes cadenas oficiales y modificar sus pautas de publicidad— o salir de antena.
A las 00.01 hora local, las principales operadoras de cable cesaron la transmisión de RCTV y otras cinco televisoras por incumplir la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. “El que se niegue a cumplir la ley eso es lo que hay que hacer, más nada (...) aquí hay unos burguesitos y burguesotes que se dan el lujo de retar el gobierno. Está bien, si no acuden (a la ley) no tendrán más nunca salida”, dijo Chávez en su programa dominical de radio y televisión Aló, Presidente.
La oposición dice que Chávez busca controlar los medios para ocultar el creciente descontento de la población, mientras el oficialismo considera que los canales privados “envenenan al pueblo” con mentiras.
Crecen condenas
La Mesa de Unidad, que reúne a los partidos de oposición, emitió una declaración en la que asegura que la medida “es una irónica evidencia de la situación de nuestro país, el que el 23 de enero se dé otro zarpazo a la libertad de expresión, como venganza a la formidable manifestación popular unitaria”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su parte, manifestó su rechazo por el cierre de seis canales de tv en Venezuela y solicitó el restablecimiento de las garantías de libertad de expresión y del debido proceso.
Parlamentarios y dirigentes de sectores políticos chilenos demandaron al gobierno de Michelle Bachelet una reacción “firme” contra la suspensión temporal de señales de televisión ordenada en Venezuela, ya que entre las afectadas se encuentra TV Chile, una señal internacional de la cadena estatal chilena TVN.
El Universal, 25 de enero.
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