El vicepresidente del Senado, Arturo Núñez, consideró posible una alianza entre PRI y PRD para modificar la propuesta de Felipe Calderón en materia de impuestos. Mientras el dirigente del sol azteca, Jesús Ortega, acusó a los gobernadores de los estados de México, Enrique Peña Nieto; Veracruz, Fidel Herrera, y Oaxaca, Ulises Ruiz, de presionar a los diputados para que aprobaran el aumento al impuesto al valor agregado (IVA).
Entrevistado tras la inauguración de la Sexta Semana Nacional de Transparencia, Núñez dijo que “ha habido coincidencias con el PRI, básicamente en lo concerniente al IVA, el impuesto especial a los depósitos en efectivo y a telecomunicaciones”. Destacó que persisten diferencias acerca de la consolidación fiscal, a pesar de que con la desaparición de los regímenes especiales se subsanaría el boquete de 350 mil millones de pesos que, según Hacienda, existe.
Señaló que ni PRI ni PAN quieren “cargar con los costos políticos” de imponer nuevos impuestos y les pidió “entrar al fondo del problema: vamos a gravar a quienes no pagan impuestos, ampliar la base de contribuyentes, reducir gastos superfluos y modificar cosas que en esta coyuntura es obligado hacerlo”.
En un comunicado, Ortega afirma que los gobernadores acordaron con Hacienda que, “a como diera lugar, no se iba a modificar la minuta”, y sus presiones tuvieron éxito. Sus negociaciones con el gobierno federal incluyen el tema electoral y las alianzas, “pero, sobre todo, reclaman dinero para utilizarlo en las campañas de 2010, que sólo pueden obtener mediante el alza de impuestos”.
El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Rogelio Cabrera, sostuvo que para determinar la carga fiscal se tendrían que “respetar los principios de solidaridad, racionalidad y equidad”. Recordó que, de acuerdo con los principios de la Iglesia, el objetivo final de las tasas impositivas debe ser “lograr una finanza pública capaz de ser instrumento de desarrollo y de solidaridad”.
El Colegio Nacional de Economistas llamó al Senado a “superar los estrechos marcos de la miscelánea fiscal” aprobada por los diputados, y solicitó que convoque a un nuevo pacto fiscal, “con visión de Estado”, que restituya las potestades tributarias de las entidades federativas.
David Colmenares Páramo, ex presidente y miembro de la directiva de ese colegio; José Alberto Aguilar Iñárruti, secretario de asuntos internacionales, y Gonzalo Núñez González, gerente de la institución, exigieron superar la etapa de aplicación de “parches fiscales” anuales que promueve Hacienda, que ha circunscrito el avance político del país al ámbito de “una democracia electorera favorable a una oligarquía pequeña pero poderosa”.
Entrevistado tras la inauguración de la Sexta Semana Nacional de Transparencia, Núñez dijo que “ha habido coincidencias con el PRI, básicamente en lo concerniente al IVA, el impuesto especial a los depósitos en efectivo y a telecomunicaciones”. Destacó que persisten diferencias acerca de la consolidación fiscal, a pesar de que con la desaparición de los regímenes especiales se subsanaría el boquete de 350 mil millones de pesos que, según Hacienda, existe.
Señaló que ni PRI ni PAN quieren “cargar con los costos políticos” de imponer nuevos impuestos y les pidió “entrar al fondo del problema: vamos a gravar a quienes no pagan impuestos, ampliar la base de contribuyentes, reducir gastos superfluos y modificar cosas que en esta coyuntura es obligado hacerlo”.
En un comunicado, Ortega afirma que los gobernadores acordaron con Hacienda que, “a como diera lugar, no se iba a modificar la minuta”, y sus presiones tuvieron éxito. Sus negociaciones con el gobierno federal incluyen el tema electoral y las alianzas, “pero, sobre todo, reclaman dinero para utilizarlo en las campañas de 2010, que sólo pueden obtener mediante el alza de impuestos”.
El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Rogelio Cabrera, sostuvo que para determinar la carga fiscal se tendrían que “respetar los principios de solidaridad, racionalidad y equidad”. Recordó que, de acuerdo con los principios de la Iglesia, el objetivo final de las tasas impositivas debe ser “lograr una finanza pública capaz de ser instrumento de desarrollo y de solidaridad”.
El Colegio Nacional de Economistas llamó al Senado a “superar los estrechos marcos de la miscelánea fiscal” aprobada por los diputados, y solicitó que convoque a un nuevo pacto fiscal, “con visión de Estado”, que restituya las potestades tributarias de las entidades federativas.
David Colmenares Páramo, ex presidente y miembro de la directiva de ese colegio; José Alberto Aguilar Iñárruti, secretario de asuntos internacionales, y Gonzalo Núñez González, gerente de la institución, exigieron superar la etapa de aplicación de “parches fiscales” anuales que promueve Hacienda, que ha circunscrito el avance político del país al ámbito de “una democracia electorera favorable a una oligarquía pequeña pero poderosa”.
Elizabeth Velasco, Carolina Gómez y Juan Antonio Zúñiga, La Jornada, 28 de octubre.
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