El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) aseveraron que el retiro paulatino del Ejército de Ciudad Juárez obedece a la demanda de la sociedad juarense de frenar la violencia y al reclamo del gobierno estadunidense por los asesinatos de personal vinculado a su consulado en esa ciudad fronteriza.
El sacerdote Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh, y Édgar Cortez, del IMDHM, coincidieron, en entrevistas por separado, en que la decisión de retirar al Ejército de Ciudad Juárez “no debe ser convertida en garantía de impunidad, se debe investigar y sancionar a los militares que hayan cometido violaciones de los derechos humanos y también a los civiles que las permitieron”.
Reconocimiento al fracaso de la estrategia antinarco
Adrián Ramírez subrayó que “la salida del Ejército habla del reconocimiento del fracaso del combate al crimen organizado, pero también de las opiniones que emitió el gobierno de Estados Unidos mediante sus enviados en la reunión de alto nivel”.
Preocupa, abundó la Limeddh, que “esta decisión se da en el contexto de una sesión de soberanía para que las diferentes agencias de Estados Unidos intervengan directamente en los asuntos de México, sobre todo en la labor de inteligencia y de compartir información”.
En el combate contra la delincuencia organizada cada país debe asumir la responsabilidad que le corresponde y los acuerdos de colaboración son en relación con lo que cada uno puede hacer del lado de su frontera, sin injerencias. Lamentamos mucho que el cambio de estrategia tenga que venir por la presión de otros países”.
La salida del Ejército de Ciudad Juárez “corresponde, en primer lugar, a la demanda de la sociedad juarense, a partir de los homicidios de los jóvenes en Salvárcar, pero también está relacionada con los crímenes del personal del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez”, subrayó el sacerdote Miguel Concha.
Abundó: “sin lugar a dudas, a raíz de esos acontecimientos se incrementaron las voces que pidieran la salida del Ejército, que demandaron una revisión de la estrategia y dijeron que el combate contra el narcotráfico no puede estar basado sólo en medidas de fuerza, a eso se sumaron los puntos de vista del gobierno de Estados Unidos, quien dijo que la estrategia no ha arrojado los resultados esperados, y luego las declaraciones de Janet Napolitano”.
El presidente del Centro Fray Francisco de Vitoria dijo que “hay que cuidar que la salida del Ejército no sea sólo relevada por la Policía Federal, sino que en realidad haya un enfoque integral en la lucha contra el crimen organizado, porque si no sólo va a ser un cambio de apariencia”.
El sacerdote Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh, y Édgar Cortez, del IMDHM, coincidieron, en entrevistas por separado, en que la decisión de retirar al Ejército de Ciudad Juárez “no debe ser convertida en garantía de impunidad, se debe investigar y sancionar a los militares que hayan cometido violaciones de los derechos humanos y también a los civiles que las permitieron”.
Reconocimiento al fracaso de la estrategia antinarco
Adrián Ramírez subrayó que “la salida del Ejército habla del reconocimiento del fracaso del combate al crimen organizado, pero también de las opiniones que emitió el gobierno de Estados Unidos mediante sus enviados en la reunión de alto nivel”.
Preocupa, abundó la Limeddh, que “esta decisión se da en el contexto de una sesión de soberanía para que las diferentes agencias de Estados Unidos intervengan directamente en los asuntos de México, sobre todo en la labor de inteligencia y de compartir información”.
En el combate contra la delincuencia organizada cada país debe asumir la responsabilidad que le corresponde y los acuerdos de colaboración son en relación con lo que cada uno puede hacer del lado de su frontera, sin injerencias. Lamentamos mucho que el cambio de estrategia tenga que venir por la presión de otros países”.
La salida del Ejército de Ciudad Juárez “corresponde, en primer lugar, a la demanda de la sociedad juarense, a partir de los homicidios de los jóvenes en Salvárcar, pero también está relacionada con los crímenes del personal del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez”, subrayó el sacerdote Miguel Concha.
Abundó: “sin lugar a dudas, a raíz de esos acontecimientos se incrementaron las voces que pidieran la salida del Ejército, que demandaron una revisión de la estrategia y dijeron que el combate contra el narcotráfico no puede estar basado sólo en medidas de fuerza, a eso se sumaron los puntos de vista del gobierno de Estados Unidos, quien dijo que la estrategia no ha arrojado los resultados esperados, y luego las declaraciones de Janet Napolitano”.
El presidente del Centro Fray Francisco de Vitoria dijo que “hay que cuidar que la salida del Ejército no sea sólo relevada por la Policía Federal, sino que en realidad haya un enfoque integral en la lucha contra el crimen organizado, porque si no sólo va a ser un cambio de apariencia”.
Víctor Ballinas, La Jornada, 2 de abril.
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