Senadores discutían anoche una opción para aprobar el mecanismo que permita la participación del Ejército mexicano ante una declaratoria de afectación a la seguridad interior en el país, como parte del dictamen para reformar la Ley de Seguridad Nacional.
Hasta el cierre de esta edición, los legisladores discutían en Comisiones Unidas que el Presidente sea quien autorice el accionar del Ejército, y que el Senado sólo verifique si el procedimiento para emitir la declaratoria de una afectación a la seguridad interior está ajustado a la ley, ante la petición de un Ejecutivo local o de un Congreso estatal, con el fin de que la milicia los apoye.
Así, de acuerdo con la fracción cuarta del artículo 69 de la ley, el Presidente de la República tendrá la responsabilidad de aprobar o no el proyecto de declaratoria de existencia de una afectación a la seguridad interior. Con ello, el Senado de la República se quita la responsabilidad de aprobar o no la utilización del Ejército.
El legislador priísta Jesús Murillo Karam aseguró que la salida es constitucional.
Cuestionan propuesta
Sin embargo, el senador del PRD, Pablo Gómez, cuestionó que legalmente el Senado pueda verificar la legalidad de dicho procedimiento, pues, desde su punto de vista, esa facultad no está en la ley.
Propuso que el proyecto de declaratoria sea enviado no sólo al Senado, sino también a la Cámara de Diputados, como órganos integrantes del Congreso de la Unión, para su conocimiento y efectos consecuentes a las funciones legales de control político.
El senador del PAN, Alejandro Zapata, pidió que el Congreso tenga que verificar esa legalidad “en breve”.
Las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado, reiniciaron anoche la discusión para aprobar un dictamen en torno a la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que norma la participación del Ejército en las calles, a sólo una semana de que termine el periodo ordinario de sesiones.
El proyecto, que se preveía someter a votación anoche, autoriza a una Legislatura local o una entidad federativa o del DF que considere si existe una afectación a la seguridad interior, a través de actos que pongan en peligro la estabilidad, la seguridad, la paz o el orden, presentar por escrito su solicitud de declaratoria al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con toda la información que la sustente.
Algunos acuerdos
Entre los acuerdos destaca que el secretario ejecutivo procederá a integrar un expediente con la información recibida y podrá requerir información a autoridades correspondientes, personas físicas o morales. Posteriormente convocará al Consejo Nacional de Seguridad Pública, para analizar y evaluar la magnitud de la afectación a la seguridad interior de las autoridades para ejercer sus funciones, y las acciones y medidas a ejecutar y su temporalidad.
El secretario ejecutivo elaborará un acta circunstanciada de las deliberaciones y acuerdos del consejo, e integrará el proyecto de declaratoria de afectación a la seguridad interior, con datos como ubicación geográfica y temporalidad del accionar militar.
Hasta el cierre de esta edición se discutía el papel del Senado y de la Cámara baja.
Hasta el cierre de esta edición, los legisladores discutían en Comisiones Unidas que el Presidente sea quien autorice el accionar del Ejército, y que el Senado sólo verifique si el procedimiento para emitir la declaratoria de una afectación a la seguridad interior está ajustado a la ley, ante la petición de un Ejecutivo local o de un Congreso estatal, con el fin de que la milicia los apoye.
Así, de acuerdo con la fracción cuarta del artículo 69 de la ley, el Presidente de la República tendrá la responsabilidad de aprobar o no el proyecto de declaratoria de existencia de una afectación a la seguridad interior. Con ello, el Senado de la República se quita la responsabilidad de aprobar o no la utilización del Ejército.
El legislador priísta Jesús Murillo Karam aseguró que la salida es constitucional.
Cuestionan propuesta
Sin embargo, el senador del PRD, Pablo Gómez, cuestionó que legalmente el Senado pueda verificar la legalidad de dicho procedimiento, pues, desde su punto de vista, esa facultad no está en la ley.
Propuso que el proyecto de declaratoria sea enviado no sólo al Senado, sino también a la Cámara de Diputados, como órganos integrantes del Congreso de la Unión, para su conocimiento y efectos consecuentes a las funciones legales de control político.
El senador del PAN, Alejandro Zapata, pidió que el Congreso tenga que verificar esa legalidad “en breve”.
Las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado, reiniciaron anoche la discusión para aprobar un dictamen en torno a la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que norma la participación del Ejército en las calles, a sólo una semana de que termine el periodo ordinario de sesiones.
El proyecto, que se preveía someter a votación anoche, autoriza a una Legislatura local o una entidad federativa o del DF que considere si existe una afectación a la seguridad interior, a través de actos que pongan en peligro la estabilidad, la seguridad, la paz o el orden, presentar por escrito su solicitud de declaratoria al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con toda la información que la sustente.
Algunos acuerdos
Entre los acuerdos destaca que el secretario ejecutivo procederá a integrar un expediente con la información recibida y podrá requerir información a autoridades correspondientes, personas físicas o morales. Posteriormente convocará al Consejo Nacional de Seguridad Pública, para analizar y evaluar la magnitud de la afectación a la seguridad interior de las autoridades para ejercer sus funciones, y las acciones y medidas a ejecutar y su temporalidad.
El secretario ejecutivo elaborará un acta circunstanciada de las deliberaciones y acuerdos del consejo, e integrará el proyecto de declaratoria de afectación a la seguridad interior, con datos como ubicación geográfica y temporalidad del accionar militar.
Hasta el cierre de esta edición se discutía el papel del Senado y de la Cámara baja.
Elena Michel y Ricardo Gómez, El Universal, 23 de abril.
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