Los empresarios del país pidieron al titular de la Secretaráa de Seguridad Publica (SSP) federal, Genaro García Luna, que ponga freno a las extorsiones, particularmente en el norte del país, ya que cada mes son obligados a pagar entre 5 mil y 50 mil pesos para que el crimen organizado no los agreda, situación que ha generado que varios hombres de negocios emigren a Estados Unidos.
El año pasado la dependencia documentó más de 50 mil casos de extorsión, principalmente de agricultores, trabajadores de la construcción y amas de casa. Si bien no cuenta con estadísticas sobre empresarios afectados, la SSP federal calcula que invierten hasta 3 por ciento de sus ganancias en seguridad.
A nombre del Consejo Coordinador Empresarial, Canacintra, Concamin y Canaco, el presidente de la Coparmex, Ricardo González Sada, indicó que la inseguridad pública cuesta al país 15 por ciento del PIB, lo que incluye inversión del Estado y de particulares.
El sector empresarial firmó ayer un acuerdo con la SSP federal para aplicar una estrategia contra el delito de extorsión, a partir del cual los titulares de la SSP estatales y el coordinador de la Policía Federal en cada entidad serán los enlaces para atender las denuncias.
Los organismos empresariales se comprometieron a integrarse en los observatorios ciudadanos para dar seguimiento a los casos de extorsión. De acuerdo con González Sada, la inseguridad implica un sobrecosto promedio de 3 por ciento para las empresas; “sin embargo, es imposible evaluar la incertidumbre, el miedo, la desesperanza y, sobre todo, el dolor de víctimas y familiares” cuando enfrentan una situación traumática.
En la extorsión, dijo, “es evidente la pretensión de los delincuentes de apropiarse facultades exclusivas del Estado e incluso suplantarlo. Eso está implícito en la acción de cobrar derecho de piso”.
El año pasado la dependencia documentó más de 50 mil casos de extorsión, principalmente de agricultores, trabajadores de la construcción y amas de casa. Si bien no cuenta con estadísticas sobre empresarios afectados, la SSP federal calcula que invierten hasta 3 por ciento de sus ganancias en seguridad.
A nombre del Consejo Coordinador Empresarial, Canacintra, Concamin y Canaco, el presidente de la Coparmex, Ricardo González Sada, indicó que la inseguridad pública cuesta al país 15 por ciento del PIB, lo que incluye inversión del Estado y de particulares.
El sector empresarial firmó ayer un acuerdo con la SSP federal para aplicar una estrategia contra el delito de extorsión, a partir del cual los titulares de la SSP estatales y el coordinador de la Policía Federal en cada entidad serán los enlaces para atender las denuncias.
Los organismos empresariales se comprometieron a integrarse en los observatorios ciudadanos para dar seguimiento a los casos de extorsión. De acuerdo con González Sada, la inseguridad implica un sobrecosto promedio de 3 por ciento para las empresas; “sin embargo, es imposible evaluar la incertidumbre, el miedo, la desesperanza y, sobre todo, el dolor de víctimas y familiares” cuando enfrentan una situación traumática.
En la extorsión, dijo, “es evidente la pretensión de los delincuentes de apropiarse facultades exclusivas del Estado e incluso suplantarlo. Eso está implícito en la acción de cobrar derecho de piso”.
Ignacio Alzaga, Milenio, 1º de abril.
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