Mónica Lozano, directora de la Asociación Mexicana de Productores Independientes, ilustró: “La industria cinematográfica nacional ha sido de las más golpeadas; a pesar de eso el cine mexicano ha triunfado en diversos escenarios alrededor del mundo... Lo anterior impulsó que en 2007 se promulgara en la Ley del ISR un auténtico estímulo fiscal que permitiera un desarrollo sustentable de la industria cinematográfica en nuestro país. Dicho estímulo, previsto en el artículo 226, permite aportar a cualquier persona física o moral hasta 10 por ciento del impuesto a cargo del ejercicio inmediato anterior para la producción de un proyecto cinematográfico nacional, generándose en consecuencia un crédito por la cantidad aportada, aplicable en contra de los pagos provisionales o anual de ISR a cargo del contribuyente.
“Por eso es importante resaltar que dicho estímulo fiscal cuesta al presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 500 millones de pesos al año, cifra tope que establece el propio artículo, razón por la cual la SHCP ha tratado de boicotear este acierto legislativo de incentivar el interés de los posibles inversionistas por medio del siguiente criterio normativo: ‘Los estímulos fiscales constituyen ingresos acumulables para efectos de la Ley de ISR, pero de la simple lectura que se realice al artículo 226 del ISR se puede apreciar que en ningún momento se establece que dichos apoyos se deban considerar como ingresos acumulables y mucho menos que deban pagarse 28 por ciento de dichas aportaciones por concepto de ISR; asimismo, cabe mencionar que tampoco está dentro de las facultades de las autoridades fiscales realizar interpretaciones de las disposiciones legales, ya que dichas responsabilidades competen exclusivamente al Poder Judicial de la Federación. Lo anterior deja en evidencia la ilegalidad del criterio normativo sujeto a estudio, ya que, además de carecer totalmente de técnica jurídica, la SHCP efectúa un acto formalmente administrativo, pe-ro materialmente judicial, lo que se traduce en una flagrante violación a las división de poderes establecida en nuestra Constitución Política.
“En efecto, la SHCP trata de desentivar la inversión en una actividad prioritaria para el país por medio de una norma de carácter interno, pasado por alto la voluntad popular depositada en el Senado; por lo anterior, directores, escritores, productores, artistas, técnicos y todos los representantes de la industria cinematográfica aquí reunidos confiamos en que los senadores obliguen a que la SHCP acate las leyes que ustedes emitieron, ya que de no ser así tendremos una secretaría con funciones legislativas.”
Generando empleos
La legisladora María Rojo dijo que esta “interpretación que hace la SHCP del artículo 226 pone en riesgo el crecimiento del sector, ya que por cada peso que invierte el Estado dos son aportados por el sector privado, lo que propicia un efecto multiplicador de la inversión pública en esta industria; todas las industrias cinematográficas competitivas en el mundo cuentan con apoyos permanentes de sus respectivos países para apoyar la producción con estímulos fiscales, contribuciones directas, créditos favorables y lesgislaciones de fomento y desarrollo”.
La legisladora subrayó que este instrumento ha contribuido a un crecimiento sostenido de la producción fílmica en el país generando 135 mil empleos directos e impulsando, tan sólo en 2009, aproximadamente 100 nuevos proyectos, lo que refleja la importancia de esos estímulos. Además, destacó que la industria fílmica nacional se encuentra entre las 10 primeras generadoras de ingresos y poco a poco se recuperan los espacios perdidos en mercados internacionales. Sentenció que de no mantenerse los apoyos fiscales de nada habrá servido la taquilla por mil 200 millones de pesos que películas mexicanas recabaron los pasados tres años.
Por su parte, el actor Diego Luna, socio de la productora Canana Films, dijo: “Los que estamos hoy aquí somos parte de una industria que hoy se encuentra, como el país entero, en un momento crítico, que sobrevive gracias a los incentivos fiscales y al subsidio del estado; deberíamos tomar como ejemplo las políticas culturales de España, Francia, Brasil y Argentina, donde se ha demostrado que la cultura trae crecimiento y es un gran fomento para el turismo, genera una sociedad orgullosa de su entorno, que vive en mayor armonía y que entiende el concepto de ciudadanía”.
Otro de los participantes, Giménez Cacho, dijo: “Ninguna sociedad puede sobrevivir ni desarrollarse sin reconocer el papel fundamental que desempeña la creación artística o sin apoyar el desarrollo de la cultura; una sociedad sin cultura está condenada al estancamiento; no se puede crear en una comunidad donde los artistas no cuentan con los espacios y los medios adecuados para llegar a sus iguales, tampoco si el mercado de los bienes y servicios culturales de una sociedad está mayoritariamente en manos extranjeras”.
Fuga de talentos
El presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Pedro Armendáriz, mencionó: “En años recientes las películas mexicanas han tenido diversos reconocimientos internacionales y, desgraciadamente, muchos de sus realizadores se han ido del país porque otras naciones les han ofrecido mejores condiciones de trabajo y de desarrollo. México no ha sabido valorar su talento, su creatividad y su esfuerzo... México necesita de escuelas de cine en las cuales los egresados pueden hacer los filmes que dan prestigio a México... por eso el Estado debe seguir considerando los incentivos fiscales y apoyos mediante diversos mecanismos para sostener esta gran industria”.
Los legisladores acordaron que durante los trabajos de la cámara presentarán “una aclaración de criterio”, es decir, buscarán despejar la confusión que se ha creado para precisar que el artículo 226 de la Ley del ISR no implica un ingreso acumulable automático, como ha interpretado el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que ha venido a frenar de alguna manera el desarrollo de la industria fílmica en los pasados cinco años. En la reunión participaron los legisladores priístas Francisco Arroyo, Manlio Fabio Beltrones, Francisco Arroyo Vieyra y Armando Báez Pinal, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados; los perredistas Carlos Navarrete y Carlos Sotelo, y el panista Marco Cortés.
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